Futuros conflictos de intereses, detrás de la salida de un funcionario clave
En los últimos días en el cargo, Carlos Balbín había avanzado en los casos Correo Argentino y Odebrecht. Además, debía intervenir en el tema Avianca y varios frentes contra los ministros.
Despedida. El funcionario vio a Macri el martes y le dijo que, tras el corrimiento de su cargo, no aceptaría otro puesto. |
Cedoc Perfil
El presidente Mauricio Macri corrió de su cargo al funcionario que debía analizar e intervenir en los conflictos de intereses que enfrentará el Gobierno. Días antes de que le pidieran su renuncia, el saliente procurador del Tesoro, Carlos Balbín, ya había comenzado a actuar en dos casos claves para el Gobierno y la familia presidencial: Correo y Odebrecht. Y un tercer caso le tocó a la puerta: Avianca. Además, debía recibir antes del jueves pasado la lista de posibles conflictos de intereses de todo el gabinete de ministros. Eran los frentes que se avecinaban, antes de que Balbín fuera reemplazado por Bernardo Saravia Frías, cuyo estudio jurídico asesoró en el pasado al Grupo Macri.
La Procuración del Tesoro es un organismo de bajo perfil pero de importancia cabal. Sus funcionarios son los abogados del Estado y los encargados de defender los intereses estatales frente a las grandes empresas que entablan demandas contra el dinero de los argentinos. Para palear el escándalo del caso Correo, Macri le dio todavía más importancia. Decretó que el procurador del Tesoro debía analizar esos casos e intervenir para defender los intereses del Estado.
Balbín renunció el lunes y rechazó ocupar otro cargo en el Gobierno, luego de que el Presidente le pidiera que deje su puesto para nombrarlo como representante especial para los derechos humanos en las Naciones Unidas.
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Los últimos días de Balbín en el cargo implicaron decisiones claves en casos de conflictos de intereses que preocupan al Gobierno, según pudo reconstruir PERFIL esta semana. El 10 de abril, el área de auditorías de la Procuración terminó el informe del caso Correo Argentino SA y los resultados, según fuentes del organismo, no favorecían a ninguno de los involucrados. Critica las decisiones tomadas por el kirchnerismo y el macrismo en el caso y pide rehacer las negociaciones. El 11 de abril, el organismo que dirigía Balbín tomó otra decisión importante: asumió la representación del Estado en la causa contra Correo Argentino SA.
El viernes 21 de abril, Balbín puso la firma final a la auditoría de Correo que marcará el rumbo de la causa judicial. Ese mismo día sucedieron dos cosas: un importante asesor de Presidencia le pidió que deje su cargo y el caso Avianca ingresaba a la Procuración Nacional del Tesoro. Balbín debía dictaminar sobre el caso que expone nuevamente a la familia presidencial, que vendió la empresa aeronáutica MacAir a Avianca Holdings para que opere como low cost en la Argentina.
Si bien Odebrecht no implica técnicamente un caso de conflicto de intereses, lo es en la práctica. Balbín había comenzado a participar del caso en el que se investiga el pago de sobornos por US$ 35 millones que la constructora brasileña admitió haber pagado a funcionarios argentinos entre 2008 y 2014 para ganar licitaciones públicas, entre ellas, la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento junto a Iecsa, la empresa que hasta marzo fue de Angelo Calcaterra, primo de Macri.
El fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), pidió la intervención de Balbín para identificar y eventualmente embargar los bienes de Odebrecht con el objetivo de recuperar el dinero de la corrupción. El 20 de abril, Balbín solicitó al fiscal que le informe “con urgencia” la lista de licitaciones sospechadas de sobornos y el estado de las gestiones con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza para el intercambio de pruebas. También pidió conocer el resultado actual de la negociación con representantes de la constructora brasileña en el marco del acuerdo de colaboración con la Justicia. Además, Balbín pidió saber si en la Argentina se habían trabado embargos o decomisado bienes de Odebrecht.
El Presidente y su gabinete tenían tiempo hasta el jueves 27 para informar a la Procuración sus posibles conflictos de intereses para darle intervención. En éste se creó un registro especial para dichos casos. Esta semana, la Oficina Anticorrupción detectó unos noventa ejemplos de conflictos de intereses. Ahora serán analizados por el nuevo procurador.
En el organismo saben que tarde o temprano llegará otro caso polémico para resolver: los reclamos empresarios contra el Estado por la falta de actualización de las tarifas de peaje para las concesionarias de autopistas, donde la familia Macri tiene una participación en Autopistas del Sol.
Balbín había llegado al Gobierno con la bendición de la diputada y armadora de Cambiemos, Elisa Carrió, aunque también tiene llegada a círculos del radicalismo. Algunos incluso aseguran que tenía el visto bueno de Daniel “Tano” Angelici. Como funcionario del macrismo chocó con un sector del Gabinete por no haber mantenido la línea esperada por los macristas. En el caso del aumento de tarifas, por ejemplo, dictaminó contra el Gobierno. Pero también accionó contra Lázaro Báez, contra su antecesora en el cargo, la kirchnerista Angelina Abbona, y determinó que Cristina Fernández de Kirchner sólo puede cobrar una de las dos pensiones que gozaba.
