Hubo 111 abortos legales en Chile en los 6 primeros meses de la ley
Cifras oficiales indican que se practicaron 50 abortos por riesgo de vida de la madre, 35 por inviabilidad fetal, y 26 porque hubo violación
La ley de aborto fue aprobada en octubre. |
Emol
Seis meses después de la promulgación de la ley de aborto en tres causales, Chile registró 111 casos de interrupción voluntaria del embarazo en centros de salud públicos, según los datos oficiales difundidos este domingo. La norma, que permite el aborto en caso de riesgo de vida de la madre, malformación del feto y violación, fue aprobada durante el gobierno de Michelle Bachelet sacando a Chile de la ínfima lista de países que a nivel global impiden la interrupción del embarazo en todos los casos.
Del total de los abortos realizados en el sector público "50 corresponden a la primera causal de riesgo de vida de la madre, 35 a la segunda, inviabilidad fetal, y 26 a la tercera, que es violación", informó CNN Chile citando información proporcionada por el Ministerio de Salud. En otros 12 casos las mujeres solicitaron el aborto pero durante el trámite decidieron continuar con el embarazo.
Pese a que no hay datos certeros de cuántos abortos al año se realizaban en Chile antes de la nueva legislación, un estudio de 2014 publicado en la revista de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología aseguraba que las interrupciones voluntarias del embarazo promediaban los 15.000 casos.
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La ley que despenalizó el embarazo en Chile fue promulgada el 23 de septiembre de 2017 y en febrero pasado fue aprobado el protocolo para la aplicación de la normativa, ambos durante el gobierno centroizquierdista de Michelle Bachelet.
La semana pasada, el gobierno de Sebastián Piñera modificó el protocolo de aplicación facilitando el camino para que instituciones privadasapelen a la "objeción de conciencia" para no practicar el aborto. Con el anterior protocolo, el Estado rescindía los convenios pactados con la institución que apelara a la objeción de conciencia para no practicar abortos.
El cambio al protocolo fue calificado como un boicot a la norma por parte de activistas por los derechos de las mujeres y por figuras del anterior gobierno. La norma, que superó años de polémica en el Congreso y que contó con la férrea defensa de la socialista Bachelet, establecía como "personal" la objeción de conciencia, pero el Tribunal Constitucional -tras una petición de revisión por parte de legisladores conservadores- la amplió a instituciones.
