Uno de los elementos clave con los que la Justicia federal impulsó la Causa Vialidad fue la denuncia que hizo el ex interventor del organismo durante el Gobierno macrista, Javier Iguacel.
No había terminado de desembarcar en Vialidad Nacional cuando corrían los primeros días del 2016. La gestión Cambiemos pasaba sus primeros días al frente de la Casa Rosada cuando el actual intendente de Capitán Sarmiento ordenaba la realización de una auditoria de las 51 obras viales que el Estado nacional le había adjudicado en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.
Para mitad de año ya se hablaba del resultado de ese estudio. Iguacel denunciaba por aquellos días los resultados del estudio y apuntaba contra el kirchnerismo: sobreprecios, favoritismo y cobros por adelantado o anticipos financieros, todos puntos que formaron parte del relato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en los alegatos que terminaron este lunes 22 de agosto.
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Como resultado de la auditoria, Iguacel contaba que "se iniciaba una obra por un monto de $150 millones y después se iban agregando cosas y se hacía un sobreprecio enorme". De esa manera buscaba denunciar las supuestas redeterminaciones de precios y ampliaciones de plazo.
"Obras que empezaban con $150 o $200 millones terminaban costando $3.000 millones", decía Iguacel. En esa línea, agregaba que "Santa Cruz fue la provincia que más obras viales tuvo, un 12% del total del país. El grupo de Báez tuvo el 80% de eso, con contratos por $ 20.000 millones, con sólo un 40% de las obras concluidas".
"El grupo de Báez siempre cobraba por adelantado, y en algunos casos se iban agregando cosas con grandes sobreprecios", añadía Iguacel en función del resultado del estudio que había presentado en la Justicia.
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El informe se presentó bajo el nombre “Gestión Integral de Obras Ejecutadas en el 23° Distrito Santa Cruz” y fue elaborado por la Unidad de Auditoria Interna de Vialidad. El periodo investigado era entre el 2003 y 2015, donde se señalaban supuestas delegaciones de funciones de Vialidad Nacional en la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) y concentración en empresas de Báez: Austral Construcciones, Kank y Costilla y Sucesión Adelmo Biancalani.
La declaración de una auditora
Como se mencionó, el estudio ordenado en 2016 por Iguacel fue realizado por la Unidad de Auditoría Interna de Vialidad. Una de las profesionales que trabajó en él fue Valeria Navaridas, cuya declaración se produjo en diciembre del 2020.
En el marco del juicio por la obra pública, la mujer contó que "existían debilidades en materia de control interno" pero que las "observaciones" en Santa Cruz "fueron de similar envergadura que en otros distritos", según consignó Ámbito Financiero.
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Al ampliar su declaración, la profesional señaló que había "un atraso en la rendición de cuentas por parte del Distrito y en la aprobación por parte de casa central” y marcó "faltas menores" como falencias en “caja chica, bancos, valores en garantía, valores de tercero, fondos de reparo y partidas a invertir”.
Iguacel y el "gato encerrado"
Tras conocerse el pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos que hizo Luciani hacia Cristina Kirchner, Iguacel salió a celebrarlo. "Es reconfortante cuando hay tanta tristeza en el país por todo lo que pasa, que se haya comprendido que lo que ocurre es por la corrupción", dijo en LN+.
A su vez, sobre el pedido de ampliación que el TOF N°2 le rechazó a la vicepresidenta, Iguacel lanzó una metáfora. "En el campo decimos que cuando el gato se encuentra encerrado dentro de la línea tira manotazos para destruir a todos los demás, esto no es más que eso, es una corporación que ha vivido en un sistema corrupto y esto es solo la punta de un iceberg de esa corrupción”, dijo.
Y, sobre el proceso judicial, cerró: “Hay que dejar que el curso de la Justicia continúe y no hacer lugar a esos intentos de llamar a la violencia y trabajar para darle alternativas a la gente”.
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