Los espasmos K

El teléfono sonó temprano en la oficina del gerente de la sucursal en Buenos Aires de una importante empresa española, quien, al levantar el auricular, escuchó la voz del gerente general de la compañía, el que, desde el otro lado del Atlántico y con ansiedad, hizo una sola pregunta: “¿Nuestros depósitos bancarios en la Argentina están seguros?”. El gerente en Buenos Aires debió gastar varios minutos para convencer a su superior de que todo estaba bien.
La anécdota refleja el clima de incertidumbre que se ha instalado otra vez en la Argentina. Es un clima que no se veía desde aquellos aciagos días de 2002.
A esa incertidumbre se le ha agregado otro elemento: el miedo.
Muchos empresarios temen que el Gobierno vaya por sus empresas. El ministro de Infraestructura y Planificación Federal, Julio De Vido, puede dar cuenta de ello. Ha debido hablar con varios de ellos para tranquilizarlos. Tal vez no lo sepa pero, en algunos casos, su poder de convicción fue igual a cero. Cuando terminaron de hablar con él, algunos de esos empresarios quedaron tan preocupados como lo estaban al comienzo de sus respectivas charlas. La conclusión es muy simple: al Gobierno le creen cada vez menos.
Hubo mucho de esto en el coloquio empresarial de IDEA en Mar del Plata. El coloquio es un foro de escaso vuelo, en donde lo más significativo acontece tras las bambalinas. Y allí se escucharon esos temores y las críticas al Gobierno. Lo curioso es que algunas de esas críticas provenían de empresarios a los que se suele ver en primera fila en los actos que la Presidenta organiza en el Salón Blanco de la Casa Rosada

La situación se complica en muchos sectores de la economía.
El crédito está ausente. En la semana la tasa estaba en 20%. Imposible.
La presión sobre el dólar persiste. El viernes, el Banco Central debió vender 475 millones de dólares para contenerlo en 3,40.
En el interior las cosas se vienen complicando mucho por la actitud del Gobierno, que se está cobrando la derrota de la 125. Muchos intendentes que pertenecen al Frente para la Victoria y que le aportaron muchos votos a Cristina Fernández de Kirchner ya no callan su frustración y enojo con el matrimonio presidencial
¿Cómo se ha llegado a esto? es la pregunta que se hacen tanto aquí como en el exterior. “Es el efecto Néstor”, respondía alguien que supo ser funcionario cercano de Néstor Kirchner en aquellos días en que el ex presidente en funciones gobernaba desde la Casa Rosada.
Claro que las cosas han cambiado desde entonces; ahora, Néstor Kirchner gobierna desde Olivos.
Con él debe reunirse el jefe de Gabinete para recibir instrucciones.
Es Néstor quien llama a los funcionarios de las distintas áreas para requerir información y darles directivas.
Las discusiones en torno al valor del dólar –sobre el que hay dos posiciones dentro del Gobierno– se discuten con Néstor. En este aspecto viene imponiéndose la postura del presidente del Banco Central de no dejar escapar al dólar. De todas maneras, la situación de Martín Redrado dentro del Gobierno dista de ser cómoda.
El rol secundario de la Presidenta se va acentuando semana tras semana.
Esto produce preocupación de muchos funcionarios del Gobierno, que no coinciden con el protagonismo determinante de Néstor Kirchner.
La realidad del jefe de Gabinete, Sergio Massa, tampoco es óptima. Su relación con el presidente en funciones no pasa por su mejor momento. Su desacuerdo con la manera como Néstor Kirchner –con el acuerdo de su esposa, la Presidenta– decidió la eliminación de las AFJP es un secreto a voces. Massa coincide con la esencia de la medida pero la juzga apresurada y mal implementada. Su silencio de estos días es un indicio claro de su desacuerdo. Esto le ha generado el descontento del ex presidente en funciones como también algún distanciamiento con el titular de la Administración Nacional de Servicios Sociales (ANSES), Amado Boudou, quien, por otra parte, ha venido ganando protagonismo y el favor del matrimonio presidencial por su defensa encendida y acrítica del proyecto. Desde las cercanías de Massa se empeñan en desmentir esto. Otras fuentes cercanas a Néstor Kirchner lo confirman.
La decisión de congelar los activos de las AFJP por 1.553 millones de dólares adoptada por el juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, ha sido una complicación que, como es habitual, el Gobierno no previó. Desde el Poder le han querido restar importancia a este hecho. Pero lo cierto es que la Presidenta tuvo reuniones durante toda la jornada del viernes con el jefe de Gabinete y con el titular de la ANSES para ver cómo manejar este delicado asunto.

En el Gobierno se tenía conocimiento de la decisión judicial que pensaba adoptar el juez Griesa desde uno o dos días antes de que se hiciera pública.

