Está en marcha el plan René Lavand para contener el dólar: “no se puede hacer más lento” decía el mago manco cuando remataba un truco con sus cartas sobre el paño verde, para mostrarse indescifrable.
El 10 de septiembre, el Banco Central lanzó los plazos fijos atados al movimiento del tipo de cambio. Eran los plazos fijos “dollar linked”, como hay que decir en los zooms con amigos para hacer notar que estás en la pomada. Intentaba que los bancos empezaran a ofrecerles a las empresas que estaban comprando bonos para cambiarlos por dólares afuera, inflando las cotizaciones financieras, una alternativa de inversión en pesos que los cubra del riesgo de una devaluación. Repito, eso fue el 10 de septiembre.
La semana pasada, un empresario ya acumulaba en una carpeta los mails con nombres y apellidos de los ejecutivos de los bancos Itaú, HSBC, Citibank y Provincia donde le contestaban que no tenían operativo ese producto pensado para descomprimir la brecha con los precios oficiales del dólar, que estimula expectativas de devaluación, paraliza a la economía y llevaba a mi suegra a comprar los US$ 200 por mes cuando podía o a preguntarme ahora: “¿Saco los dólares, nene?”.
En los anuncios del jueves en la Casa Rosada, el ministro de Economía, Martín Guzmán finalmente adelantó que será el propio Tesoro Nacional el que emitirá en estos días un bono en pesos dollar linked, para suplir esa falta de oferta de parte de los bancos. En las compañías lo celebran pero igual advierten que un título público no es lo mismo que un plazo fijo, porque puede subir o bajar de precio según el humor de los mercados financieros, muy sensibles a los tironeos de la coalición gobernante que emite esos papeles.
A todo esto, el jueves llegó el último intento de convencer a todo el mundo, desde la multinacional gringa hasta, otra vez, mi suegra, de que no habrá una devaluación brusca fuera de control. Otro show de René Lavand pero sin magia: el combo de medidas llegó exactamente 15 días después de que se anunciaran las restricciones chinas al acceso al dólar ahorro, que encima ya habían incluido un mes de idas y vueltas públicas de funcionarios que alentaban la salida de divisas. Para completarla, recordemos, el cepo 2020 tardó dos semanas en estar operativo, lo que se pareció tanto a un feriado cambiario de hecho que hizo que en medio mes se fueran US$ 1200 millones de los depósitos.
Otra: el viernes pasado, el día después del paquete para generar más oferta de divisas con una baja de retenciones a la soja, a pesar de devaluar un poco más rápido, el Banco Central igual tuvo que vender US$ 150 millones y el dólar blue tocó los $ 150, con la brecha cerca de 100%. El campo -siempre fiaca- no liquidó divisas porque no se había formalizado el cambio de la alícuota. Es cierto, tampoco se trataba de la remoción de unos jueces como para meterle apuro en el Boletín Oficial. El modelo René Lavand tiene matices, ya sabemos. No es cuestión de caer en un “optongo”, opino, total no gobierno”, pero en estos días los policías bonaerenses están cobrando su primer sueldo con aumento, mientras los enfermeros siguen marchando.
Aliados. A propósito del plan de seducción a las grandes cerealeras, pocas veces se vio una versión tan elocuente del “si no puedes contra ellos, úneteles”. Para conseguir que las agroexportadoras liquiden US$ 5000 millones lo más rápido posible, el Gobierno les restituyó un histórico “subsidio” oculto a “las grandes multinacionales extranjeras cartelizadas”, esas que el Presidente soñó en algún momento disciplinar con una empresa testigo.
Como denuncia el periodista Matías Longoni en el portal Bichos de Campo, más allá de la baja temporal de 33 a 30% en las retenciones a los granos de soja, lo central para el okey de las jugadoras de talla mundial como Cargill, Bunge, Dreyfus, ADM, COFCO o Glencore es que se volvió a poner una alícuota más baja para los derechos de exportación que se aplica a productos derivados como el aceite. Se presenta como un estímulo a la producción con valor agregado pero que le permite a esos gigantes recibir un beneficio a costa del chacarero que le vende el grano. Desde enero, cuando le paguen la soja le descontarán una retención del 33% pero si luego la usan para hacer aceite terminarán pagando 31%. Ese 2% de “diferencial de retenciones” que había sido eliminado en 2018 puede llegar a implicar un flujo de unos US$ 500 millones al año. Era uno de los pocos reclamos que le hacían los controlantes de Vicentin al gobierno de Mauricio Macri y que, las vueltas de la vida, le termina concediendo al sector la administración de Alberto Fernández, que los había querido expropiar.
A propósito de los pasos en falso como el de Vicentin, algunos empresarios bautizaron en estas horas sin mucho decoro como “Anabel Fernández Cagaste” a la senadora del Frente de Todos y mano derecha de Cristina Kirchner en la cámara alta, Anabel Fernández Sagasti. “Si te agarra Anabel Fernández, cagaste”, es la expresión que le dio origen al apodo a la legisladora que ideó la salida trunca para la agroexportadora, dejó en off side al ministro de Salud, Ginés González García, cuando cuestionaba el proyecto que da cobertura a la fibrosis quística, empujó el proyecto de reforma judicial o que tuvo frenado tres meses el proyecto de ley del Ejecutivo para la Economía del Conocimiento, que traía media sanción de Diputados y aún no salió porque se analizan modificaciones.
Resulta muy tranquilizador para todos ponerle un nombre y apellido a los problemas que se repiten todo el tiempo en la Argentina, sea el de una senadora, un sindicalista o, lo más habitual, el de los propios Cristina o Macri. Ojalá fuera así de simple.
