Mientras la UCR de Córdoba ingresa en una nueva etapa de tensión por la conducción partidaria, las miradas también se posan sobre el funcionamiento del Tribunal de Conducta, otro de los ámbitos donde se refleja la disputa interna entre el oficialismo alineado con Rodrigo de Loredo y los sectores opositores.
La discusión transcurre en paralelo a la convocatoria del Congreso partidario para el próximo 11 de julio, donde el núcleo de poder referenciado en De Loredo buscará aprobar la prórroga de los mandatos de la conducción encabezada por Marcos Ferrer. Frente a esa estrategia, los sectores críticos ya anticiparon que, si la iniciativa avanza, recurrirán a la Justicia para insistir con las elecciones internas.
El plenario del Congreso se realizará de manera virtual, una modalidad que tampoco pasó inadvertida dentro del radicalismo. El argumento formal es facilitar la participación de congresales de distintos puntos del territorio provincial, aunque desde sectores opositores deslizan otra lectura: "Ya ni siquiera se ven cara a cara", ironizó un dirigente radical, como síntesis del nivel de tensión interna.
En ese escenario, el Tribunal de Conducta aparece como otro capítulo de la pulseada partidaria. Sectores no alineados con De Loredo advierten sobre una demora en la resolución de distintos expedientes y cuestionan la falta de voluntad política para emitir sanciones contra dirigentes que se alejaron de los principios partidarios y se sumaron a La Libertad Avanza (LLA). Por otro carril transitan los casos de radicales que se incorporaron al armado del cordobesismo de Martín Llaryora.
El órgano disciplinario de la UCR con tonada está integrado por: Juan Villa Peñaloza, Melina Garetto, Héctor Cugat, María Fernanda Pérez Ale y Carlos Felpeto.
Entre los expedientes que debe analizar el tribunal figuran pedidos de expulsión contra los concejales de Río Cuarto Gabriel Abrile y Ana Laura Vasquetto, además de la presentación contra el intendente de Tanti, Emiliano Paredes, quien integró en 2025 la lista de candidatos a diputados nacionales del peronismo encabezada por Juan Schiaretti.
Radical con peluca
Sin embargo, el expediente que concentra la mayor tensión interna es el presentado por el sector alfonsinista de Identidad Radical contra Soledad Carrizo. La dirigente radical, que forma parte de la mesa política de La Libertad Avanza en Córdoba, quedó en el centro de la disputa luego del pedido de expulsión por presunta inconducta e indisciplina partidaria.
Carrizo, además, ocupa un cargo nacional en el INAES dentro de un gobierno de signo político diferente al radicalismo y participa del armado libertario con una función política concreta: acercar intendentes y dirigentes radicales al espacio encabezado por la fuerza violeta en Córdoba.
La presentación fue realizada por Martín Lucas (IR), quien además solicitó la renuncia de Carrizo como delegada provincial ante el Comité Nacional de la UCR. En su planteo, cuestionó que la dirigente haya solicitado autorización partidaria para ejercer una función dentro de un gobierno de signo político diferente al radicalismo después de haber asumido el cargo, y no previamente.
"Se advierte al Tribunal que el daño al partido ya está configurado. Aun así, a sabiendas por la denunciada de la iniciación de la presente denuncia, maliciosamente gestiona una posterior autorización al Comité Provincia, pues la autorización debe ser solicitada en forma previa y no con posterioridad al hecho consumado de su designación frente al INAES", argumentó el dirigente alfonsinista.
Otra pulseada interna
La disputa por el expediente Carrizo también está atravesada por la discusión de poder dentro de la UCR. Como ocurre en otros órganos partidarios, el sector de De Loredo y sus aliados cuentan con mayoría dentro del Tribunal de Conducta.
Desde sectores opositores sostienen que esa correlación de fuerzas condiciona cualquier resolución de fondo y apuntan que el oficialismo partidario evitará avanzar con expulsiones o sanciones contra dirigentes vinculados al espacio libertario porque necesita preservar esos votos para sostener su posición dentro del Congreso partidario.
"Necesitan los votos para el Congreso", razonó un radical opositor al deloredismo. De este modo, la interna radical cordobesa queda atravesada por dos disputas simultáneas: el control de la estructura partidaria que definirá las alianzas electorales hacia 2027 y la discusión sobre el posicionamiento frente al factor Milei. Aunque el espacio de De Loredo conserva la mayoría interna, la variable libertaria condiciona cada movimiento dentro del tablero opositor cordobés.
