La Justicia Federal aceptó el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner para ser querellante en la investigación de la causa sobre el ataque al Congreso de la Nación, cuando se debatía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La solicitud fue aceptada por la jueza María Eugenia Capuchetti, responsable de investigar los daños al edificio legislativo, a través del planteo formulado por la directora General de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort. Allí, se detalla que el pasado 10 de marzo de 2022, en el marco de la sesión en la Cámara de Diputados, "se concentró en la Plaza de los dos Congresos una amplia movilización de diversos sectores sociales en rechazo a dicho proyecto".
Todavía no se conoce cuál es el costo total de los daños causados durante la violenta protesta, ya que se espera que el cuerpo técnico del Congreso finalice el informe. Por el momento, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinó 11 millones de pesos para reparar los daños en la vía pública.
Acorde a lo que indica la causa, se investigan los destrozos totales que tuvo la construcción, es decir, no se indaga de manera particular en cada uno de los despachos. Además de la oficina de Cristina Kirchner, también fueron alcanzadas por las piedras las del jefe de bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans y la senadora Claudia Abdala.
"Pese a la mayoría pacífica que se manifestó libremente, pudo verificarse un grupo de personas que, apostados sobre la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, de forma coordinada, comenzaron un violento ataque sobre el Congreso de la Nación, específicamente sobre las ventanas que dieran al despacho de la Presidencia del Senado", sostiene el escrito presentado por Peñafort.
"En aquel momento, se encontraban tanto la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina E. Fernández de Kirchner, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el senador Oscar Parrilli y el diputado Máximo Kirchner entre otros colaboradores", precisa.
Además, el comunicado asegura que entre los ataques "se realizaron marcas con pintura roja sobre la zona", circunstancia que podría haber oficiado de señalización", y que el objetivo de los incidentes eran las oficinas mencionadas.
Calificación legal de los ataques al Congreso
Dentro de los apartados, el documento indica que puede sostenerse prima facie que las conductas realizadas podrían subsumirse dentro de los tipos penales de "daño agravado", "intimidación pública" y "tentativa de lesiones".
"Sin perjuicio del avance de la presente investigación y de la individualización de las personas que pudieran resultar autores, participes y/o instigadores de los hechos denunciados", agrega.
"Esto, siendo que los daños materiales, así como la integridad física de las personas que se encontraban en el despacho atacado resultan ser miembros integrantes del Poder Legislativo de la Nación en ejercicio de sus funciones", concluye el escrito.
La presentación de la Presidencia del Senado
FP cp
