El “modelo” económico que comenzó a construirse tras los escombros de la convertibilidad, a principios de 2002, sentó las bases macroeconómicas para el inicio de un sendero sostenido de crecimiento y redistribución que debía sustentarse en permanentes ganancias de productividad agregada.
Las condiciones estuvieron dadas, pero la falta de visión estratégica del actual gobierno frustró, o al menos postergó, la histórica oportunidad heredada. Hoy, a más de un período y medio de gestión, no sólo lamentamos la permanencia en esta especie de “itinerario inconcluso” de la Argentina, sino que observamos que los tres pilares básicos de ese “modelo” han iniciado un proceso de marcado deterioro.
El imprudente e ineficiente manejo del gasto público ha hecho perder la disciplina fiscal y con ella el superávit existente; la elevada y creciente inflación con insuficiente inversión productiva deteriora la competitividad del tipo de cambio. Este deterioro, sumado a una inexplicable política comercial, plantea un interrogante sobre la situación futura de la balanza comercial que –aunque aún robusta– hoy sólo financia la fuga de capitales. En síntesis, ya no existen los superávits “gemelos” y el tipo de cambio no es tan alto.
No caben dudas de que la solución a los desajustes macroeconómicos que hoy enfrentamos, y que tienen en la inflación, la falta de inversiones y la injusta distribución del ingreso su expresión más contundente, exigen un conjunto de políticas e incentivos de diseño y ejecución coordinados. No obstante, y a riesgo de caer en una trampa reduccionista, en lo que sigue de estas reflexiones quisiera poner énfasis en el tema fiscal, porque lo considero el primer pilar derrumbado.
El gobierno nacional ha construido y ejercido poder mediante un sistema de concentración de recursos fiscales en su propia caja. Bien conocidas eran las permanentes consultas efectuadas desde la máxima conducción del Estado sobre la situación del Tesoro nacional. Inicialmente, esta conducta confundió a los analistas, quienes entendían que se trataba de un acto de responsabilidad fiscal. El tiempo y las circunstancias han puesto en claro que la preocupación era de índole política, y que aquello que se entendía como una virtud pasó a ser la causa principal de los desaciertos en la materia.
Como se verá, la mayoría de estos errores fueron la resultante de pretender mantener –con gasto siempre en crecimiento– un importante y concentrado nivel de caja, cualquiera fuera el contexto. Se trataba, sin más, de una cuestión de poder político y no de disciplina fiscal.
Sin pretender hacer una enumeración taxativa de los desaciertos que convirtieron en déficit lo que fuera superávit, mencionaré los que considero de mayor relevancia: No se comprendió la necesidad de mantener un alto nivel de superávit como una estrategia para reducir la deuda y mantener elevado el tipo de cambio sin generar tensiones sobre la política monetaria que debía instrumentar el Banco Central. El costo aproximado de este error fue una pérdida equivalente a cinco puntos del PIB en seis años. El superávit financiero en 2004 era 2,6%, y el déficit estimado –con prudencia– para este año supera el 2,5%.
No se manejó el gasto público con un criterio anticíclico. En los años de alto crecimiento de la actividad económica y de la recaudación debió constituirse un fondo de reserva fiscal (anticíclico) que permitiera financiar, alternativamente, una reforma tributaria o el Presupuesto en los años de desaceleración en los ingresos. Contrariamente, en los últimos cinco años el gasto real creció el 16% más que el PIB y los recursos.
No se impulsó una política tributaria en favor de la inversión y una mejor distribución del ingreso. Se consolidaron impuestos distorsivos, tales como el impuesto a los débitos y créditos bancarios; se aumentaron gravámenes –como las retenciones a las exportaciones– que, administrados sin criterio de eficiencia económica y con exclusivo objetivo recaudatorio, sólo consiguieron desincentivar la producción y las inversiones. Tampoco se hicieron modificaciones a exenciones largamente postergadas en el impuesto a las ganancias.
Se regresó a la vieja y mala práctica de financiar gasto público con impuesto inflacionario al transferir al Tesoro nacional –en concepto de ingreso corriente– utilidades no realizadas del Banco Central. Los giros que por este concepto pueden realizarse durante este año son equivalentes a un nuevo “Fondo del Bicentenario”.
Se ha creado una forma de imposición sobre los trabajadores y los jubilados. El Tesoro nacional toma como ingreso corriente las utilidades que genera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses que deberían capitalizarlo. Esta es una apropiación indebida, ya que este fondo se sustenta –además de los impuestos afectados– de los aportes y contribuciones de los trabajadores, y su finalidad es hacer frente a los compromisos que demandan las futuras jubilaciones.
Finalmente, al no tener –por propios desaciertos– acceso a los mercados voluntarios de capitales, se acude a los peores mecanismos de financiamiento: las reservas del Banco Central, excedentes de la Anses, del PAMI, de los depósitos privados en el Banco Nación y de toda otra caja con liquidez dentro del sector público.
Sobran muestras en nuestra historia sobre las consecuencias de un erróneo manejo fiscal y abundan las recomendaciones de destacados economistas al respecto. Vale citar, como ejemplo, las afirmaciones del Nobel Joseph Stiglitz, quien en Economía del sector público, sin ignorar las consecuencias negativas de los ajustes fiscales, destaca que “la financiación mediante déficit provoca una reducción de la inversión y, a largo plazo, de la producción y el consumo”.
Más recientemente, y a propósito de la eurocrisis, el economista Nouriel Roubini considera que “si no se abordan los desequilibrios fiscales mediante reducciones de gastos y aumentos de ingresos, sólo quedan dos opciones: la inflación para los países que pueden monetizar sus déficits; o la quiebra para los países que se endeudan en divisa extranjera”.
Si el Gobierno pusiera el mismo énfasis que utiliza al criticar ajustes ajenos en evitar las causas que, tarde o temprano, provocan el propio, podríamos avizorar mejores perspectivas. Si no lo hace, es hora de que la oposición política que tenga vocación de sucederlo vaya tomando cuenta de las actuales inconsistencias para consensuar la agenda futura.