El juez Griesa produjo dos fallos. Uno, el martes, por el que ordenó un embargo preventivo por 553 millones de dólares sobre los fondos de las AFJP a pedido de los fondos buitres Aurelius Capital Partners, LP, Aurelius Capital Master LTD y Blue Angel Capital. El segundo fue el viernes a requisitoria de los fondos NML Capital, LTD Y EM LTD por mil millones de dólares. Las presentaciones de los abogados de estas entidades, a las que el magistrado neoyorquino ha hecho lugar, se basan en que al haber pasado esos fondos al Estado pueden ser tomados como bienes a embargar con el fin de destinarlos al pago de la deuda que vienen reclamando.

Esta fue la razón por la que la Dra. Kirchner, en su discurso ante el plenario de presidentes de la Cumbre Iberoamericana en El Salvador –que a algunos de los asistentes les gustó poco y a otros nada–, se refirió al tema de las AFJP y dijo que lo que el Gobierno había hecho no fue una estatización de los fondos de las jubilaciones privadas sino un traspaso de su administración, y que error conceptual era producto de una distorsión comunicacional. He aquí, una vez más, un cliché de la Presidenta: la conspiración mediática.
Nota al pie: con respecto a la disquisición dialéctica, vale la pena explicar lo siguiente: está claro que lo que está en discusión en este caso no es la propiedad de los fondos sino su administración. A esto mismo hace alusión la denominación de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). Lo que el Gobierno habrá de hacer es que la administración de esos fondos ahora esté a cargo exclusivamente del Estado. Para satisfacer el preciosismo lingüístico al cual es tan afecta la Presidenta, hay que decir que la palabra estatización no figura en el diccionario de la Real Academia Española. La palabra que, según dicho diccionario, describe lo que busca el Gobierno es nacionalización, la que en su acepción tercera dice así: hacer que pasen a depender del Gobierno de la nación propiedades industriales o servicios explotados por particulares.
Desde el Poder Ejecutivo se sostiene que el dinero no es ni del Gobierno ni del Estado, sino de los aportantes. El saqueo que sufrieron las cajas de previsión, la falta de cumplimiento de lo determinado por la Suprema Corte de Justicia en relación con la movilidad jubilatoria, la cantidad de juicios ganados por miles de jubilados y pensionados cuyas sentencias nunca se cumplieron hacen que el argumento gubernamental suene a tomadura de pelo. Hay que recordar que, hasta aquí, las voces que expresan el parecer de Néstor Kirchner hablan de su negativa a conceder la inclusión de una norma que asegure la inviolabilidad de los aportes previsionales.

Sobre el proyecto que envió el Poder Ejecutivo se teje la misma trama que atravesó a la ya casi mítica Resolución 125. Los Kirchner no quieren que se les toque ni un punto ni una coma. Agustín Rossi, el jefe del bloque de diputados oficialistas, les ha hecho saber que así no pasa. Habrá modificaciones que contemplarán los pedidos de algunos sectores de la oposición. “Hoy por hoy el oficialismo tiene los votos. Sólo una enorme movilización social puede cambiar el rumbo de esa votación. Y hoy eso no se ve”, reconocía un legislador del justicialismo disidente.
“En realidad, el proyecto que más convence a varios funcionarios del Gobierno es el del radicalismo”, susurraba en voz muy baja alguien que habita cerca de los Kirchner.

En el medio de todo esto afloró, una vez más, la crisis por la falta de seguridad que, para el Gobierno, ha dejado, finalmente, de ser una sensación. En este, como en otros temas críticos, la táctica gubernamental ha sido la misma: la culpa siempre es del otro. Ahora la policía es buena y los malos son los jueces. Todo, absolutamente todo, es espasmódico en el mundo de los Kirchner.
No hay dudas de que hay jueces que han producido fallos increíbles que han puesto en la calle a gente que debió haber purgado largas penas en la cárcel. Pero los brutales asesinatos que se llevaron las vidas del ingeniero Barrenechea, del cabo Centeno y de tantos otros desnudan una realidad que no soluciona ninguna cárcel. Es la realidad de menores que a los 13, 14 o 15 años tienen en su haber padres desperdigados y ausentes, violencia familiar, escolaridad nula y la escuela de la peor calle que les quita toda esperanza. “Lo mejor que me puede pasar es que me maten”, es el testimonio de un chico de 13 años con el cual un juez de menores resumía la realidad cruel que mora en ese submundo de la exclusión y la marginalidad.
Para finalizar, un párrafo sobre el conmovedor discurso del ex presidente Raúl Alfonsín grabado en su casa el jueves pasado con motivo de recordarse los 25 años de la vuelta a la democracia en la Argentina. Dijo allí: “Es imprescindible que nos demos cuenta de que es necesario el diálogo”. Se refirió así a la necesidad de que eso ocurra tanto entre el Gobierno y la oposición, como entre la oposición en sí.
Lamentablemente, hoy estamos lejos de eso. El diálogo entre los opositores está muy trabado y lejos de confluir en un proyecto común.
El diálogo entre el Gobierno y la oposición, directamente, no existe.
Esta es una de las grandes deudas de gran parte de la dirigencia argentina con la democracia que supimos conseguir.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.