Durante los últimos años, según diversas encuestas, ni la corrupción ni la calidad de las instituciones democráticas fueron una preocupación dominante en la opinión pública ni en el electorado. Algunas de las encuestas más reconocidas marcaban hasta hace pocas semanas que ni siquiera había una percepción de que en el Gobierno hubiera corrupción en un grado relevante. Es decir, no se percibía un problema grave de corrupción, ni, por lo tanto, preocupaba.
Entonces apareció Fariña. La investigación de Jorge Lanata unió testimonios que contaban un circuito completo de corrupción, un circuito que muchas veces había sido denunciado por diversas investigaciones periodísticas. El impacto del informe periodístico llevó al centro de la escena un tema hasta entonces menor en las preocupaciones de la sociedad. En la marcha del 18 de abril la corrupción pasó a ser un asunto central. No parece que lo haya sido en este grado en oportunidades anteriores.
¿Es posible que estemos ante un punto de inflexión? ¿Es posible que lo que hasta ahora no importaba, por algún alineamiento de factores, haya empezado a importar? ¿Es posible que la independencia de la Justicia y la transparencia en el manejo de los fondos públicos se vuelvan un tema de la agenda política y, eventualmente, un factor decisivo en las elecciones legislativas de este año?
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Es posible. Pasó con Carlos Menem. La falta de independencia judicial, el malestar con la corrupción y la demanda de transparencia se volvieron factores diferenciales que ayudaron a crear las identidades políticas que derrotaron al Partido Justicialista en 1997 y 1999. Pero la experiencia de gobierno de la Alianza, que reprodujo prácticas corruptas y fracasó con terribles consecuencias sociales e institucionales, aún nos ofrece lecciones.
Es posible, entonces, que este hartazgo con una reforma de instituciones de gobierno del Poder Judicial, la percepción de favoritismos y las sospechas de desvíos de dinero y lavado, de algún modo aglutine a la oposición y le permita imaginar una derrota del oficialismo este año. Posible, no seguro, ni siquiera deseable. Un triunfo de un aglutinamiento opositor basado sobre la demanda de calidad institucional que no lograra luego plasmarse en verdaderos cambios en las prácticas políticas, en las políticas públicas y en el funcionamiento real de las instituciones, sería un nuevo fracaso. La historia política argentina reciente evidencia que la corrupción es un problema sistémico. Sus soluciones, por lo tanto, también lo son.
Garantizar mecanismos de control eficaces, una justicia aceptablemente independiente y transparente, pluralidad y diversidad de opiniones e informaciones en los medios son condiciones para reducir la corrupción y para una mejor democracia en general. De ninguna manera se lograrán sin una base amplia de consenso. Los recursos de poder que da la corrupción y el dominio de la Justicia, cuando no tienen costos, se utilizan al máximo, sin que sus usuarios, los gobernantes, vean una razón para limitarlos. Renunciar a estas capacidades extraordinarias que dan la arbitrariedad y la impunidad es un ejercicio de autolimitación, de moderación, que solamente puede ser eficaz con los controles cruzados de un amplio pluralismo.
Este consenso es necesario no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial. La influencia política en lo judicial, la falta de mecanismos de control de la gestión y de prensa independiente es moneda común en buena parte de las provincias argentinas. Un verdadero cambio requerirá también penetrar esos niveles de administración. Sin un consenso de largo plazo, plural y federal, para garantizar el cambio, el próximo ganador de las elecciones presidenciales se encontrará con los mismos recursos de gobernabilidad que provienen del abuso de los fondos y de la autoridad públicos, y, sin dudas, los usará.
