Perfil de Manuel García Mansilla, el abogado elegido para reemplazar a Maqueda en la Corte Suprema
Junto al juez federal Ariel Lijo, fue propuesto para ingresar al máximo tribunal de justicia. Es decano y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Su postura sobre la interrupción del embarazo.
Manuel García Mansilla |
Cedoc Perfil
El abogado constitucionalista y catedrático Manuel José García-Mansilla fue propuesto este miércoles por el presidente Javier Milei para ocupar, a partir de diciembre, la vacante que dejará Juan Carlos Maqueda en la Corte Suprema. Junto a él, el Gobierno postuló al juez Ariel Lijo en reemplazo de Elena Highton de Nolasco, tras su salida del máximo tribunal el 1° de noviembre del año 2021.
“Quiero agradecer al presidente de la Nación por la honrosa distinción que me hace al nominarme para el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En caso de ser debidamente nombrado, asumiré el compromiso de desempeñar mis obligaciones como juez, de forma recta e imparcial, sin distinción de persona alguna, respetando siempre la Constitución Nacional”, remarcó García-Mansilla.
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De perfil académico, el cual incluso fue destacado en el comunicado donde se anunciaba su postulación, García-Mansilla, de 53 años y oriundo de Bariloche, es el actual decano de la Universidad Austral. El letrado se especializa en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario. En ese sentido, cuenta con una trayectoria en la negociación de contratos de hidrocarburo, desempeñándose desde 2014 como el director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (Ceph).
Portador de un apellido de prosapia histórica, el “García” de su apellido fue José, ministro durante la presidencia de Bernardino Rivadavia; el “Mansilla” proviene de Lucio N. Mansilla, héroe de la Batalla de Vuelta de Obligado en 1845. En su currículum se desparraman post grados, masters y trabajos sobre la Constitución Nacional, la exploración y producción de hidrocarburos, “Litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, el “asesoramiento y participación en licitación de áreas provinciales de hidrocarburos” y “de empresas locales e internacionales en cuestiones relacionadas con el derecho público, derecho de la energía y el derecho comercial”.
Comunicado donde se informó el nombramiento de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo.
En cuanto a su formación académica, se graduó en la Universidad Austral. Luego, cursó un posgrado en Derecho Constitucional estadounidense y en Derecho Comparado, se formó en la Georgetown Law University y es Doctor en Derecho Constitucional por la Austral.
En el ámbito profesional, comenzó a ejercer la abogacía en 1996. A lo largo de su carrera, trabajó en el estudio Marval, O’Farrell & Mairal y pasó también por el estudio Liendo & Castiñeyras Abogados, de Horacio Liendo, exsecretario de Coordinación del Ministerio de Economía durante la gestión de Carlos Menem. Actualmente, es socio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Sus críticas al juicio político contra la Corte y el apoyo hacia la designación de Rosenkrantz y Rosatti
García-Mansilla no es desconocido para los otros miembros de la Corte Suprema. En esa línea, el vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, provino de la Universidad Austral también. De hecho, cuando García-Mansilla recibió el doctorado en esa casa de altos estudios, el cortesano fue uno de los jurados que lo evaluó.
Sumado a esto, adhirió con su firma a la candidatura de Rosenkrantz para la Corte Suprema en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri. También tiene buen vínculo con Horacio Rosatti. Al respecto, en 2015, avaló desde el punto de vista constitucional la designación por decreto de Rosatti y Rosenkrantz como ministros del máximo tribunal de Justicia.
Manuel José García-Mansilla apoyó el nombramiento por decreto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz durante la gestión de Mauricio Macri.
Asimismo, en el pasado reciente, se convirtió en un crítico del proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema que intentó el kirchnerismo en diputados el año pasado, plasmando su opinión a través de sus columnas de opinión y análisis en medios de comunicación y portales. Los jueces del alto tribunal “vienen sufriendo los reiterados intentos del actual oficialismo de cooptar el Poder Judicial, con el riesgo de arrastrarnos a padecer un régimen de hecho y no uno de derecho”, consideró en aquel entonces.
“Sobran razones para esa actitud en defensa de nuestras instituciones. Por un lado, por lo cuestionable que fueron tanto el procedimiento en sí en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados (plagado de anomalías), como por lo endeble de las acusaciones intentadas contra los jueces (en particular las que se refieren a las sentencias del tribunal cuyo contenido molestaban al gobierno)”, escribió en uno de esos artículos.
El letrado se proclama, además, ferviente defensor de la independencia de los poderes de la Constitución. “La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares centrales que sostiene todo nuestro edificio constitucional. Al igual que ocurre con los demás principios fundamentales de nuestro sistema constitucional, hemos adoptado esa especial concepción del Poder Judicial por la notable influencia que la Constitución de los Estados Unidos tuvo en nuestros constituyentes” sostuvo en el pasado.
Justamente su tesis doctoral se basó sobre la independencia de los jueces y la condición de último intérprete de la letra de la ley. El trabajo se tituló “El origen del control judicial de constitucionalidad en Estados Unidos y el mito de Marbury v. Madison”, un caso de principios del 1800 en que la Corte estadounidense estuvo llamada a dirimir un conflicto político montado en un cambio de signo político en el gobierno.
Católico practicante y su postura en contra del aborto legal
También comparte la posición del presidente Javier Milei en cuanto al aborto, siendo que ambos proclamaron públicamente estar en contra de su legalización. La postura compartida y la designación encuentra coincidencias con la medida que realizó el expresidente Donald Trump, nombrando a tres jueces en la Corte Suprema norteamericana (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett) que en 2022 votaron a favor de la anulación del fallo Roe vs. Wade, que garantizaba el derecho constitucional de la mujer al aborto
A raíz de su pensamiento, García-Mansilla fue expositor en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso en 2019, cuando se dio el debate por primera vez. En esa oportunidad, plasmó que defiende el derecho a la vida desde la concepción, por lo que considera que el aborto es un delito.
Tanto el presidente como el letrado tienen una fuerte postura en contra del aborto legal.
“El aborto es un delito, que tiene algunas causales de no puniblidad en el Código Penal, pero a pesar de eso los artículos 5 y 6 de la ley pretenden garantizar el aborto como si hoy fuera un derecho, pero ese supuesto derecho al aborto no existe, no está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas”, expresó durante su exposición.
"Las posturas que defienden la legalización del aborto suelen ignorar que las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y Buenos Aires también confirmaron que es inconstitucional. Si los mejores expertos critican tanto el proyecto de ley, ¿en qué se basan los que lo defienden? En fuentes secundarias del derecho internacional que presentan como obligatorias cuando realmente no lo son", argumentó además en una columna de opinión.
Católico practicante, García-Mansilla también denunció en el pasado que muchas de las posturas a favor del aborto denotan un "marcado tinte anticlerical". "El problema de ese sesgo no es que los defensores del aborto contradigan lo que pueda decir alguna religión: eso es irrelevante para el debate constitucional. Pero pierden de vista que quienes no opinan como ellos se basan en argumentos técnicos y no religiosos", precisó en el mismo artículo.
"Ese prejuicio no solo les impide encarar un intercambio productivo para enriquecer sus opiniones, sino que les da una falsa sensación de superioridad moral (que no es tal) al dar por sentado que el que se opone lo hace por una creencia irracional. Y tildar de religioso, católico o confesional no alcanza para rebatir los argumentos técnicos de quienes sostienen opiniones jurídicas contrarias. Se requiere un esfuerzo técnico adicional que no se hace", expresó.
