La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Poder Ejecutivo, quedó en la mira de la Justicia por su rol en causas sensibles. El fiscal federal Federico Delgado cuestionó el aporte que hizo esa repartición oficial en las causas que instruye su fiscalía y expuso así la tensión que crece entre la UIF y un grupo de jueces y fiscales por las demoras en la entrega de la información y la diferencia de profundidad y extensión entre los informes referidos a personajes del kirchnerismo y a los del gobierno actual.
Delgado es el primer funcionario de la Justicia que deja por escrito sus críticas y las comunica a su superior, Alejandra Gils Carbó. El fiscal reprochó las demoras de la UIF en al menos siete causas que pasaron por su fiscalía, entre las cuales figuran Panamá Papers y hasta casos de drogas. Así lo revela la nota a la que accedió PERFIL. Este medio también tuvo acceso a cuatro informes del organismo en distintas causas en las que se observan claras diferencias entre la información aportada en causas de la corrupción K y en expedientes contra Mauricio Macri y Gustavo Arribas.
El fiscal hizo hincapié en los “cinco meses” que hubo que esperar en la causa Panamá Papers para “obtener la escasa información” que aportó la UIF y que “no se pudo acumular como prueba”. No sólo se quejó de las demoras en Panamá Papers. También señaló que en la causa contra el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, se le solicitó a la UIF que con la “mayor brevedad posible” se informara si había reportes que vincularan al titular de inteligencia con el Lava Jato. “El 2 de febrero la UIF dio una repuesta parcial a lo solicitado. Respondió que no podía enviarla en virtud del secreto establecido en la ley de sinceramiento fiscal. Es decir: aportaron algo de información pero el juez no pudo tener acceso a los documentos que avalarían” la postura de la UIF, dijo el fiscal.
En el caso de Arribas, el organismo aportó dos informes de sólo dos y tres carillas cada uno, en los que asegura que “no cuenta con reportes o información de inteligencia, ni local ni internacional” para la causa. Además, confirmó la versión del funcionario y sostuvo que “sólo se habría procesado” una de las cinco transferencias bancarias que lo vincularían a un operador del Lava Jato.
En cambio, en la causa por la ruta del dinero K, el organismo ha realizado extensos aportes de información sobre lavado y movimientos patrimoniales de los imputados. Lo mismo viene sucediendo en la causa contra el ex secretario de Obras Públicas José López. El organismo presentó un informe sobre Andrés Galera, supuesto testaferro de López. Lo hizo por iniciativa propia. Tiene 35 páginas e incluye desde información personal hasta detalles de los impuestos que pagó, los movimientos de sus empresas, cuentas bancarias, propiedades, automóviles, cruces migratorios y créditos, tanto de Galera como de sus hijos y su mujer, con cuadros que detallan la evolución patrimonial desde 2010 hasta 2015. Además, incluye un análisis de la información técnica y una lista de siete medidas para avanzar en la investigación. Ninguno de esos datos se observa en los informes sobre Arribas o Macri.
Delgado también apuntó a la investigación preliminar contra la segunda de la AFI, Silvia Majdalani, por supuesto lavado de dinero. Se le pidió a la UIF que precisara si había reportes o alguna investigación preliminar, pero el fiscal dijo que no recibió respuesta de la entidad mientras tuvo el expediente.
En esa lista de causas aparece también una contra el empresario Federico de Achával por posibles maniobras de lavado de dinero a través del Hipódromo Argentino de Palermo. El pedido se hizo en mayo de 2016, en septiembre se reclamaron respuestas y el informe final llegó en diciembre. PERFIL intentó comunicarse con la UIF, pero no obtuvo respuesta. n
