La sala I del Tribunal de Apelaciones de la Cámara Federal porteña comenzará a revisar el próximo 23 de noviembre los procesamientos de Jonathan Morel y el resto de los integrantes de Revolución Federal, acusados de armar una "asociación ilícita" en la causa que se desprende de la investigación del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Se trata de los procesamientos sin prisión preventiva dictados por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi contra el referente de la agrupación, Sabrina Basile, Leonardo Sosa y Gastón Guerra. El magistrado consideró que existe prueba para considerar que habrían formado presuntamente una asociación ilícita para imponer sus ideas o "combatir las ajenas por la fuerza o el temor".
El juez sostuvo que podían ser procesados debido a que sus comportamientos no encuadran en la protección constitucional a los derechos de protesta y libre expresión de ideas. Luego, fueron excarcelados por la Cámara Federal al estimar que no existía riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación.
Las defensas de los cuatro imputados apelaron esta decisión, y la misma será revisada por la mencionada sala del Tribunal de Apelaciones, compuesta por Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia.
Los camaristas convocaron a las partes pero aún no está definido si la audiencia será presencial o por vía remota. Sin embargo, el abogado Nilo Medina, que defiende a Morel, alegará por Zoom, mientras que la de la hija de Alfio "Coco" Basile, en manos de Gustavo Romano Duffau, presentará “breves notas” por escrito.
Por su parte, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que se lleven a cabo allanamientos para esclarecer el vínculo entre el referente de Revolución Federal y Caputo Hermanos, en la causa que se desprende del falido atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre pasado frente a su residencia en Recoleta.
El requerimiento presentado al juez Martínez de Giorgi busca saber si esa empresa financió las actividades de del grupo o si efectivamente lo contrató para trabajos de carpintería realizados para un edificio construido en Neuquén, como fue declarado ante la Justicia.
Según el procesamiento dictado en primera instancia, los integrantes de Revolución Federal “atentaron contra el orden público y ocasionaron un claro perjuicio a los bienes jurídicos de la paz social y la tranquilidad pública necesarios para el funcionamiento de un Estado de Derecho".
"Generar daños en el vehículo en que se transporta un ministro, amenazar de muerte a una funcionaria de la actual gestión de Gobierno, obstaculizar la realización de actos gubernamentales", quedan por fuera de los derechos de libertad de expresión y protesta, había indicado el magistrado
El abogado de Jonathan Morel le pidió a Alberto Fernández una "rectificación pública"
“Tanto por redes sociales como en las calles, realizaron actos y emitieron expresiones tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio, constituyéndose así en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio", concluyó.
Además, el juez a cargo del caso les trabó embargos a los cuatro sospechosos hasta cubrir la suma de nueve millones de pesos.
