En medio de la desconfianza que por estas horas parece marcar el clima de la Corte Suprema de Justicia, en el Palacio de Tribunales trabajan para sacar varios fallos importantes antes de la feria judicial de julio. A la par de eso, gran parte de la atención en los pasillos del cuarto piso en la calle Talcahuano está puesta en las audiencias públicas que se realizarán en los próximos meses y que involucran tanto a intendencias como a gobernaciones en fechas cercanas al cierre de listas electorales.
La resolución sobre un reclamo de la provincia de Santa Fe, por retenciones presuntamente indebidas de fondos de coparticipación por entre 40 mil y 65 mil millones de pesos, no está en agenda de los supremos, pero podría generar un fuerte cimbronazo político.
Para el 29 de mayo está pautada la audiencia por la causa “Esso Petrolera Argentina S.R.L. c/Municipalidad de Quilmes s/ acción contencioso administrativa”, en la que se cuestiona el cobro de la tasa municipal por inspección, seguridad e higiene. Fundamentalmente lo que se debate es la forma de cálculo de la tasa (si puede tomar como base los ingresos del contribuyente en otras jurisdicciones) y la proporcionalidad entre su monto y el costo del servicio prestado. Como en la causa ya se presentaron más de cuarenta amicus curiae, hasta ahora intendentes, se prevé que habrá una gran concurrencia por lo que se haría una segunda audiencia la primera semana de junio.
Luego será el turno de la que tratará el tema del fondo sojero, que involucra a seis provincias, por lo que se espera que asistan los gobernadores. La cercanía del cierre de listas aumenta la presunción de que ninguno querrá perder la posibilidad de mostrarse públicamente en una discusión importante.
Por otro lado, para el 7 de mayo se espera que se falle en el caso “Ingenieros”, en el que se discute la prescripción de la acción indemnizatoria contra el Grupo Techint, por la desaparición forzada de un trabajador, durante la última dictadura. La causa fue planteada por la hija de la víctima. La Corte tiene un antecedente en el que sostiene que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles para todo, salvo lo patrimonial. En ese caso quedaron en minoría los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Ahora habrá que ver si esa minoría sigue siendo tal o no.
Una semana después podría tratarse la causa de la minera “Barrick Gold contra el Estado Nacional”. Más tarde sería el turno de la causa que discute los alcances de la legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación, quien promovió un amparo colectivo y si el Estado Nacional debe adoptar las medidas adecuadas para disponer un ajuste por movilidad en beneficio del colectivo de jubilados y pensionados, teniendo en cuenta un caso precedente.
En tanto que, además, se espera que la Corte falle antes del receso invernal en el caso de un supermercado chino de Arroyito, que podría sentar precedente sobre la potestad de los municipios para imponer horarios de cierre.
