El hecho de que haya una segunda vuelta electoral en Argentina puede ser extraño para muchos. Después de todo, en nuestra historia democrática solamente se llevó a cabo una vez, en el año 2015 entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, dando como ganador a éste último después del frustrado balotaje en el 2003 entre Carlos Menem y Nestor Kirchner. Pero además de que exista una segunda vuelta, sino también que ésta se realice entre dos candidatos tan particulares y tan polarizantes como Sergio Massa y Javier Milei puede llamarle la atención a muchos votantes en nuestro país. Sin embargo, en América Latina esta situación ya la vivimos en reiteradas oportunidades.
Desde el 2021 y hasta el 2024, la región atraviesa lo que los politólogos han llamado “el superciclo electoral” de América Latina en el que prácticamente todos los países, menos Bolivia, eligieron y elegirán a su presidente a través del sufragio en un contexto, además, adverso para la región con un crecimiento promedio del 2% que ubica a los latinoamericanos en el conjunto de países con peor desempeño del mundo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, la contracción monetaria, el aumento de la pobreza y la desigualdad pospandemia y la inflación más alta en 25 años, encaminan a América Latina hacia una nueva década perdida, la peor desde 1980. En este punto, como en otros, Argentina no es la excepción y sus elecciones presidenciales se llevarán a cabo en un marco socioeconómico tan complejo como no se veía desde los años 2001 y 2002.
Pero los problemas latinoamericanos no se circunscriben solamente a las cuestiones económicas, sino también se extienden hacia los marcos institucionales. Y Argentina, nuevamente, forma parte de esta tendencia regional. Estudios como los de Lati-nobarómetro, V-Dem o The Economist coinciden en afirmar que el grado de satisfacción con la clase política, y en algunos países incluso con la democracia, está en descenso. A su vez, la fragmentación de los partidos en el Poder Legislativo y la polarización ideológica, con su respectiva violencia, tanto en el ámbito político como en la opinión pública están en aumento. Un informe de la organización IDEA da cuenta, como consecuencia de ello, del aumento de ideas de extrema derecha. Esta fragmentación partidaria y polarización ideológica, sumado al descontento ciudadano con su clase dirigente tradicional genera como resultado la emergencia de candidatos outsiders cuyas ideas, en la mayoría de los casos, los hacen salirse de los márgenes democráticos.
Es cierto que en Argentina el grado de virulencia social producto de la fragmentación política no es tan grave como en otros países latinoamericanos. Pero el hecho de que dos figuras polarizantes en la opinión pública como el ministro de Economía de un país con casi un 140% de inflación interanual y un candidato outsider que constantemente denuncia que la clase política es una “casta” hayan llegado a una segunda vuelta electoral puede ser una sorpresa para muchos. Sin embargo, en América Latina esto tampoco es una novedad. En los últimos diez años se han llevado a cabo 24 instancias de segunda vuelta electoral y nueve de ellas han sido en el mencionado “superciclo electoral” de los últimos dos años: en Ecuador, Perú y Chile en 2021, Costa Rica, Colombia y Brasil en 2022 y por último en 2023 en Guatemala, Ecuador y el que tendrá lugar en nuestro país el próximo 19 de noviembre. En todos los casos, salvo en Costa Rica, en cada balotaje por lo menos uno de los dos candidatos que buscaban llegar al poder era o considerado “outsider” porque no provenía de las estructuras de los partidos tradicionales y/o bien porque había logrado un caudal político que lo catapultó a la segunda vuelta, gracias a constantes denuncias hacia la clase dirigente o incluso, en los casos más radicales, haciendo críticas acérrimas a todo el sistema democrático. En todas estas instancias, la opinión pública solía preguntarse con asombro cómo podía ser que figuras como Pedro Castillo en Perú, José Antonio Kast en Chile, Jair Bolsonaro en Brasil o incluso Rodolfo Hernández en Colombia (quien, recordemos, ni siquiera contaba con una plataforma de gobierno en caso de llegar a la presidencia) estuvieran disputando el cargo ejecutivo más importante de sus respectivos países. La respuesta es más sencilla de lo que parece: en un contexto de erosión democrática con descontento ciudadano y una desconfianza generalizada hacia las élites tradicionales, la emergencia de este tipo de candidatos es una consecuencia de ello.
Pero este descontento, ¿de dónde proviene? ¿Es un invento de los candidatos anti-establishment o ellos solamente lo capitalizan y buscan darle voz a los desilusionados? En líneas generales, figuras como las mencionadas anteriormente son un producto de los últimos años en América Latina. Así como el efímero giro a la derecha entre 2014 y 2018 fue consecuencia del fin de la utopía socialista y la emergencia de denuncias de corrupción hacia los mandatarios de la ola de izquierda, lo mismo sucede en la actualidad. En términos de transparencia, hoy la región atraviesa uno de sus peores momentos y así lo demuestra el Índice de Percepción de la Corrupción en América Latina y el Caribe en donde hay un solo país que obtiene una nota superior a 70/100: Uruguay. Por el contrario, la inmensa mayoría de las naciones latinoamericanas están aplazadas en términos de transparencia institucional debido a denuncias tales como sobornos a funcionarios públicos, corrupción en la contratación pública, malversación de fondos públicos y una baja eficacia de los esfuerzos anti-corrupción por parte de los gobiernos. En este contexto, el hartazgo ciudadano es uno de los grandes motivos que impulsan a los candidatos anti-política tradicional a lograr un capital político cada vez más grande. Y en este punto, Argentina no es la excepción. Nuestro país obtuvo unos magros 36 puntos sobre un máximo de cien, convirtiendo a nuestro país en uno de los más corruptos de la región, por debajo de otras naciones como Jamaica, Guyana o Surinam, pero sobre todo muy debajo del promedio regional. Incluso, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia demuestra que en Argentina existen más de 1.800 causas abiertas por sospecha de corrupción.
En esta línea, y de manera más frecuente de lo que creemos en nuestro país, Argentina no es la excepción sino que su realidad política se encuentra inmersa en la realidad regional. Solamente bastará esperar al 19 de noviembre para ver, a su vez, si nuestra nación sigue otra gran tendencia latinoamericana de los últimos tiempos: el voto castigo a los oficialismos y, por lo tanto, la alternancia partidaria.
*Licenciada en Ciencias Políticas (UCA)- Investigadora del Centro de Estudios Internacionales (CEI-UCA). Docente de América Latina.
