El asesinato del columnista saudí Jamal Khashoggi el mes pasado cambió la percepción de los políticos del mundo acerca del príncipe heredero Mohammed Bin Salman. El capital privado le dio la espalda mucho antes de eso.
Desde que decenas de miembros de la realeza y jefes de negocios fueron detenidos en noviembre de 2017 como parte de una ofensiva contra la corrupción, un creciente número de saudíes millonarios han tratado de sacar dinero del reino o elaborado planes para irse, según entrevistas con más de 10 personas familiarizadas con el asunto. Todos hablaron bajo condición de anonimato porque el tema es delicado.
Los saudíes que se quedaron, en su mayoría, están guardando su efectivo en lugar de aumentar las inversiones, lo que se suma contratiempos en la mayor economía árabe. El asesinato de Khashoggi solo ha intensificado las tendencias, dijeron algunas de las personas.
El control del poder del príncipe Mohammed ha sobrevivido a la muerte de Khashoggi a manos de agentes del gobierno en Estambul. Pero perder la confianza de las élites locales podría arruinar su reforma más fundamental. La riqueza saudí estaría construyendo un sector privado capaz de reemplazar los ingresos petroleros del Estado como el principal motor del crecimiento, no mantenerse al margen ni intentar huir del país. Peor aún, la inquietud entre los capitalistas locales se ha extendido a sus contrapartes extranjeras, quienes también están rechazando en gran medida el proyecto del príncipe.
Los arrestos, cuyos blancos fueron detenidos en el hotel Ritz-Carlton de Riad, coronaron una serie de medidas que habían dañado la confianza empresarial. Se retuvieron los pagos adeudados a los contratistas y, en junio de 2017, el reino lideró un boicot sin precedentes contra el vecino Qatar.
"A nivel nacional, los arrestos en el Ritz fueron un hecho transformador, en términos económicos y políticos", dijo Hani Sabra, fundador de Alef Advisory, consultora con sede en Nueva York. Fueron la "cristalización de un proceso que se había estado construyendo".
Las autoridades dicen que los arrestos fueron necesarios para poner en igualdad de condiciones a los inversores y frenar la rampante corrupción, un argumento que resuena entre muchos saudíes que a menudo se quejaban de que la élite estaba por encima de la ley. Algunos de los partidarios del príncipe también dicen que una disminución de la inversión a corto plazo es un precio aceptable de pagar por una reforma fundamental que ayudará a crear una comunidad empresarial más transparente.
En respuesta a preguntas de Bloomberg, el banco central de Arabia Saudita reiteró que el reino no impone "restricciones a las transferencias".
Pero la magnitud del hecho, que atrapó a personas como el multimillonario príncipe Alwaleed bin Talal, dejó a muchos preocupados de parecer que tienen prisa por salir. Para asegurar su liberación, los detenidos acordaron hacer pagos que totalizaron más de US$100.000 millones. Las denuncias de tortura, negadas por el gobierno, y la falta de transparencia sobre los acuerdos, hicieron que la operación pareciera más una extorsión.
Como resultado, algunos saudíes que posteriormente sacaron dinero del país utilizaron una red de compañías para ocultar sus bienes y evitaron lugares con vínculos estrechos con el reino.
El dinero salía del país antes de la detención, en parte porque la economía se desaceleró cuando las autoridades impusieron medidas de austeridad en respuesta a los bajos precios del petróleo, dijo Steffen Hertog, especialista del golfo de la London School of Economics. En todo caso, la fuga de capitales probablemente disminuyó debido al "temor de llamar la atención", dijo.
Se estima que las salidas totales de capital aumentarán un 13 por ciento este año a US$90.000 millones, aproximadamente un 10 por ciento del PIB, en comparación con 2017, según JPMorgan Chase & Co.
