La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realiza este martes 7 de abril una protesta a nivel nacional, que incluirá cortes de rutas y accesos en distintos puntos del país. La medida responde a la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar, desde el 9 de abril, el Salario Social Complementario de $78.000, un ingreso que, según la organización, dejará en situación de indigencia a cerca de un millón de personas.
Bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”, el espacio que reúne a cartoneros, trabajadores de comedores y cooperativistas buscan instalar una discusión pública frente al enfoque oficial sobre la economía popular.

“No somos beneficiarios de ningún plan, somos la clase trabajadora que se inventó el laburo donde ni el Estado ni el mercado supieron qué hacer”, afirmó en un comunicado difundido en redes sociales la organización referenciada en el diputado peronista Juan Grabois.
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La UTEP planteó que el reclamo excede el ingreso de los trabajadores informales y lo vinculó con la evolución del mercado laboral. De acuerdo con sus cálculos, la administración de Javier Milei “expulsó” a más de 300 mil trabajadores del empleo formal, quienes se volcaron hacia una economía popular que, según denunciaron, enfrenta un escenario de desfinanciamiento y sin mecanismos de contención.
La organización también apuntó contra el Ministerio de Capital Humano al señalar una presunta maniobra para “robarle el salario” a más de 900 mil trabajadores. Según indicaron, el desacople del Salario Social Complementario respecto del Salario Mínimo, Vital y Móvil provocó una pérdida significativa del poder adquisitivo.

Protestas, cortes y tensión por el protocolo antipiquetes
La convocatoria de este martes es un claro desafío al protocolo antipiquetes impuesto por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Las organizaciones sociales anticiparon una movilización masiva, con interrupciones en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en capitales provinciales.
En ese marco, la secretaria gremial Johana Duarte sostuvo que la medida adoptada por el ministerio que conduce Sandra Pettovello “atenta directamente contra los trabajadores más humildes y expresa la crueldad sin límites de este Gobierno nacional”.
La dirigente agregó: “Esto no solamente afecta a los trabajadores de la economía popular, que dejarán de percibir los $78.000, sino que es un golpe a los negocios y mercados de cercanías de las economías locales, porque esos $78.000 que dejan de ingresar en cada familia es lo que después el trabajador gasta en el kiosco del barrio, a diferencia del timbero de Toto Caputo, que usa la plata que le saca a los argentinos para la especulación financiera”.

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“Imagínense en una provincia del norte argentino como, por ejemplo, Chaco, donde hoy existen 45.000 trabajadores percibiendo este ingreso de $78.000, que son unos 3.510 mil millones que dejan de entrar y circular en la provincia”, explicó Duarte.
Y concluyó: “Es plata que los trabajadores dejarán de usar en los comercios locales y eso implicará una recesión local automática de 6 a 10% del consumo. Esto se traducirá en la suba de la pobreza en esta provincia de 8 a 15 puntos”.
NG / ff