El Juicio a las Juntas constituye el hecho más importante de la Argentina en materia de derechos humanos desde 1983 hasta hoy. Representó una decisión política en búsqueda de verdad y justicia.
El 13 de diciembre de 1983, a tres días de haber asumido la Presidencia de la Nación, Raúl Alfonsín firmó los decretos 157 y 158. El primero ordenaba enjuiciar a los dirigentes guerrilleros de ERP y Montoneros. El segundo disponía el procesamiento de quienes condujeron el Proceso de Reorganización Nacional desde el 24 de marzo de 1976 hasta la finalización de la Guerra de Malvinas. En este punto se destacaron los aportes teóricos de Carlos Nino y Raúl Borrás.
Al mismo tiempo, Alfonsín dispuso la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. El cuerpo tenía por finalidad relevar, documentar y registrar casos y pruebas que acreditaran delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. En este marco, resultó determinante el trabajo de Graciela Fernández Meijide, encargada de recibir las denuncias.
El 20 de septiembre de 1984, con 70 mil personas colmando Plaza de Mayo, Ernesto Sabato, presidente de la Conadep, entregó al jefe de Estado un informe de cincuenta mil fojas, el célebre Nunca Más. El documento contabilizó 8.960 casos de personas desaparecidas. Estimaciones posteriores elevaron la cifra a 30 mil, un hecho escalofriante e inédito en el mundo.
Las audiencias públicas del Juicio a las Juntas se extendieron entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. En esa instancia declararon 832 testigos. El 18 de septiembre el fiscal Julio César Strassera, acompañado por su adjunto Luis Moreno Ocampo, realizó el alegato correspondiente.
El 9 de diciembre de aquel año la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal condenó a los acusados. El veredicto corrió por cuenta de Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanian, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio. Los jueces sentenciaron a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua; Roberto Eduardo Viola recibió una pena de 17 años de prisión, Armando Lambruschini 8 y Orlando Ramón Agosti 4 años. En clave histórica, hay varias acciones posteriores cuestionables: las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Alfonsín; los indultos de Menem; la designación de César Milani como jefe del Ejército ordenada por Cristina Fernández y la sobreactuación del kirchnerismo en materia de derechos humanos. También la híbrida mirada del gobierno actual en torno a esta temática. Aun así, la Argentina es el único país de América Latina que juzgó y condenó a los responsables del terrorismo de Estado. Al plantear la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, el proceso judicial sentó las bases de los juicios vigentes.
Por estas horas, sin embargo, la realidad es compleja. Mientras las especulaciones políticas sobre la desaparición de Santiago Maldonado se conjugan con la partidización de los organismos de derechos humanos, emerge una velada apuesta a la violencia, organizada por grupos marginales pero muy activos. Entonces, es posible que, a caballo de demandas sectoriales, el clima de presión y zozobra trascienda las elecciones de octubre, cobrando centralidad hacia fin de año, e incluso más allá.
Ante esto, todos los sectores democráticos deben aunar esfuerzos para reparar y recuperar el hoy dañado consenso general surgido hace 34 años: convivencia pacífica, diálogo, tolerancia y justicia. Dicha tarea, al igual que el Juicio a las Juntas, supone dar una vez más otra batalla cultural contra el autoritarismo.
*Lic. en Comunicación Social (UNLP).Miembro del Club Político Argentino.
