“Supongamos que usted juega a ese jueguito en el que van cayendo los caramelitos. El Candy Crush. Compra vidas, pone su tarjeta de crédito y a fin de mes, o cuando vence su resumen, le llega el monto debitado en su tarjeta. Usted no está recibiendo ninguna factura”. La frase, del titular de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Carlos Walter, refleja el ímpetu impositivo de la Ciudad tras la extensión del cobro de Ingresos Brutos a servicios como Netflix.
Esa dedicación no es para todos por igual. A fines de 2013, la Legislatura porteña aprobó en un debate exprés el acuerdo que modificó el convenio del juego y que condonó más de $ 1.000 millones en impuestos adeudados por las salas de juego y apuestas de caballos de Cristóbal López en el Hipódromo de Palermo y los casinos flotantes.
El acuerdo fue insólito: se estableció cobrar un canon “especial” del 3% a las ganancias de las tragamonedas y las carreras de caballos desde 2014 (unos $ 350 millones al año) pero, a cambio, se perdonó la deuda millonaria en concepto de Ingresos Brutos impaga por los últimos cuatro años.
La decisión se frenó en la Justicia tras la presentación del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. La cautelar detuvo la aplicación de la cláusula 3.2 del convenio suscripto y aprobado por los ediles. Pero como suele suceder cuando hablamos del negocio del juego, siempre hay una salida para no detener la rueda de los billetes.
Y así fue como el gobierno de Mauricio Macri solicitó a la jueza Elena Liberatori “la citación de Lotería Nacional SE como tercero interesado, por entender que, habiendo suscripto la Addenda cuestionada y el convenio original, la controversia le resulta común”. Sin embargo, en febrero, la magistrada rechazó la petición alegando que “el único agravio que podría advertirse se refiere al reclamo que eventualmente pudieran hacerle sus concesionarios; claro está en caso de que éste finalmente resultara favorable a dichos operadores. A todas luces, resulta un planteo absolutamente conjetural y sin actualidad”. Se argumentó también que la ley de amparo local prohibía que intervinieran terceros porque se trataba de una cuestión netamente local.
Tras la decisión, llegaron a segunda instancia tres expedientes: el principal, con la sentencia definitiva, un incidente con la cautelar y un segundo incidente con la apelación por el rechazo de la intervención de Loterías. En el expediente principal, la fiscal de cámara dictaminó que debía rechazarse el recurso de apelación del Gobierno y confirmarse la sentencia de primera instancia.
El 15 de agosto, en segunda instancia, la Sala II, con la firma de la jueza Mariana Díaz y la adhesión de Fabiana Schafrick, declaró todo el proceso nulo de nulidad absoluta porque no intervino Lotería Nacional.
Es decir que ya podría ponerse en funcionamiento el polémico proyecto, pero Gil Domínguez adelantó a PERFIL que apelará en los próximos días la decisión judicial: “Mi capacidad de asombro en la Justicia argentina no tiene límites cuando se trata de controlar al poder”.
Según los cálculos del diputado nacional por UNEN y ex legislador porteño Fernando Sánchez, la Ciudad perdió, por no haber logrado cobrar Ingresos Brutos, entre $ 150 y $ 250 millones por año, más intereses y punitorios. “En los últimos cuatro años, sólo de Ingresos Brutos se podrían haber cobrado entre $ 800 y $ 1.000 millones”. Y eso, con la nueva ley, queda cancelado.
*Redactor de Perfil.com y coautor, junto a Federico Poore, de El poder del juego (Aguilar).
