En los últimos cinco años la agenda feminista se instala fuertemente en las instituciones educativas profundizando un proceso de políticas de género el cual ya había comenzado décadas anteriores con la creación de programas y centros de estudios de mujeres, lo que produjo una proliferación de investigaciones empíricas, artículos científicos y tesis sobre la temática. Recientemente, las feministas universitarias a través del trabajo político y en articulación con las redes del movimiento de mujeres y feminista a nivel local y nacional, se constituyeron como un actor fundamental de un proceso donde la agenda de la violencia de género protagoniza esta segunda etapa de transformaciones sustantivas dentro del sistema universitario.
Cambios. La Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias lanzada en el año 2015 en la Universidad Nacional de San Martín con la participación de más de 20 universidades, facultades e institutos, ha sido un hito de esta segunda etapa de transformación en las universidades. Con el objetivo de intervenir sobre la discriminación y violencia de género dentro de las casas de estudio se fue consolidando un protagonismo de la militancia feminista universitaria que hoy en día tiene resultados que trascienden estos objetivos primarios. En el año 2018 la Red logró incorporarse al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para discutir políticas de género en las políticas universitarias y promover un sistema universitario con mayor igualdad y menos discriminación y violencias.
En 2019 la coordinación ejecutiva de la RUGE realizó un primer diagnóstico sobre las políticas de género en las universidades mostrando que en cinco años el crecimiento ha sido exponencial. A tal punto que, hoy en día el 73,8% de las instituciones universitarias cuentan con protocolos de actuación ante situaciones de violencia de género y/o discriminación sexual, mientras que el resto se encuentra en proceso de elaboración y/o aprobación. Por otro lado, el 60% de las universidades poseen espacios de género institucionalizados que aplican los protocolos en diferentes formatos tales como, secretarías, direcciones, comisiones y programas.
A partir de la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional en mayo de ese año a la Ley 27.499, denominada “ley Micaela” hasta el momento, el 81,9% de las instituciones universitarias ya adhirieron a la ley.
Por otro lado, el 47,5% de las universidades ya comenzaron a realizar las capacitaciones que prevé la ley, de las cuales el 31% ya lo hizo con sus autoridades; el 27% con el claustro no docente y 21% con los claustros docentes y estudiantil.
En el caso de la Universidad Nacional de San Martín, el Consejo Superior adhirió a la Ley por unanimidad en mayo del año pasado. Durante los meses de agosto y septiembre se realizaron las capacitaciones a las autoridades y entre octubre y noviembre al claustro no docente. Además, en lo que va de este año se iniciaron las capacitaciones a los estudiantes ingresantes. Se hizo un relevamiento post capacitación para evaluar el impacto, el grado de satisfacción de las capacitaciones y los temas que surgieron de interés para las autoridades siendo el protocolo y el modelo de atención, las formas de transversalizar el género en la universidad y el problema de las desigualdades de género los de mayor relevancia.
La Unsam ya capacitó 46 autoridades, entre las que se incluyen rector, vicerrector, secretarios/as, gerentes/as, decanos/as y consejeros/as de los tres claustros: docente, no docente y estudiantil. En relación con la capacitación con el claustro no docente, hasta el momento se realizó a 120 trabajadores y trabajadoras de la universidad de diferentes áreas. Respecto al claustro estudiantil fueron capacitados 700 ingresantes y se estima para finales de marzo haber capacitado a un total de 1600 estudiantes. Durante 2020 se continuará capacitando a los distintos claustros y a los equipos de gestión de las unidades académicas.
Respecto del balance que se puede realizar de esta primera etapa de capacitaciones es, por un lado, que ha servido para sensibilizar sobre las problemáticas de la desigualdad estructural de género y los problemas concretos del acoso sexual, la violencia simbólica y las discriminaciones por razones de identidad de género y/o sexual. Por otro lado, profundizó el conocimiento del procedimiento del protocolo, el modelo de atención y las formas de resolución, tanto disciplinarias como preventivas y pedagógicas. Asimismo, se construyen agendas de trabajo con las diferentes áreas para poder fortalecer los espacios que aún quedan pendientes en la universidad.
*Dirección de Género y Diversidad Sexual Unsam Coordinación Ejecutiva RUGE .
Ley Micaela en la UNRN
Juan Carlos Del Bello*
Desde hace un poco más de tres años, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) ha establecido como política institucional la erradicación de la violencia basada en el género. En ese marco, hemos elaborado diversas normas, implementado acciones tendientes a la erradicación de la violencia de género e impulsando espacios específicos dentro de la universidad para hacer efectivos estos objetivos. La primera actividad del año sobre la Ley Micaela realizada a fines de febrero, fortaleció el impulso de nuestra institución en pos de consolidar una universidad amplia, pluralista, que no acepta ni violencia ni discriminaciones basadas en el género.
La UNRN –una de las diez primeras universidades nacionales en hacerlo– adhirió en abril de 2019 a la Ley N° 27.499, “ley Micaela”, que obliga a capacitarse en la temática de género y violencia contra las mujeres a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. Esa norma indica que las máximas autoridades de los organismos, “con la colaboración de sus áreas y programas de género, son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones, debiendo regirse por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al respecto los organismos de monitoreo de las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país; y que las personas que se negaren sin justa causa, previo trámite de ley, serán pasibles de sanción disciplinaria por falta grave.
Con esta primera iniciativa, la UNRN hace efectiva su política institucional en pos de la erradicación de la violencia de género en el ámbito de la universidad y cumple con las recomendaciones realizadas por el Consejo Interuniversitario Nacional tendientes a la creación y el fortalecimiento de los protocolos de actuación ante situaciones de violencia de género que tuvieren lugar entre integrantes de las comunidades universitarias.
*Rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
