Hace unos días, el presidente electo, Javier Milei, sostuvo que “todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estarlo. AySA era Aguas Argentinas, era privada y funcionaba muy bien. Cuando los ferrocarriles eran privados, eran de los mejores del mundo. Todo lo que hace el sector público lo hace mal”. Un interrogante que surge de esta aseveración tan categórica es qué piensa Milei del trabajo en la administración de justicia, el cual, hasta donde sabemos, pertenece al sector público. Si inferimos la respuesta de su postulado general, la administración de justicia –dado que pertenece al sector público– hace mal su trabajo. Si esto es realmente así, si para Milei la administración de justicia hace mal su trabajo, sería importante consultarle por qué: ¿porque es poco eficiente?, ¿porque demora mucho tiempo en resolver las causas en las que interviene?, ¿porque es venal y se somete a los intereses de los poderes de turno?, ¿porque es clasista y persigue selectivamente a los sectores más empobrecidos de la sociedad? En rigor, no sabemos si Milei considera que la administración de justicia hace mal su trabajo dado que pertenece al sector público. Tampoco sabemos, en caso de que piense esto último, por qué la administración de justicia haría mal su trabajo.
Otro libertario, de una vertiente diametralmente opuesta a la de Milei, sí afirmó que la administración de justicia hace mal su trabajo, y dio las razones de por qué. Rafael Barrett, ensayista español que vivió entre 1876 y 1900, aseguraba que la ley es una cosa y la justicia es otra: “Llega el instante de que la idea de justicia nazca porque la ley, que favorece al poderoso, habría de parecer justa al poderoso, y al humilde, injusta”. Este planteo, característico del anarquismo de finales del siglo XIX, se apoya en la idea de que las normas jurídicas –y su aplicación por parte de la administración de justicia– cumplen la función de profundizar las desigualdades sociales.
A diferencia de la posición de Barrett, el futuro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, parece comportarse como si la administración de justicia no solo funcionara bien, sino que califica a los integrantes de la Corte Suprema como destacados: “Una Corte tan buena, tan prestigiosa, que va a ser, como dice el licenciado Milei, independiente, libre…”. Al respecto, vale destacar dos cuestiones importantes. Una de ellas está asociada a la disputa política que semanas atrás mantuvieron públicamente dos de los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El primero aspiraba a la unión nacional y el segundo criticaba el populismo judicial. Este episodio trae al presente la frase de un exministro de esa misma Corte, Enrique Petracchi, cuando decía que todos los jueces son políticos, lo sepan o no. La otra cuestión tiene que ver con la decisión del próximo ministro de Justicia de un gobierno libertario de ir a visitar, en primer lugar, a los integrantes de la Corte Suprema, que no es otra cosa que la máxima autoridad del Poder Judicial, lo que contradice el ideario libertario de no enaltecer las jerarquías.
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En definitiva, será interesante observar si el anarquismo judicial en el marco de la experiencia libertaria que se avecina estará dirigido a las propuestas inaugurales de Rafael Barrett que critican a la administración de justicia, o se encaminará hacia las apreciaciones de Mariano Cúneo Libarona, para quien el Poder Judicial, aunque pertenezca al sector público, hace bien su trabajo.
