Evitar un salto del tipo de cambio oficial antes de las elecciones de octubre 2021 es una prioridad para el Gobierno. En las últimas semanas se conocieron encuestas que muestran un freno en la caída de la imagen presidencial y un repunte en las expectativas de la población. Ello obedece a múltiples factores: 1) el pico de la pandemia parece haber quedado atrás; 2) la economía da señales de recuperación luego de la paulatina flexibilización y levantamiento del ASPO; 3) último pero fundamental: en el último mes y medio el gobierno logró calmar el mercado de cambios.
Décadas de inestabilidad y estancamiento económico han convertido al tipo de cambio en un verdadero termómetro político. En la Argentina la volatilidad cambiaria es sinónimo de crisis y ningún oficialismo lo ignora. Los controles cambiarios establecidos en 2019 y endurecidos por la actual administración han llevado a que los tipos de cambio paralelos se conviertan en el termómetro que mide la estabilidad cambiaria. A fines de octubre, los tipos de cambio paralelos registraron picos históricos. La brecha respecto del tipo de cambio oficial alcanzo niveles propios de episodios como el Rodrigazo o la hiperinflación de 1989. El cimbronazo político fue tal que tan solo cuatro días después de que el dólar blue alcanzara los 195 pesos la vicepresidenta publicó una carta en la que negó cualquier tipo de injerencia sobre la política del gobierno, concentrando la responsabilidad en Alberto Fernández y en la que sugirió la búsqueda de acuerdos para resolver “el problema del bimonetarismo en la Argentina”. Si hay algo que los políticos argentinos tienen claro es que “el que devalúa pierde”.
Durante noviembre el Gobierno logró evitar la devaluación y restablecer la calma en el mercado de cambios. Para ello apeló a diversas herramientas. El anuncio de una serie de medidas de fortalecimiento del flanco fiscal –un ajuste– fue una pieza clave del arsenal de anuncios y medidas utilizado para lograr revertir las expectativas de devaluación. Efectivamente el Gobierno anunció un ajuste en las tarifas de servicios públicos en 2021, el cese del IFE y del ATP y el envío de una ley fijando una nueva fórmula de ajuste para las jubilaciones. Ello coincidió con el arribo al país de una misión negociadora del FMI, con miras a firmar un programa de Facilidades Ampliadas con el organismo.
El acuerdo con el FMI es condición necesaria para llegar a octubre sin turbulencias en el frente cambiario. El programa con el Fondo daría certeza y previsibilidad en materia fiscal. El problema es que alcanzar un acuerdo con el FMI requiere que el Gobierno se comprometa a realizar un ajuste fiscal más ambicioso que el incluido en el presupuesto de 2021. Esto genera tensiones en el oficialismo. En un concurso de impopularidad el ajuste y la devaluación compiten cabeza a cabeza. No casualmente, mientras la misión del FMI visitaba Buenos Aires, el bloque de senadores del FDT le envió una carta en durísimos términos. Casi en simultáneo, la CGT mostró su preocupación por el final del IFE, el ATP y por la reforma previsional debatida en el Congreso. Nada más inoportuno para la política que un ajuste fiscal en año electoral.
¿Qué relevancia tiene la carta de los senadores de cara a las negociaciones con el FMI?
Tras su partida de Argentina la misión del Fondo emitió un comunicado de prensa señalando que el equipo del organismo daba la bienvenida a “la intención de las autoridades de solicitar un arreglo de facilidades extendidas, y de apoyarlo en un amplio consenso social y político”. Esta semana, el vocero del FMI Gerry Rice declaró que aún no había fecha para el acuerdo, pero que continuaban trabajando con las autoridades con miras a lograr un arreglo “basado en un amplio consenso social y político”.
La insistencia en el consenso no es algo novedoso en los programas del FMI. En 2002 el Fondo solicitó al gobierno de Fernando Henrique Cardoso el compromiso de los principales candidatos presidenciales con lo que acordara el presidente saliente con el organismo. El mismo requisito fue planteado por aquel entonces a Eduardo Duhalde.
¿Por qué el Fondo le da tanta relevancia al consenso? Porque tiene poco sentido cerrar un acuerdo que no será cumplido. Si en el organismo hay dudas acerca de la voluntad o de la capacidad del gobierno de cumplir con lo acordado, es poco probable que el staff presente el acuerdo ante el Directorio, y que se prolonguen las negociaciones. Las urgencias del FMI y de Fernández no son las mismas. Argentina debe comenzar a repagarle al Fondo en octubre. Fernández necesita el acuerdo con el FMI para fines de febrero o comienzos de marzo, para poder empalmarlo con la llegada de los dólares de la cosecha de soja y así construir el puente de divisas que permita llegar hasta octubre sin sobresaltos cambiarios.
Dado el énfasis que el FMI le otorga al consenso, las tensiones dentro del FDT son un problema. La decisión del Senado de modificar la fórmula de ajuste de las jubilaciones propuesta por el gobierno es un ejemplo de ello. Si desde de la coalición gobernante se siembran dudas sobre la voluntad y la capacidad del gobierno de ordenar las cuentas públicas y realizar reformas estructurales, la buena voluntad de Kristalina Georgieva será insuficiente para convencer al Directorio del FMI de aprobar un programa con la Argentina.
Todo ello deja al presidente frente a una encerrona. No puede permitir una devaluación porque ello pondría en riesgo las chances electorales del oficialismo en 2021. Evitar la devaluación requiere de un arreglo con el FMI lo cual implica hacer un ajuste fiscal resistido por el FDT. Ello a su vez pone en duda el “amplio consenso social y político” que reclama el Fondo para cerrar el acuerdo. Conseguir el consenso sobre el que tanto insiste el Fondo requiere liderazgo. Y eso es justamente lo que nuestro particular “vicepresidencialismo de coalición” (tomo prestada la expresión acuñada por Luis Tonelli) contantemente parece poner en cuestión.
*Politólogo y docente UCA/Ucema.
