El próximo 3 de agosto comenzará en la Cámara del Crimen de Villa Dolores el juicio oral contra Oscar Félix González, dirigente con peso propio dentro del peronismo en Córdoba y expresidente provisorio de la Legislatura provincial. El debate se extenderá hasta el 27 de agosto, casi cuatro años después de la tragedia vial que lo tuvo como protagonista.
El hecho ocurrió el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres, en un tramo serrano identificado como paraje Niña Paula, cercano a Mina Clavero. González conducía una camioneta BMW X1 en sentido Córdoba-Mina Clavero cuando, según la pericia oficial, se cruzó de carril e impactó de frente contra un Renault Sandero.
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Al volante de ese auto iba la docente Alejandra Bengoa, quien se dirigía hacia la ciudad de Córdoba junto a su hija Marina y una amiga de esta, Alexa, ambas sentadas en el asiento trasero. Bengoa murió en el acto. Marina logró recuperarse sin secuelas, pero Alexa quedó parapléjica producto del choque.
La pericia de la Unidad Judicial de Accidentología Vial reconstruyó los segundos previos al choque frontal: Bengoa había cruzado la doble línea amarilla instantes antes para sobrepasar a un camión, maniobra que ya habían hecho otros dos vehículos que circulaban delante de ella. El informe agrega que González también había sobrepasado a otros autos durante su recorrido por la ruta serrana, según el relato de testigos, y que las velocidades registradas al momento del impacto fueron de 74 km/h para la docente y de 87 km/h para el exlegislador.
Una imputación que no acompañó la tendencia
Con esos elementos, la fiscal Analía Gallaratto pidió elevar la causa a juicio. Para la funcionaria, González actuó con imprudencia o negligencia y deberá responder como supuesto autor de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, la misma calificación con la que finalmente llega al debate oral.
La decisión contrasta claramente si se la compara con lo que ocurre en otros expedientes viales que tramitan en tribunales de la Capital y del interior provincial. En los últimos meses, varias fiscalías vienen optando por agravar la calificación legal a homicidio simple por dolo eventual en casos con patrones similares: conducción a alta velocidad, maniobras riesgosas y, en algunos casos, alcohol en sangre.
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El fiscal Ricardo Mazzucchi lo hizo con el policía Fernando Reynoso en Villa Carlos Paz; Mónica Biandrate, con el conductor que mató a una agente en la ruta 9 a la altura de Oliva; Lourdes Quagliatti, con el joven que protagonizó un choque fatal doble en la Capital; y Andrés Godoy había recurrido antes a la misma figura en la ruta 19.
El caso más resonante en esa lista sigue siendo el de Alan Amoedo, único condenado en Córdoba por dolo eventual en un siniestro vial: atropelló y mató a dos personas y dejó inválida a una tercera en la avenida de Circunvalación en mayo de 2021, año y medio antes de la tragedia de las Altas Cumbres. La Justicia consideró entonces que Amoedo se había representado el riesgo de provocar una desgracia y decidió seguir manejando de todos modos; un testigo declaró que días antes lo había visto conducir alcoholizado y le había advertido sobre las consecuencias de esa conducta. El Tribunal Superior de Justicia ratificó su condena a nueve años de prisión.
Que el hecho protagonizado por González sea posterior al de Amoedo, y que la Justicia cordobesa ya contara entonces con ese antecedente, alimenta el interrogante sobre por qué en su caso la instrucción no avanzó por el mismo camino que empezó a consolidarse después en otras fiscalías.
La versión de González y el reclamo de la querella
En su declaración ante la fiscal Gallaratto, González dijo no recordar los instantes previos al choque y negó haber invadido el carril contrario para adelantar a otro vehículo. Sin perjuicio de esa negativa, admitió sentirse responsable por lo sucedido: llegó a decir que habría dado su vida por haber sido él quien sufriera la tragedia final.
Entre la culpa, el dolo y el pedido de justicia
La querella, que representa a la familia de Bengoa y a las víctimas sobrevivientes, no comparte la calificación con la que González llega a juicio. El abogado Emiliano Binante adelantó que durante el debate oral buscará reformular la carátula hacia homicidio simple bajo la modalidad de dolo eventual, un cambio que no es solo semántico: la pena pasaría de un rango de cumplimiento condicional a una escala que habilita la prisión efectiva. Si la maniobra prospera, González podría terminar detenido; si el tribunal mantiene la calificación de homicidio culposo, la pena rondaría los tres años y no implicaría cárcel.
Antes de que se fijara la fecha del debate, la defensa del exlegislador había intentado una salida alternativa mediante una reparación económica a las víctimas, propuesta que no prosperó.
Un dirigente con otros frentes judiciales abiertos
El juicio por la tragedia de las Altas Cumbres no es el único proceso que pesa sobre González. El exlegislador también está bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, causas que corren en paralelo y que refuerzan el interés público en la forma en que se resuelva, además de la responsabilidad penal por el siniestro vial, la discusión sobre si su conducta al volante debió encuadrarse desde el inicio en una figura más gravosa.
Con el debate a menos de tres semanas de comenzar, el caso González quedará bajo la lupa no solo por el resultado del juicio en sí, sino por lo que exhibe respecto de los criterios dispares con los que la Justicia cordobesa viene tratando a automovilistas involucrados en tragedias viales, según el peso político o el momento procesal en que a cada uno le tocó ser juzgado.
