MUERTE DIGNA

Eutanasia en Argentina: “No sabemos cuántas personas acceden de manera clandestina”

La especialista Dinah Magnante participó de un debate en Córdoba sobre eutanasia, muerte digna y final de la vida. Durante el encuentro, alertó sobre la existencia de prácticas clandestinas y reclamó que el Congreso avance con una regulación específica.

Muerte digna, voluntades anticipadas y eutanasia. Foto: .

El debate sobre eutanasia, muerte digna y voluntades anticipadas volvió a instalarse este lunes en Córdoba durante una jornada organizada por el Colegio de Abogados, en medio de proyectos legislativos que siguen sin tratamiento en el Congreso nacional. En ese contexto, la especialista en bioética Dinah Magnante advirtió que actualmente “no sabemos cuántas personas acceden de manera clandestina” a prácticas vinculadas al final de la vida y aseguró que la sociedad argentina “está preparada” para discutir una regulación.

La exposición estuvo a cargo de Magnante, abogada, magíster en Ética Biomédica, docente de Bioética en la UBA y una de las participantes en la elaboración de la Ley de Muerte Digna. Durante la charla sostuvo que hoy existen cuatro proyectos de ley con estado parlamentario para regular la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, aunque ninguno avanzó en comisión. “Lo único que falta es que el Congreso abra el debate”, afirmó.

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Además, remarcó que distintos estudios realizados por universidades nacionales muestran un amplio respaldo social a una eventual regulación. “Entre el 70% y el 80% de las personas está de acuerdo con una ley de eutanasia o suicidio médicamente asistido”, señaló. 

Además, distintos estudios realizados en Argentina muestran un amplio respaldo social y profesional a una eventual regulación. Un relevamiento realizado por el CONICET entre 745 profesionales de la salud que atienden pacientes graves indicó que el 80% está a favor de legislar sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido, mientras que el 15% manifestó su desacuerdo. El estudio también reveló que el 45% de los profesionales recibió consultas de pacientes sobre eutanasia y el 53% de familiares. Además, el 31% afirmó haber recibido pedidos concretos de pacientes para acceder a estas prácticas y el 37% de familiares.

Magnante repasó distintos casos de personas con enfermedades degenerativas o cuadros irreversibles que impulsaron el debate público en los últimos años. Entre ellos mencionó a María del Carmen Ludueña, una mujer bonaerense que solicitó acceder a la eutanasia y falleció antes de obtener una resolución judicial favorable.

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“La diferencia entre quienes pueden acceder a ese derecho en otros países y quienes no lo tienen genera muchísimo sufrimiento”, expresó. La especialista señaló además que países como España, Bélgica, Países Bajos, Colombia y recientemente Uruguay ya avanzaron con marcos regulatorios sobre eutanasia o suicidio médicamente asistido. “No existe evidencia científica que indique que estas leyes generen abusos o deterioren los cuidados paliativos”, aseguró.

Derechos del paciente y resistencias

Uno de los ejes del encuentro estuvo vinculado al alcance de la actual Ley de Derechos del Paciente y la denominada Ley de Muerte Digna. Magnante recordó que la legislación argentina ya permite rechazar tratamientos médicos o retirar soporte vital en determinados casos, aunque advirtió que todavía existen resistencias en algunas instituciones.

“Hay una obligación de evitar el encarnizamiento terapéutico o la obstinación terapéutica”, sostuvo. En ese sentido, señaló que “muchas veces las familias tienen que recurrir a la Justicia para que se respeten derechos ya reconocidos por la ley”.

 

 

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Las prácticas clandestinas

Magnante sostuvo que la ausencia de una ley también deja a muchas personas en situaciones de vulnerabilidad frente al final de la vida. “No sabemos cuántas personas acceden de manera clandestina pagando sumas de dinero importantes”, expresó.

Además, advirtió sobre los riesgos que genera la falta de regulación. “Es importante que nadie tenga que comprar medicación por Internet o recurrir a medidas más violentas”, afirmó. Según explicó, una legislación específica también permitiría brindar respaldo y seguridad jurídica a los profesionales de la salud, ya que hoy muchos médicos enfrentan incertidumbre legal ante decisiones vinculadas al final de la vida. “Una ley permitiría que los profesionales actúen dentro de un marco claro y regulado”.