Guardia Urbana: fondos, competencias y adicionales, ejes de la demanda de intendentes opositores

Tras la sanción –con polémica– de la nueva Ley de Seguridad Pública, allá por el 20 de diciembre del año pasado y un día después de que el gobernador Martín Llaryora la promulgara, la cartera de Seguridad a cargo de Juan Pablo Quinteros viene trabajando en territorio para sumar adhesiones de municipios y comunas. El eje del entendimiento pasa por la implementación de las Guardias Urbanas locales que serán auxiliares de la Policía en materia de seguridad. 

La ola creciente de hechos de inseguridad y la demanda vecinal en aumento, puso a los intendentes y jefes comunales en la tarea de dar respuestas, pese a que la seguridad es de competencia provincial. 

No obstante, no hay margen para esquivar el problema que se ubica al tope del reclamo de los vecinos. En distintos puntos de la geografía cordobesa se observan dispositivos locales de prevención y disuasión que funcionan en territorio. 

Según la Provincia, las adhesiones vienen a buen ritmo, aunque persisten dudas entre los intendentes no oficialistas de cómo será la transición hacia las Guardias Urbanas que establece el nuevo Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. 

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Fondos, competencias y operatividad con la Policía aparecen entre los interrogantes que más se escuchan en los foros de discusión de los jefes territoriales con autoridades provinciales. Además, los jefes comunales que no son del palo del PJ demandan conocer la letra chica de la norma que debe reflejarse en la reglamentación que aún está pendiente. Esta es la razón –en algunos casos– de por qué no han adherido a la normativa impulsada por Quinteros. 

Hay un punto controvertido de la ley en el que hacen foco intendentes de signo opositor. Por los servicios de adicionales de la Policía, las gestiones locales deberán pagar un 30% más “para solventar gastos de logística y operacionales que demanden la prestación del servicio”.  A la queja de algunos opositores de que el Gobierno provincial “le traslada el problema de la inseguridad” a los municipios, se suma el reclamo –por lo bajo– de que esto “busca desestimar” la contratación de adicionales policiales (un recurso escaso) y que se deba recurrir a los servicios de empresas de seguridad que en su mayoría son de expolicías. 

Por su parte, en la cartera de Seguridad indican que la intención de adhesión es alta, alrededor del 90%, según un informe. Hasta el momento, son 131 los municipios y comunas (de 427) que suscribieron el convenio con la Provincia, lo que representa el 62% de la población global. En El Panal afirman que “se va por buen camino”. 

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Casos locales
Las nuevas Guardias Locales de Prevención y Convivencia (GLP), no tienen estatus policial, por lo cual el rol se limita a la prevención y la disuasión en el ejido municipal. ¿Qué funciona actualmente?

La Falda. El dispositivo se conoce como Protección Ciudadana, el cual funciona en base al programa Ojos en Alerta, una herramienta diseñada por el municipio bonaerense de San Miguel. Hay cuatro móviles municipales que funcionan con cámara, balizas y GPS. La guardia es 24 horas y se dispone de una sala de monitoreo de más de 150 cámaras. 

Este esquema local incorpora un policía adicional las 24 horas que va en el móvil de Protección Ciudadana. Esta medida "funcionó muy bien", señaló el intendente Javier Dieminger a PERFIL CÓRDOBA.

Con la nueva ley “hay cosas que hay que aceitar en este proceso" de transición, apuntó. "Es bueno que todos apoyemos la lucha contra el flagelo que hoy está sufriendo no solo Córdoba sino todo el país", afirmó el radical, quien pidió que "la reglamentación de la ley sea clara", teniendo en cuenta su impacto en las ciudades grandes.

Alta Gracia. El sistema local viene funcionando con tres móviles equipados. Con la adhesión a la ley provincial, se sumará la Guardia Urbana que tendrá como zona de intervención el casco céntrico. El nuevo esquema de Seguridad Ciudadana dividirá al distrito en cuatro cuadrantes a cargo de un comisario retirado por cada sector, quien será el encargado de la comunicación directa con la Policía. 

Con este dispositivo se aplicará un móvil con personal municipal por cuadrante. Ya hay 45 alarmas comunitarias y unas 100 cámaras instaladas. "La idea es seguir avanzando en ese sentido", declaró el intendente Marcos Torres. Y anunció que habrá "retenes en todos los egresos de la ciudad". Funcionarán de lunes a lunes, en doble turno, de forma aleatoria en el horario.

“La nueva ley aporta la posibilidad de articular mejor con las fuerzas de seguridad. Las armas no letales, con personal capacitado, dotarán de mayor autoridad a las guardias locales en su poder de acción”, dijo. Según Torres, el objetivo es "seguir articulando con más recursos".

Jesús María. Desde hace 10 años, el municipio cuenta con una Guardia Urbana Municipal. Son 18 agentes que trabajan ejerciendo el poder de policía municipal (tránsito, control de obras privadas, derroche de agua u otro tipo de infracción a los códigos municipales), sumado a alguna colaboración que tiene que ver con patrullaje, siendo un complemento de la Policía.

La localidad posee un centro de monitoreo compartido en donde operan agentes municipales que supervisa la Policía. Los barrios cuentan con un grupo de WhatsApp de seguridad, en donde interactúan policías con personal de la guardia urbana. 

"Ese trabajo de coordinación con Policía está bastante aceitado en Jesús María", señaló el intendente Federico Zárate. Según su posición, “el cambio sustancial” con la nueva ley vendría de la mano de algún tipo de competencia que hoy no tiene la Guardia Urbana, como ser el uso de armas no letales o la intervención en determinados procedimientos.

El jefe comunal pidió conocer la reglamentación para analizar la decisión de adherir o no a la norma. “Queremos saber hasta dónde nosotros como Estado municipal tenemos responsabilidades sobre la materia”, apuntó y acentuó: “Hoy se limita a la tarea de patrullaje y complemento de la Policía”.

San Francisco. Hace menos de una semana comenzó a prestar funciones el Cuerpo de Prevención Urbana. El dispositivo cuenta con 38 integrantes que se movilizan a pie, en bicicleta y automóvil patrullando los diferentes sectores de la ciudad. 

“El cuerpo de prevención está para acompañar y colaborar con la fuerza de seguridad, pero también para cumplir una función”, afirmó el intendente Damián Bernarte ante los preventores que fueron capacitados por la Universidad Nacional de Villa María y la Policía de la provincia. “Necesitamos que nuestra gente viva con tranquilidad, en paz, en armonía y, en este sentido, el rol de este cuerpo es fundamental”, subrayó en la puesta en marcha de este dispositivo local.

Córdoba Capital, San Francisco, Villa María y Alta Gracia fueron las primeras en adherir a la nueva Ley de Seguridad Pública que impulsó el gobierno de Llaryora. En el caso de La Falda y Jesús María, entre otras gestiones de signo radical, esperan conocer la reglamentación para analizar los pasos a seguir.