"Fuerza, los esperamos. Un fuerte abrazo”. Las palabras pertenecen al último párrafo de la carta firmada por los nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo y entregada por ellos mismos a Marcela Noble Herrera (33), hija adoptiva de la dueña del Grupo Clarín, el martes 29 a las 8 de la mañana. En la entrada de los Tribunales de la calle Lavalle, la joven aceptó la carta, la guardó en su cartera y partió junto a su hermano, Felipe Noble Herrera (33), a la sede del Cuerpo Médico Forense de Junín al 700, en el centro porteño. Allí, a ambos les extraerían dos muestras de ADN –el resultado podría tardar entre 15 y 45 días– por pedido del juez federal Conrado Bergesio, que tramita el expediente en el que se intenta establecer el verdadero origen de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble (84).
Se trata de un reclamo histórico de las Abuelas de Plaza de Mayo, cuya titular, Estela de Carlotto, está convencida de que Marcela y Felipe son hijos de desaparecidos. El Gobierno, enfrentado con el Grupo Clarín, hoy también motoriza la causa.
Historia y dudas. Las Abuelas aseguran que la medida dispuesta por Bergesio es “ilegal” y pidieron su inmediato juicio político. Explican que, como indica la ley, las pruebas deberían haberse realizado en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) del hospital Durand para cotejar los análisis con las dos supuestas familias biológicas que reclaman a los jóvenes –García Gualdero y Miranda Lanouscou, además querellantes en la causa– y con todos los parientes de desaparecidos registrados en ese banco. Pero los jóvenes sentían que ese lugar, creado con la bendición de las Abuelas, no ofrecía las garantías necesarias. “Temían que una mano negra pudiera modificar los resultados para perjudicarlos”, explica un confidente de Marcela, que trabaja con ella en el Grupo Clarín. Jorge Anzorreguy, el abogado de los hijos adoptivos, aduce que ellos habían ofrecido la realización de los exámenes hace seis años y que “la diligencia fue ordenada en septiembre del 2004 y convalidada por la Cámara de Casación Penal en el 2007, y por la Corte Suprema en el 2008”.
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