Lo aceptan como “diferencias de criterio”, pero por lo bajo circula la versión de que se trata de otra interna entre las diferentes alas del Gobierno. Este jueves, el Senado vota un proyecto para suspender por 180 días la conformación de la Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), una idea que impulsa el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, apoyado en el kirchnerismo. Desde el Gobierno, sin embargo, hay sectores que siguen defendiendo a este tipo de empresas que impulsó el gobierno de Mauricio Macri. Cerca del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, no solo quieren que sigan existiendo, sino que dependencias oficiales las contratan habitualmente, como lo demuestran licitaciones del Boletín Oficial.
Un caso fue noticia hace pocas semana. La firma argentina que logró, en asociación con el Conicet, desarrollar un kit para testeos rápidos de Covid-19 es una SAS. Se trata de Neokit SAS y consiguió producir un test que en menos de dos horas te permite saber si una persona está contagiada o no. ¿Se hubiese formado la empresa de no existir este mecanismo? Difícil saberlo, pero en los papeles el objetivo de la SAS es facilitar, agilizar y, sobre todo, abaratar los costos para poner en marcha una empresa.
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Oscar Parrilli es quien presentó el proyecto de ley que busca suspender el sistema que se creó en 2017 luego de la sanción de la ley del emprendedor con el apoyo de todos los bloques en el Congreso. El argumento del senador kirchnerista es que las SAS permitieron "una catarata de inscripciones que no tienen que ver con la actividad de los emprendedores". "Tenían un capital social irrisorio, un objeto social vago y general, no había garantías de respaldo o funcionamiento, ausencia de legalidad, no tenían obligación de presentar balances ante la IGJ y hasta podían hacer oferta pública de sus acciones", planteó el neuquino, además de considerar que pueden ser utilizadas para “fraudes”, como el blanqueo de dinero.
Otros sectores del Gobierno no están de acuerdo con el cambio. Jefatura de Gabinete, a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), es quien hoy controla la base de datos con las inscripciones. Desarrollo Productivo, en tanto, es la encargado de administrar el registro de emprendedores (RICE, Registro de Instituciones de Capital Emprendedor) y de promover políticas activas para su desarrollo.
El proyecto de Parrilli establece que esas bases de datos deben salir de la órbita de la Rosada y pasar a la IGJ o los registros provinciales, según sea el caso. “Se dispondrá el traspaso inmediato del registro digital de SAS administrado por el GDE al libro o libros de registro que disponga la autoridad de control, sea la Inspección General de Justicia de la Nación o los Registros Públicos del interior del país, bajo su administración, control y mantenimiento exclusivo”, detalla el texto. Además, prevé que las nuevas inscripciones deberán ser "exclusivamente en formato papel" y ya no más digital.
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Esos aspectos, despertaron suspicacias en diferentes sectores de la dirigencia política y empresarial y dieron rienda suelta a los rumores de que lo que hay de fondo es una pelea por el control de esa base de datos (donde están los registros de las empresas) entre diferentes sectores del Frente de Todos. Nissen, recuerdan, es abogado de Máximo y Florencia Kirchner en la causa Hotesur. Desde el Gobierno minimizan la cuestión y niegan que sea una interna. "Es una diferencia de criterio en torno al uso de una herramienta, algunos la consideran útil, otros no tanto", aseguran fuentes gubernamentales.
"La figura de las SAS es recomendada por la OEA y otros organismos internacionales para dinamizar el capital emprendedor y la creación de empleo", explica la abogada Silvina Martínez, quien tiene antecedentes en la IGJ. “Esto es algo exclusivo de Cristina, Parrilli y Nissen, las sociedades offshores mundialmente se las reconoce como empresas que pueden ser para el lavado de dinero o fraude, pero a las SAS no”, describe. Las 27 mil SAS que se crearon desde 2017 permitieron crear, se estima, unos 47 mil puestas de trabajo. Martínez también agrega que “en el país no hay antecedentes de que se hayan utilizado para cometer delitos, y el propio gobierno las contrata. Hay cientos de SAS en el registro de proveedores del Estado”.
Hace apenas un mes, solo para tomar un ejemplo, el Ministerio de Defensa adjudicó a Nex Level Solutions SAS la contratación directa de computadoras portátiles para “tele-trabajo por emergencia sanitaria”. “Según los lineamientos de la IGJ y de Parrilli sería una empresa fraudulenta y el Estado estaría contratando esta empresa para cometer fraude”, resume Martínez.
GZ/MC
