Julio de 1996. Roque Maccarone andaba preocupado. Había recibido la orden más compleja y polémica. Y de parte de su siempre admirado Carlos Menem. El presidente le indicó que debía avanzar una idea que siempre le había negado que sucedería, pero que ahora sí se haría realidad: privatizar el Banco Nación que él presidía. Maccarone, como presidente de la entidad, tenía que abrir el banco a los auditores que llegarían en secreto a bucear en sus números; y, finalmente, fijar un precio que sería el de la venta. La orden incluía la más absoluta discreción, ya que la estrategia debía repetir la transformación en sociedad anónima a través del Decreto 2778/90, movimiento que sorprendió al mercado y resultó luego la punta del iceberg de la credibilidad que Menem logró conseguir en los mercados. Sin embargo, la historia no se repitió con el Banco Nación. El 96 no era el 90, y el apoyo al menemismo ya no era el mismo que al comienzo de su gestión. Al menos para avanzar en privatizaciones complejas como las del Banco Nación.
Maccarone finalmente no pudo siquiera avanzar en la orden que le había dado el presidente, la intención de la privatización se filtró, Menem debió negar la idea para no terminar de complicar el frente político interno y finalmente el proyecto se olvidó por un motivo excluyente: todo debía salir por ley del Congreso. Y Menem no podía garantizar mayorías.
Junto a YPF, es de las pocas empresas que pueden ser consideradas “joya de la abuela”
Enero de 2001. Fernando de la Rúa mantenía un trabajoso acuerdo político dentro de una Alianza que ya estaba en proceso de demolición, y que llevaría finalmente a su caída 11 meses después. Su ministro de Economía, José Luis Machinea, le transmitió en diciembre de 1999 que para poder mantener vigente el stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debía convertir al Banco Nación en una sociedad anónima con acciones mayoritarias en poder del Estado y abrir el paquete accionario a la cotización pública en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y que una vez terminado este proceso, debía iniciar un cronograma de privatización, que debía cumplir un año después. Y que el plan tenía que incluir una ley del Congreso para darle sustentabilidad. De la Rúa preguntó la opinión de su ministro, y Machinea fue sincero: no creía que el radicalismo acompañara semejante propuesta ni que políticamente pudiera ser sostenible en el tiempo. No se lo dijo de manera directa, pero el ministro consideraba que ni De la Rúa ni su gobierno serían capaces de sostener en el tiempo un conflicto social en el que la privatización del Nación fuera baluarte de una eventual revuelta popular. El proyecto nunca llegó al Congreso.
El FMI, en aquellos tiempos de Anne Krueger, dictaminó internamente que el caso Argentina estaba perdido (retiraría oficialmente su apoyo en noviembre 2001), Machinea renunció en marzo al Ministerio de Economía, vendría una minigestión fallida de Ricardo López Murphy, asumiría Domingo Cavallo, quien intentó volver con la idea de la privatización del Banco Nación en combo con la AFIP y el país terminaría en llamas a fines de ese año.
Diciembre 2023. Javier Milei presentó en sociedad en su primera cadena nacional su ya famoso DNU 70/2023, en el que en unas 80 páginas impresas en A4 y en unos 366 artículos, el Ejecutivo plantea no solo un plan económico o un programa de gobierno. Es algo más. Un cambio cultural en la vida comercial, financiera y fiscal de la Argentina. Uno de esos capítulos, el Título III, en el que se explican las ideas de reforma del Estado donde se avanza en la creación de “sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria”, que pasan a estar sujetas dentro de la Ley General de Sociedades 19.550 y, en consecuencia, podrían ser privatizadas. El proceso de reconversión en sociedades anónimas no podrá demorar más de 180 días luego de publicado el DNU (salvo suspensiones judiciales o que el Congreso lo anule), y luego de ese período, podría comenzar el proceso de privatización de esas entidades. No se menciona ninguna de las empresas en el texto del DNU, y Milei solo hizo referencia a Aerolíneas Argentinas.
La consulta al corazón del mundo Milei responde, sin embargo, que la interpretación del decreto debe ser tomada de manera amplia, incluyendo el Banco Nación. Las “altas fuentes” van más allá y afirman que la mayor entidad financiera del país es una de las principales sociedades que están en la mira privatizadora por una razón algo obvia.
Es con YPF, casi la única de las empresas hoy en propiedad del Estado que pueden ser consideradas como “joya de la abuela”, el leitmotiv de los años menemistas cuando se vendieron EnTel, Segba, Obras Sanitarias, Aerolíneas Argentinas y, luego, YPF, entre otras empresas públicas.
Nadie se atreve a dar una cifra del valor estimado de una operación de venta del Banco Nación
La entidad financiera, a diferencia de otros proyectos complejos como las eventuales privatizaciones de Canal 7, Télam, Radio Nacional, Aysa o similar, es el principal actor en su mercado. El Banco Nación es el líder indiscutido del sistema financiero argentino. Cuenta con 739 sucursales a lo largo del país, 16 sucursales electrónicas y dos sucursales sin contabilidad propia, 34 puestos de promoción, una oficina administrativa, tres sucursales móviles y su casa central. Tiene cuatro sucursales en el exterior (Nueva York, Madrid, Montevideo y Santa Cruz de la Sierra), tres agencias (Miami, San Pablo y Asunción), tres subagencias en Paraguay (Concepción, Encarnación y Villarrica), un centro de atención al cliente en Paraguay (Villa Morra) y una oficina de representación en China (Beijing). Prácticamente monopoliza las operaciones de comercio exterior. Mantiene operativos unos 2.793 cajeros automáticos. Se estima que tiene activos unos siete millones de clientes, es luego de YPF la principal empresa del país en facturación; duplica en operaciones a su inmediato seguidor privado (el Santander) y duplica en activos al Banco Provincia, la segunda entidad en el ranking.
Nadie se atreve hoy a dar una cifra del valor estimado sobre el que se puede aventurar una operación de venta del Nación, pero algún que otro consultor interesado habla de no menos de 4 mil millones de dólares, cifra que podría incrementarse en un país más expansivo con un sistema financiero en crecimiento. Se dice que Milei no lanzó el tema al debate por capricho o ideología. Sabe el Presidente que hay candidatos potenciales a interesarse en la operación. Incluso algún que otro empresario argentino, que tiene su actividad en la frontera del sistema financiero. Y que es rechazado permanentemente por los bancos y banqueros tradicionales. ¿Una pista? Fue uno de los primeros en felicitar la aparición del DNU.
