Ante la falta de respuesta a sus pedidos de audiencia por parte de las autoridades del ministerio de Defensa y de la ministra Nilda Garré, Cecilia Pando y un grupo de esposas de militares detenidos por delitos de lesa humanidad fueron hoy al Edificio del Libertador y se encadenaron en el hall de entrada para exigir la respuesta de una voz oficial a sus denuncias por maltratos a sus familiares en las cárceles comunes, donde esperan -algunos desde hace varios años- una decisión de la Justicia. Nunca imaginaron lo que iba a pasar.
Entraron por las escaleras del hall principal minutos después de las 8 de la mañana. Una vez adentro se pusieron pecheras de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), organización que encabeza Pando. Ahí fue cuando los oficiales de seguridad del Ministerio bloquearon todas las puertas y dejaron virtualmente presas al grupo de mujeres, ante su negativa de retirarse del lugar.
"Nos cerraron hasta los baños", dijo a Perfil.com Pando, a través de una rendija en la puerta giratoria de la entrada. Afuera del ministerio, otra de las esposas de militares que protestaban estaba encadenada afuera. "Llegué tarde y no pude ingresar", explicó.
Ante la imposibilidad de entrar al lugar y la de Pando de salir, la entrevista que sigue a continuación se hizo cara a cara, reja y puerta de por medio, pero por teléfono.
- ¿Por qué llegaron a encadenarse al ministerio?
- Como nunca respondieron nuestros pedidos de audiencia ni nos quisieron atender, decidimos venir a encadenarnos, porque de alguna forma tienen que saber lo que está sucediendo con gente que pertenece a la institución que están en cárceles comunes.
- ¿Qué piden?
- Estas personas combatieron en nombre de la institución y creemos que la institución no se puede lavar las manos, con todo lo que está sucediendo. Muchos de ellos llevan más de cuatro o cinco años con prisión preventiva, no les respetan la igualdad ante la ley, los acusan por hechos que no cometieron, ponen testigos falsos en los juicios, y queremos contar todo lo que están viviendo ellos como presos políticos.
- ¿Hasta cuando van a permanecer encadenadas?
- Nos vamos a quedar acá hasta que nos reciban. Si es necesario, pasaremos la noche acá. Son alrededor de 100 militares los que muerieron en cautiverio, no les brindan cobertura médica en los penales, por eso estas mujeres no quieren que el próximo sea su marido.
- ¿Qué tipo de vejaciones denuncian?
- No les reparten la medicación, el estado de las cárceles es mugriento, no sólo para ellos sino para todos los presos comunes. Los penales no están preparados para alojar a gente de 50 años. Marco Paz no está preparado para eso. Y los que murieron en cautiverio van de 50 a 65 años. En aquella época, ellos tenían apenas 25 años. A ellos los mandaron a combatir, no eligieron ir al frente, los mandaron.
- ¿Usted aprueba el juicio a Jorge Rafael Videla en Córdoba?
- Por supuesto, él fue responsable de haber implementado una metodología, por eso debe ser juzgado y condenado; pero de ahí para abajo, no. En qué país del mundo pasa que un oficial tenga que rendir cuentas por una orden que le dio un superior, solamente acá en Argentina.
La insólita situación terminó pasadas las 20, cuando se hizo presente en el hall del Edificio Libertador un funcionario que leyó al grupo de mujeres encabezado por Pando una intimación firmada por el juez Canicoba Corral para que abandonen el lugar. El Ministerio de Defensa había hecho, horas antes, la denuncia judicial respectiva. El grupo acató la resolución del magistrado y dejó la cartera de Nilda Garré.