Para fines de este año, el Gobierno pretende tener lista la ley de asociación público-privada (APP) que le permitirá, según sus cálculos, cuando esté en vigor y en plena utilización, obtener financiamiento adicional para obras por US$ 40 mil millones.
Horacio Reyser, el asesor del presidente Mauricio Macri para inversiones extranjeras, detalló ayer que el proyecto, que está en discusión en el Congreso, abrirá las puertas a un nuevo esquema de obras públicas para los sectores de infraestructura ferroviaria, salud, tecnología de conectividad, puertos secos, entre otros. Las APP son esquemas según los cuales, previa licitación, los privados realizan una obra de infraestructura definida por un gobierno, buscan financiamiento y le cobran al Estado una vez concluida la construcción.
“Cuando el sistema esté en régimen, esperemos que haya un flujo de proyectos de entre US$ 30 mil y US$ 40 mil millones, que será financiamiento adicional al que tenga asignaciones presupuestarias. En Colombia, es de US$ 30 mil millones”, explicó el funcionario.
Esta semana, el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, se reunió en el Senado con legisladores, directivos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento, con los sindicatos de la construcción, con empresarios y gobernadores, para recoger opiniones y dar impulso a la iniciativa.
“La clave para que funcione va a estar en cómo estén diseñados los planes de prefactibillidad de los proyectos; hay demanda de provincias que tienen parados proyectos porque no encuentran esquemas de financiamiento adecuados”, dijo Reyser. El financiamiento y la fórmula de repago son centrales para estos esquemas, que según el funcionario fueron la clave del despegue económico y de inversiones en Perú, Colombia y México, este último en los años 80/90.
Como el Estado paga bajo este sistema al finalizar las obras, en plazos que exceden largamente los diez años posteriores a las obras, el esquema de contingencias judiciales es relevante, incluso a la sombra de lo que fueron los juicios contra el país a nivel del Ciadi después del default de 2001. “La ley marco, a la cual deberán adherirse las provincias, se regirá por la ley argentina, pero faculta a arbitrajes en foros que pueden ser internacionales, pero acerca de la ley argentina. El Ciadi es una instancia cuando se denuncia la violación de un tratado de inversiones”, precisó Reyser.
El sector privado se prepara para el instrumento, y ayer la Cámara Argentina de la Construcción debatió sus posibilidades en un seminario con funcionarios del oficialismo.
