El Gobierno contaba con un álbum de fotos de campaña en su favor: el desfile de ex funcionarios kirchneristas por Comodoro Py, detenidos, imputados o sospechados por haber participado en alguna trama del Gloriagate. Dentro de esa investigación, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli eran una suerte de aliados tácticos del macrismo. Ahora, tras la acusación contra Stornelli y la aparición de un personaje incómodo como Marcelo D’Alessio, esa carta segura también entró en estado de incertidumbre. Para el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, un ex militante de Franja Morada que terminó enrolado en Justicia Legítima, Stornelli apañó un juego sucio judicial. Según Ramos Padilla, lo hizo con la ayuda de espías, operadores y periodistas, para conseguir testigos y arrepentidos de forma indebida. Citado a dar su declaración el próximo 7 de marzo, Stornelli reclama el pase de la causa a Comodoro Py. Y por ahora cuenta con el apoyo de una parte de la corporación de los tribunales de Retiro. Y también de un sector del Gobierno, por vía de Elisa Carrió. Ante esa presión, el juez de Dolores apura los plazos de la investigación, generando el efecto inverso al buscado por Stornelli. Así, le suma confusión al rumbo de la causa de los cuadernos. En paralelo, los números de la economía están lejísimos de acompañar al oficialismo; los radicales se animan a desafiar la hoja de ruta, a caballo de la posible candidatura de Martín Lousteau en una PASO; y el team político del Gobierno alterna entre la resignación y el exilio. Los diputados Emilio Monzó y Nicolás Massot ya anticiparon su salida, en rechazo a la estrategia de polarización permanente que monopoliza el dúo de Marcos Peña y Jaime Duran Barba. “Lo de los cuadernos quedó amañado. Y ya no alcanza con un gobierno que cree sabérselas todas, pero con malos resultados económicos. La gente no llega a fin de mes de verdad. Y aunque ganes con la grieta, después van a quedar muchos diputados y senadores del otro lado”, se queja un radical que impulsa la postulación de Lousteau. La situación electoral de Córdoba evidencia las fricciones y dificultades intra-Cambiemos. En esa provincia, donde Mauricio Macri alcanzó el 74% en el ballottage de 2015, el Gobierno no logró ordenar su espacio. Al macrismo todavía le cuesta procesar las diferencias entre los dos liderazgos radicales en pugna: uno territorial (el del intendente cordobés Ramón Mestre) y otro superestructural avalado por la Casa Rosada (el del diputado Mario Negri). Tras fracasar en su lance sutil de imponer a Negri, se potenciaron las internas, a riesgo de que el desgaste favorezca la reelección de Juan Schiaretti. Tales malestares son en parte habilitados por el pulso callejero, donde crecen las protestas (el viernes a la noche se armó una suerte de cacerolazo frente a la Casa Rosada) y hasta los reproches cara a cara: el más notorio fue el desesperado “hagan algo” de un obrero hacia Macri, viralizado el martes pasado. La vuelta al método de los timbreos todavía no tiene fecha. La última recorrida nacional de la cúpula de Cambiemos ocurrió hace siete meses, cuando Macri y Vidal visitaron Luján. Si bien el oficialismo analizó la posibilidad de retomarlos en febrero o principios de marzo, finalmente optó por pasarlos para más adelante. Y al momento no hay perspectivas claras de una fecha precisa. “Estamos pensando algo innovador que los reemplace. Así que quizá no haya timbreos este año”, afirma un dirigente de la mesa de campaña.
