Después de que fuera removido el monumento, se escucharon las voces de funcionarios y legisladores. El vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, consideró que el movimiento fue un “maltrato a los porteños y a toda la comunidad italiana de nuestro país”, y agregó: “Se burlan de todos, no sólo de la Justicia”. Atilio Alimena, defensor del pueblo de la Ciudad, consideró el hecho como un “atropello sin permiso ni habilitación”. Los diputados de Confianza Pública, Graciela Ocaña y Daniel Amoroso, afirmaron que la presidenta “debe cumplir las medidas judiciales aunque no le guste su resultado” y agregaron que fue “una clara violación a los deberes de funcionario público”.
