Al momento de asumir, el actual intendente de la ciudad de La Plata desoye un informe del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de La Plata que, de manera drástica y sin titubeo, constata que el sistema de evacuación de excedentes pluviales del arroyo El Gato era insuficiente, aun para tormentas de baja magnitud. Las inundaciones en la zona norte de la ciudad, provocadas por las intensas precipitaciones de enero de 2012 que colapsaron el sistema de desagüe, suscitaron la lógica preocupación de vecinos y autoridades. El estudio encargado a la facultad prontamente advirtió que una red de desagües proyectada con leyes de precipitaciones distintas a las actuales empeoraba por la progresiva extinción del suelo permeable; tampoco ayudaba la falta de limpieza y mantenimiento de la red, que por acumulación de depósitos veía restringida su capacidad de evacuación. Sin embargo, conocer la gravedad de la situación no persuadió a nuestras autoridades de actuar de manera consecuente con las recomendaciones presentadas por el informe.
La búsqueda de respuesta a la problemática planteada, la planificación y la previsión, que debieron ser obligaciones por parte del Estado municipal y provincial en relación no sólo con el sistema de desagüe sino con el desarrollo de la ciudad y el bienestar de sus vecinos, fueron descartadas. Se alentó en cambio un proceso de urbanización extrema sin renovación de la infraestructura de servicios conforme a las densidades propuestas.
De esta manera, la planificación original con la que fue concebida La Plata cedió, como en otras ocasiones, ante las improvisaciones y las respuestas coyunturales. La ciudad extendió sus límites de manera desordenada. El avance desmedido del mercado inmobiliario junto con la falta de intervención del Estado o con la intervención equívoca del mismo provocaron el desguace patrimonial y ambiental que cierta clase dirigente promueve de manera irresponsable como sinónimo de crecimiento y prosperidad, y que hoy estamos padeciendo. Al mismo tiempo, los edificios construidos o ampliados por la Universidad Nacional y por los clubes deportivos en el Paseo del Bosque provocaron la urbanización de este singular espacio público, agravando aun más la emergencia ambiental y patrimonial.
La tragedia que nos enluta no se explica con argumentos reducidos, sino desde una sumatoria de causas, algunas francamente imposibles de prever; pero sin dudas la responsabilidad de los organismos públicos, en tanto ejecutores de políticas de desarrollo urbano, es insoslayable. Si bien es cierto que al gobierno municipal se le delega la gestión integral del territorio, existen también responsabilidades compartidas por inacción y falta de cooperación de los gobiernos provincial y nacional. En este marco, sectores vinculados con la especulación lograban en 2010 la sanción del discutido Código de Ordenamiento Urbano por el Concejo Deliberante. Esta norma constituyó un retroceso de varias décadas y colocó a La Plata en una posición paradójica: una ciudad reconocida por su rico patrimonio que parece empeñada en destruirlo. Fueron pocas las instituciones que alzaron su voz durante este festival de construcciones, ausencias de infraestructuras y carencia de planificación; la mayoría de éstas vinculadas a las asociaciones civiles y a vecinos que se organizaron y salieron con firmeza a defender lo que consideran derechos básicos del ser humano: el derecho a la ciudad, a la identidad y a la memoria; a salvaguardar el valor esencial de La Plata: la calidad de vida de todos sus habitantes.
Poner la solución sólo en las grandes obras de infraestructura es hacerles el juego nuevamente a los sectores económicos que ocasionaron grandes daños a la ciudad, y que luego promueven soluciones costosas a cargo de las mismas empresas constructoras. El Estado tiene que retomar la visión estratégica y repensar la ciudad desde una visión integral, estimulando la prevención y promoviendo una urbanización responsable para lograr un desarrollo sostenible; promoviendo la participación de todos los sectores y entendiendo que el patrimonio cultural y el cuidado del ambiente son activos que deben ser protegidos para el disfrute de las siguientes generaciones.
*Arquitecto, ex director de Cultura de la Municipalidad de La Plata.
