El año 2020 será recordado, entre otras cosas, como uno de los peores para las infancias y adolescencias. Las brechas existentes en el ejercicio de derechos se profundizaron y ampliaron la diferencia entre los sectores que acceden y aquellos que no.
Hoy en el país la pobreza y la falta de acceso a alimentos es uno de los problemas más urgentes, pero no el único. El acceso a la educación, al cuidado de la salud, al hábitat digno y a la protección contra toda forma de violencia también representan enormes desafíos para la gran mayoría de los niños y adolescentes del país.
Hay problemáticas que además de una firme decisión política requieren un pensamiento a largo plazo. Ni las brechas se resuelven de un día para el otro ni las estructuras sociales se recomponen mágicamente. Sin embargo, hay acciones que deben tomarse de manera prioritaria para asegurar que las contingencias actuales no impliquen coartar aún más las posibilidades de aquellos más vulnerables. La presencialidad educativa es una de ellas.
El debate pareciera estar saldado, prácticamente ya nadie duda de que el retorno a las clases presenciales es esencial para garantizar a niños, niñas y adolescentes el derecho a la educación. Múltiples organizaciones del país se han pronunciado en esta dirección, y así también lo comprueba la experiencia recolectada alrededor del mundo.
La evidencia disponible demuestra que el covid no es una enfermedad letal en niños y que tampoco ellos son vectores específicos de contagio, así como tampoco los docentes registran un mayor riesgo de contagiarse respecto de otras ocupaciones esenciales como taxistas, cajeros de supermercado o empleados de comercio. La experiencia en el mundo demuestra además que las escuelas no fueron en 2020 focos de contagio masivo ni diseminadoras del virus a la comunidad. Por el contrario, con los protocolos pertinentes las escuelas pueden funcionar como un punto de detección, testeo y rastreo temprano.
El año 2020 implicó grandes esfuerzos para toda la comunidad educativa. Para docentes, familias y para niños, niñas y adolescentes que, desde sus casas, hicieron malabares para sostener el formato virtual; pero los datos del Ministerio de Educación de la Nación son contundentes: la brecha digital, el acceso diferencial a dispositivos tecnológicos y conectividad digital no permiten garantizar aprendizajes igualitarios a estudiantes que viven en hogares que en el 52% de los casos no cuentan con una computadora en funcionamiento y el acceso a la conectividad digital tampoco está garantizado.
Trabajar para asegurar internet como servicio esencial es central, porque es la base de la garantía de múltiples derechos; pero la presencialidad escolar, con todos los cuidados necesarios, debe volver. No podemos esperar un día más. La escuela cumple un rol central e irremplazable en la protección infantil, y es un eslabón clave de la red de actores que contribuyen a que millones de niños y niñas accedan a otros derechos como la alimentación, el resguardo ante la violencia, el cuidado de la salud y el desarrollo de habilidades sociales fundamentales. La falta de escolaridad presencial impide el desarrollo integral a la vez que genera mayor déficit de aprendizaje en un país que ya antes de la pandemia estaba marcado por la desigualdad. El derecho a la educación no puede estar sujeto a los enormes esfuerzos de docentes, familias y alumnas/os. Debe ser una prioridad del Estado y de las voluntades políticas.
Para seis de cada diez niños que viven en nuestro país, crecer es un ejercicio de supervivencia diario. Como sociedad tenemos el deber de darle prioridad a un sector por años postergado. Es vital que el Estado comprometa políticas públicas que prioricen el cuidado, el desarrollo integral y la protección de cada niño/a o adolescente, y la presencialidad educativa es un paso clave en esta dirección.
*Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina.
