La única verdad es la realidad, era uno de los aforismos de Juan Domingo Perón, como Keynes, mucho más citado que entendido por quienes se proclaman sus seguidores. El miércoles 1° de marzo, como es norma desde la puesta en vigencia de la última reforma constitucional de 1994, el Presidente emitía su cuarto mensaje al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, ocasión en la que habitualmente se hace un balance de la gestión con logros y fracasos, pero también se anuncian los proyectos para la última parte de su gestión.
Esta vez, las críticas impiadosas no vinieron de la facción interna de su propia coalición o del mosaico opositor sino de hecho casi en simultáneo contradecían sus afirmaciones.
Poco tiempo más tarde del final de su discurso, el sistema eléctrico interconectado nacional salía de servicio dejando sin suministro a buena parte de los usuarios. Por lo que se comunicó una falla generalizada desencadenada por un incendio debajo de los cables de transmisión para preservar las unidades generadoras.
Es decir, en cuestión de minutos se pasó de proclamar el objetivo de consolidarse como una usina de exportación de energía al apagón. Los técnicos intentan contextualizar la situación explicando la naturaleza de la emergencia pero lo cierto es que este tipo de episodios desnudan una crisis mucho más estructural que un accidente.
La dialéctica del estancamiento
Hace un poco más de veinte años, la Argentina había logrado conducir con éxito la transformación de su sistema eléctrico con privatizaciones, segmentación entre generadores, transmisores y distribuidores, con una tasa de inversión envidiable para el resto de la región el precio final del kilovatio más bajo de toda América. Luego vino la gran devaluación de 2002 y, sobre todo, el manejo político de las tarifas a partir de la reaparición de la inflación y el congelamiento de precios que desfinanció al sistema, abarató el servicio para los clientes de las zonas urbanas políticamente más valiosos y, sobre todo, se hizo dependiente del auxilio permanente del Tesoro para cerrar la brecha entre los costos y los precios. Quizás esto último fue el efecto más nocivo en este proceso: maquillar la necesidad de que la tarifa refleje lo que el servicio cuesta. Que tenga efecto político no quiere decir que no contenga una racionalidad económica.
También hicieron falta unas horas para que la balacera al supermercado rosarino propiedad de la familia Roccuzzo, desmintiera la liviandad con la que se trata la violencia organizada amenaza la seguridad ciudadana y que muestra en Rosario su cara más visible. De nada sirven las palabras atildadas si un hecho muestra que los planes naufragan por su precariedad e improvisación.
Marzo se mostró siempre como un mes caliente, quizás porque la esperanzas con las que había comenzado el año empiezan a disiparse y emergen hechos que exhiben algo diferente. Un mes en que el comienzo de clases y la vuelta a la actividad normal luego de cierto receso veraniego se traduce en un índice inflacionario más alto, con las reservas monetarias esperando el oxígeno de los ingresos por la nueva campaña. Pero este año, el IPC tiene un piso mucho más alto y la sequía ya da indicios de transformar al estrangulamiento externo en el principal problema de la economía de 2023.
La larguísima enumeración de logros y los objetivos planteados anteriormente en otros discursos presidenciales de inauguración de sesiones fue siempre incompleta: para ser un verdadera herramienta de transformación faltó agregar plazos y metas cuantitativas de fácil corroboración. Lo que se mide se controla. Pero si se dificulta la medición y la alocución es para la tribuna, el objetivo buscado será el fulbito vistoso e intrascendente. Hacer que las palabras impacten en lugar de que las cosas pasen.
