La agenda educativa argentina incluye a la formación de los docentes como una actividad de incidencia decisiva en el avance del sistema escolar. Discursivamente su centralidad es reconocida y aun en un marco de disidencias políticas y conceptuales sobre los sentidos y contenidos de dicha formación, se le asigna un valor de preeminencia por sobre otros componentes de una política educativa. Los hechos derivados de estos discursos, no siempre reafirman este acuerdo tácito, en particular, cuando se trata de las decisiones referidas a la formación continua y a su impacto en las prácticas de enseñanza o de gestión. Tal vez la mayor dificultad radique en vincular de manera efectiva los para qué y los cómo de la formación continua, con las escuelas. La vigente Ley de Educación Nacional articula ese vínculo poniendo en valor la formación en servicio: establece la posibilidad de formarse en los espacios laborales junto a los pares revisando el hacer cotidiano, y responsabiliza al Estado en la generación de condiciones para que esto ocurra de la manera más potente posible.
Esta definición regulada en la ley representa un avance significativo que marca un rumbo claro. Cabe entonces la pregunta: ¿se cumple lo establecido? Parcialmente, la drástica reducción del Presupuesto Nacional Educativo ha debilitado sensiblemente el incipiente proceso de institucionalización de la formación en servicio. En paralelo, el lugar otorgado a la formación para las áreas denominadas prioritarias (lengua y matemática) coloca en un segundo plano las posibilidades de acceso a la formación permanente en el resto de las disciplinas escolares o bien en saberes pedagógicos que hacen a una mejor comprensión de la dinámica interna de las instituciones educativas. Por lo tanto, en el plano de lo real no todos los docentes tienen las mismas posibilidades de acceder a formaciones de calidad, gratuitas, que necesiten o les interesen para mejorar y fortalecer el ejercicio de su tarea.
Poner en foco. La práctica profesional es un objeto de estudio que puede y debe ser revisado y enriquecido de manera constante por los docentes y sus formadores; de esta acción depende en gran medida el fortalecimiento progresivo de los desempeños que se ponen en foco. No es posible una mejora sustantiva de los aprendizajes sin docentes formados en la reflexión sistemática de su práctica no solo en el campo de la disciplina o el nivel para el que se formaron sino además, en la manera de abordar pedagógicamente el aula y sus complejidades.
Seguramente es menos oneroso para un Estado sostener esquemas de formación basados en la compensación de los déficits que quedan expuestos de manera indirecta, por ejemplo, a partir de los resultados de las evaluaciones estandarizadas. En este caso, si la lectura se realiza desde la perspectiva de que todo problema escolar es factible de ser abordado desde una acción de capacitación es altamente probable que se opte por programas que respondan a concepciones y metodologías aptas para ser consumidas por cualquier tipo de usuario en cualquier contexto. La pregunta en este caso sería, ¿cuánto aporta una opción de estas características a pensar y resolver los problemas escolares y educativos sobre los cuales directivos y docentes tienen una responsabilidad pedagógica que es pública y por la que son valorados socialmente?
Si asumimos que aprender a trabajar de docente es una experiencia individual y colectiva que se termina de reconfigurar en el transcurrir de la experiencia laboral; si reconocemos que renovar periódicamente la formación disciplinar es tan necesaria como repensar los problemas sociales que ingresan al aula portados por los estudiantes. Si consideramos que un ciudadano de este siglo tendrá que ser capaz de interactuar y posicionarse con lo diverso, las tecnologías, los problemas ambientales, o las desigualdades de todo orden que marcan el mundo en que vivimos, la formación continua en su escala, organización y contenidos no puede ser la resultante de una decisión opcional del gobernante habilitada o no, de manera excluyente, por sus prioridades y los recursos de los que dispone.
Formación continua. Aunque parezca una obviedad, es necesario cumplir la ley y avanzar en la institucionalización de la formación continua de los docentes abandonando el cortoplacismo, visualizando en las coyunturas el mediano plazo, buscando los consensos necesarios para la definición de una agenda estratégica.
Los Institutos de Formación Docente y las Universidades son parte de un sistema formador nacional que intenta caminar no sin sobresaltos, junto a las instituciones educativas. Parte de ese andar lo desarrolla brindando ofertas de posgrado y en proyectos de extensión al conjunto de la docencia del país. Sin embargo, el acceso a las mismas sigue siendo restrictivo por razones presupuestarias, el tipo de ofertas disponibles, la localización territorial de la demanda, el reconocimiento de estas formaciones dentro de la carrera docente en cada jurisdicción, entre otras causas. A su vez los Institutos y las Universidades no cuentan con una tradición sólida de vinculación entre sí y con los niveles educativos para los que forman, hecho que se traduce en fragmentadas experiencias de trabajo conjunto a nivel local o regional.
Se trata entonces de diseñar un nuevo escenario que articule e integre a todos los niveles del sistema de educación obligatoria con los ámbitos de la educación superior en donde se forman y actualizan los docentes.
La institucionalización de la formación continua requiere un esfuerzo sistémico que trasforme las acciones particulares en una política pública. Aquí la presencia de Estado es la única capaz de sustituir una concepción de gestión por programas y direccionar la interacción de las instituciones formadoras hacia lo que tienen como horizonte común: formar docentes para la educación pública.
El desafío que se impone en definitiva, es reconocer que las instituciones formadoras provinciales o universitarias al incidir en la práctica profesional de los docentes en sus ámbitos laborales también lo hacen en sus propias teorías y prácticas, en tanto acrecientan el saber acerca de la escuela, insumo fundamental para la formación docente inicial.
Números alarmantes
En 2018, se registra un dato alarmante para la formación docente permanente: 24 mil docentes menos en formaciones de posgrado. El Instituto Nacional de Formación Docente (Infod) tiene un tercio de los recursos en 2019 de los que tuvo en 2016. La función del Estado nacional es estratégica en el sistema educativo y, mucho más, en el sistema formador de docentes. La institucionalidad para garantizar esta función ya existe: es el Infod, la Red Federal de Formación Docente, los Institutos Superiores de Formación Docentes (790 estatales y 590 privados) y las trescientas carreras universitarias destinadas a la formación para la enseñanza obligatoria. Es necesario fortalecer a este sistema formador a partir de jerarquizar a su conducción y elevar el financiamiento.
*Secretaria Académica de UNIPE (Universidad Pedagógica Nacional).
