El radicalismo cordobés llegará este sábado a uno de los capítulos internos más delicados desde que Rodrigo de Loredo consolidó su liderazgo partidario. El Congreso Provincial deberá resolver si aprueba la prórroga de los mandatos de las actuales autoridades, una iniciativa impulsada por Marcos Ferrer y respaldada por el núcleo político que responde al exdiputado nacional.
Pero la discusión excede una cuestión administrativa. Si el oficialismo logra imponer la prórroga, la oposición ya resolvió acudir a la Justicia Electoral para reclamar la realización de elecciones internas, trasladando el conflicto de la arena política a los tribunales.
El oficialismo sostiene que la Carta Orgánica habilita al Congreso a resolver la prórroga por mayoría especial. La oposición rechaza esa interpretación y afirma que únicamente corresponde convocar a elecciones para renovar las autoridades.
La discusión jurídica es apenas la superficie de una disputa política mucho más profunda. Lo que está en juego no es sólo quién conducirá la UCR durante los próximos meses, sino quién tendrá la lapicera para negociar las alianzas y definir la estrategia electoral del partido hacia 2027.
Una votación abierta
En la previa del Congreso, ninguna de las dos partes da por cerrado el resultado. El núcleo de poder deloredista trabaja para reunir los dos tercios necesarios, mientras la oposición asegura contar con el número suficiente para bloquear esa mayoría especial.
Con un plenario que rondaría el centenar de congresales, la oposición afirma reunir unos 36 representantes, una cifra que alcanzaría para impedir la aprobación de la prórroga.
El rechazo reúne a Confluencia de Ramón Mestre, Identidad y Conducta Radical (IyCR), Córdoba Abierta de Fernando Montoya y la denominada Tercera Vía, espacios que reclama elecciones internas para que sean los afiliados quienes elijan la futura conducción partidaria.
"En principio estamos bien", resumió ante Perfil Córdoba uno de los dirigentes opositores que sigue de cerca el conteo de congresales.
Del lado del deloredismo predomina la cautela, aunque "desdramatizan" la situación. Nadie garantiza públicamente que los dos tercios estén asegurados, aunque confían en que el respaldo de la mayoría de los núcleos internos aliados a De Loredo terminará inclinando la balanza. En ese escenario, las abstenciones y las ausencias también podrían resultar decisivas.
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La pelea de fondo
La verdadera disputa pasa por 2027. La conducción que surja de este proceso tendrá en sus manos la estrategia electoral del radicalismo: negociar alianzas, definir candidaturas y administrar el principal activo institucional del partido. Ese escenario explica por qué la oposición insiste en que la conducción debe surgir del voto de los afiliados y no de una extensión de mandatos aprobada por el Congreso.
La Tercera Vía, que impulsa la candidatura de Luis Quiroga para presidir el Comité Provincia, sostiene que el radicalismo necesita abrir una nueva etapa política y terminar con una conducción que, según cuestiona, canceló el debate interno y cerró los canales de participación.
En ese esquema comenzó a mostrarse también el exintendente de Bell Ville, Carlos Briner, cuya participación junto a referentes de la Tercera Vía fue interpretada como otra señal del desgaste de la conducción encabezada por Ferrer y como un movimiento con proyección hacia la disputa provincial de 2027.
El malestar opositor también quedó expuesto en la reunión convocada días atrás por la deloredista Alejandra Ferrero para abrir una mesa política. De los 11 núcleos internos participaron sólo siete. El mestrismo (Confluencia), Córdoba Abierta, el sector de Juan Jure decidieron no asistir, mientras que Martín Lucas (IyCR) ratificó que, si el Congreso aprueba la prórroga, acudirán a la Justicia para reclamar la realización de elecciones internas.
La advertencia no tomó por sorpresa al oficialismo. Desde hace semanas los sectores críticos vienen anticipando que, si prospera la iniciativa impulsada por Ferrer, la disputa continuará en los tribunales federales.
El factor Justicia
La oposición da por hecho que, si prospera la prórroga, la Justicia Electoral terminará ordenando la realización de elecciones internas.
