En las últimas horas, el Presidente directamente dio marcha atrás con el plan de intervención sobre Vicentin, luego de que los accionistas capaces de chocar una cerealera inchocable se negaran a dejar la conducción de la empresa investigada por créditos infinitos en el gobierno de Cambiemos. Fue una especie de mafangulo oficial para la familia del norte de Santa Fe que de todas formas algunos allegados aún leían ayer como una búsqueda de que “los tipos aflojen y entonces vengan al pie” de manera tal de insistir con el plan del gobernador Omar Perotti y el interventor Gabriel Delgado.
Pero también la decisión de Alberto Fernández cerró un increíble giro, si se piensa que todo había empezado con el plan de la expropiación “que venía trabajando” la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, con el sueño de la soberanía alimentaria y lo estratégico de tener una empresa testigo en los mercados de granos y divisas. Terminó dos meses después con el jefe de Estado diciendo “yo estatizar empresas privadas, no”, en una muestra de cómo improvisar medidas por no regular bien el flujo de poder interno de la coalición gobernante te puede comprar quilombos que desgastan la autoridad necesaria para el momento más delicado de la pandemia.
Se trata de un desenlace que puede servir de spoiler alert para el caso de que avance el plan de reforma judicial del Gobierno. No porque no haya motivos reales para ocuparse de semejante engendro de mafias de jueces federales corruptos y servicios de inteligencia que han usufructuado todos los gobiernos, sino porque suena muy tirado de los pelos el momento elegido para dar esa pelea, luego de que el Presidente insistiera en que la única prioridad era la pandemia al punto de freezar proyectos como el de la legalización del aborto, que implica que sigan muriendo mujeres.
Seguro iba a generar ruido que el Presidente considere fundamental que lo asesore sobre qué hacer con la Corte Suprema donde terminarán muchos casos de corrupción el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner devenido en gran procesalista imprescindible, Alberto Beraldi. O también el defensor del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, León Arslanian. En este caso, obviamente se puede entender su participación tanto por su rol en el Juicio a las Juntas como por prestigio como abogado: justo esta semana consiguió que justo la Corte cierre a favor de su cliente Chevron una causa que buscaba desconocer en la Argentina una sentencia de tribunales de Ecuador por temas ambientales.
Con lo trágico que se está poniendo el coronavirus en la Argentina, va a hacer falta una lluvia de Leandros Santoros para explicar que lo que necesita ya la Argentina es la ampliación de juzgados con tsunami de subrogancias y una modificación del funcionamiento del máximo tribunal. ¿Por qué en plena escalada de muertos con una bomba de tiempo social que incluye ollas populares de Barrios de Pie por la falta de alimentos en comedores, se lanza la refundación de la Justicia con una pompa nivel Cirque du Soleil pero para el impuesto a las grandes fortunas que podría mejorar las 30 lucas en cinco meses que cobran los beneficiarios del IFE no se organizó ni un zoompamento?
Controles. Fernández también se había hecho lugar en la semana para recibir al CEO local de Edesur, el italiano Nicola Melchiotti, tras la movida de un grupo de intendentes del Frente de Todos pidiendo el fin del contrato de concesión por fallas en el servicio después de “los tarifazos para los amigos de Macri”. El jefe de Estado le aseguró al empresario que no trabaja “en la agenda de la estatización” y ambos concluyeron que buscarán una forma de financiar obras, mientras la firma le reclama $ 3 mil millones al Estado por los que se cuelgan al servicio en barrios populares, donde este semestre hubo un aumento de la demanda del 70% en promedio.
Es una promesa de trabajo conjunto que nadie sabe qué profundidad puede tener debido a esa gelatina de posiciones que es el Gobierno donde algunos creen que el dueño de la prima Edenor, Marcelo Mindlin, es testaferro de Macri mientras Alberto lo venera como el empresario nacional de la energía. Todo en un contexto de inminente reseteo del área: en la reunión con el ejecutivo de Edesur solo estuvo el titular del ENRE, Federico Basualdo. Del secretario de Energía, ni noticias.
Mientras tanto, las grandes tecnológicas Google, Apple, Facebook y Amazon enviaron esta semana dos mensajes para todo el planeta. En primer lugar, el salto en sus ganancias en el segundo trimestre en que la economía de EE.UU. caía 9,5% anticipa cómo el Covid-19 está acelerando la digitalización de la vida y consolidando a la nueva plutocracia global.
Pero por otro lado, la interpelación de más de cuatro horas a sus líderes Sundar Pichai, Tim Cook, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos en la Subcomisión Antimonopolio del Congreso yanqui por posibles abusos de posición dominante llama a pensar en mecanismos de control estatal más transparentes para la nueva era.
Especialmente acá. ¿O no sería un gol ver a Héctor Magnetto en el Congreso hablar del impacto de las fusiones de Cablevisión con Multicanal en 2007 o con Telecom en 2018? ¿O no sería otro gol que Marcos Galperin respondiera en público si como cuatro de cada cinco pagos online son de Mercado Pago no se zarpa con las comisiones?
