Desde hace unos días las pruebas PISA realizadas por la OCDE actualizaron los debates educativos. Lamentablemente, la situación muestra una tendencia hacia la baja calidad, ya reflejada en la prueba PISA 2018 y en el resultado de las pruebas Aprender, realizadas por el gobierno anterior.
Estas pruebas estandarizadas miden resultados de aprendizaje del estudiantado; sin entrar en las críticas que este tipo de evaluaciones puede recibir por carecer de perspectivas de atención a la diversidad de realidades, nos ofrecen un panorama de la capacidad de la educación obligatoria en la generación de capacidades, destrezas, competencias y conocimientos de estudiantes.
La prueba PISA 2022 involucró a más de 12 mil estudiantes, de 457 escuelas públicas y privadas de todo el país. ¿Qué nos señalan sus resultados? Un serio recorte a la calidad, el cual no es novedoso, ni solo producto de la pandemia. De 81 países Argentina ocupa los puestos 58 en lectura, 59 en ciencias y 65 en matemáticas, lo que en el global nos coloca en el puesto 66 y 68 de Latinoamérica. Estos datos nos sitúan muy por debajo de la media mundial. No es exagerado afirmar que los resultados arriba de la mesa exponen el ajuste que de modo sostenido se les hizo a miles de niñas, niños y jóvenes de toda una generación, limitando sus posibilidades reales de prosecución de estudios o de obtención de mejores trabajos.
Como dijimos en otras ocasiones, la educación es el pasaporte de acceso a la sociedad del conocimiento, por lo que tanto las pruebas Aprender en su momento, como las PISA ahora nos muestran el fracaso de las políticas educativas llevadas a cabo en estos años.
Esto nos obliga a reconocer que la calidad educativa dejó de ser una imposición de los Estados evaluadores, para ser un derecho ciudadano. Los gobiernos no solo deben procurar que toda la sociedad acceda a la educación en condiciones de equidad, en cumplimiento de sus mandatos constitucionales y legales, sino también deben garantizar que se les brinde buena educación. Si la educación no es de calidad, no hay inclusión ni equidad real y efectiva.
Dato mata relato, pero no hay que enojarse con los resultados. Estas pruebas muestran solo el síntoma que justifica transformar la educación. Ante esto, es necesario formular políticas basadas en la evidencia, y hacerlo de modo urgente, ya que no hacer nada o hacerlo mal, como hasta ahora, continuará consolidando un cuadro terrible en lo social.
Esto es así porque el análisis pormenorizado de estos datos nos lleva a comprender que hay una relación directa entre el contexto social/familiar y el resultado de aprendizaje. La mayor formación y lectura en madres y padres aportó a los mejores resultados, mientras que el estudiantado sin esa contención tuvo los resultados más bajos.
Para que esto suceda debemos colocar al estudiante y sus aprendizajes en el centro de nuestras preocupaciones y a la calidad como un aspecto estructural e integral de los procesos educativos; para ello qué se enseña y cómo se lo realiza debe ser puesto en debate, por ejemplo, en cuanto a las estrategias de alfabetización, educación STEM, etc. Pero claro, además hace falta animarse a redefinir un tema primordial: la formación docente. Los nuevos estudiantes del siglo XXI precisan docentes con competencias para enseñar en la diversidad de situaciones que la realidad presenta.
Un detalle no menor es que son las provincias y CABA quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante la educación obligatoria. Es en esos espacios, y junto a las familias, en donde los cambios más serios y significativos deben suceder.
*Miembro del Consejo de Gobierno de Unesco-Iesalc.