Respalda esa posición en la interpretación de la Carta Orgánica y en antecedentes recientes, entre ellos las resoluciones vinculadas al PRO Córdoba y un fallo de la Cámara Nacional Electoral sobre la UCR de Tucumán, que reafirmó el principio de que sean los afiliados quienes definan con su voto las autoridades partidarias.
“Nosotros consideramos que el Congreso no tiene atribuciones para aprobar una prórroga. Más allá del resultado, iremos a la Justicia. Lo adelantamos incluso en la reunión realizada en la casa de Ferrero”, afirmó Lucas, uno de los dirigentes del núcleo alfonsinista referenciado en Carlos Becerra.
La Tercera Vía elevó el tono político durante un encuentro realizado en Mina Clavero, encabezado por el intendente Luis Quiroga junto a Dante Rossi. Allí lanzó una advertencia directa a los congresales radicales del oficialismo.
“Ojo con cometer irregularidades que después tenga que corregir el juez electoral”, fue uno de los mensajes que dejó la reunión. Además, denunciaron supuestas irregularidades en la integración de algunos congresales y advirtieron que detrás de la discusión reglamentaria existe un intento de concentrar el control partidario de cara al armado electoral de 2027.
“Quieren quedarse con la lapicera para resolver entre pocos la política de alianzas y las candidaturas de la UCR”, remarcaron.
La respuesta del deloredismo
Del otro lado, el oficialismo busca quitar dramatismo al conflicto y defender la institucionalidad partidaria. La legisladora Ferrero sostuvo que el Congreso es el máximo órgano de la UCR y que la mayoría alcanzada por el espacio que responde a De Loredo le otorga legitimidad para avanzar con la prórroga.
“La sociedad no está reclamando una interna partidaria. Hoy nos pide que estemos concentrados en los problemas de la gente”, argumentó.
La dirigente deloredista recordó además que distintos departamentos, intendentes, concejales y legisladores expresaron formalmente su respaldo a la continuidad de las actuales autoridades. También defendió la utilización del mismo mecanismo aplicado, según afirmó, en oportunidades anteriores, cuestionó la judicialización del conflicto e insistió en abrir una mesa política que contenga a todos los sectores internos.
Otros dos dirigentes del entorno del exdiputado nacional consultados por Perfil Córdoba relativizaron el conflicto y remarcaron que las prórrogas de mandato “siempre se hicieron” dentro del radicalismo cordobés. “¿Por qué ahora no?”, plantearon.
En su crítica mordaz, manifestaron que un sector minoritario intenta convertir una discusión interna en un conflicto político mayor y deslizan un cuestionamiento que ya apareció en disputas anteriores: consideran que algunos dirigentes terminan siendo funcionales al peronismo.
En esa línea relativizan el peso político de quienes impulsan la judicialización. “El sello por sí solo no vale nada. Lo que vale son los dirigentes y la construcción política. Hoy esa construcción tiene un liderazgo claro”, resumió un boina blanca alineado con el proyecto político de De Loredo para 2027.
Una eventual interna
Aunque el oficialismo sostiene que la prioridad es evitar una elección partidaria, dentro del radicalismo nadie descarta que el conflicto termine desembocando en las urnas. En ese escenario sobresale una figura que desde hace varios meses intensificó su presencia territorial: el presidente del bloque de legisladores radicales, Matías Gvozdenovich.
El exintendente de Arias y un aliado político de De Loredo respondió con dureza a la Tercera Vía. "Briner, Rossi y Quiroga no tienen congresales y quieren ir a la Justicia porque no aceptan el resultado de la elección del sábado", fustigó. Y aseguró: "El Congreso es el máximo órgano del partido. La pregunta es simple: ¿por qué no aceptan el resultado?".
La discusión que este sábado atravesará al Congreso radical difícilmente termine cuando concluya la votación. Si el oficialismo consigue los dos tercios y aprueba la prórroga, la pelea continuará en los tribunales. Si no reúne esa mayoría, la conducción deberá encontrar otro mecanismo para resolver la renovación de autoridades: un acuerdo amplio por una lista de unidad o celebrar las internas.
