Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Argentina atraviesa una crisis judicial que amenaza la viabilidad del sistema de ART, a raíz del abuso en la actuación de los peritos judiciales.
Estos profesionales responsables de determinar el grado de incapacidad en los juicios laborales, actúan sin regulación. Asmimismo, sus honorarios dependen del resultado del juicio, lo que genera un incentivo directo a inflar los porcentajes de incapacidad.
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“Las pericias judiciales, en franco incumplimiento de la Ley 27.348 y sus 18 adhesiones provinciales, están haciendo colapsar al sistema de ART y atentan contra la generación de empleo formal en el país”, advirtió Mara Bettiol, presidenta de la UART, en un comunicado difundido el 10 de noviembre de 2025.
Juicios récord y cifras que preocupan
De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo detallados en el comunicado, 9 de cada 10 casos que llegan a la Justicia no tienen relación laboral.
Sin embargo, las sentencias suelen convalidar los fallos periciales: por lo que se aplican tasas de interés y actualizaciones que resultan imposibles de sostener para las aseguradoras.
Como afirma el texto, Argentina se ubica a la cabeza del ranking mundial de litigiosidad en materia de riesgos laborales:
- Tasa de judicialidad 15 veces superior a la de España.
- 21 veces mayor que la de Chile.
- Más de 130 mil juicios proyectados para 2025.
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Y lo paradójico es que mientras los accidentes laborales bajaron un 55% y las muertes en el trabajo se redujeron un 80%, la litigiosidad no deja de crecer.
Córdoba dentro del ranking
Los peritos judiciales, designados por sorteo, cobran sus honorarios en función del monto de la indemnización, lo que —según la UART— distorsiona el sistema y multiplica los juicios.
El IERAL de Fundación Mediterránea confirmó esa tendencia: en causas por lumbalgia, las Comisiones Médicas (organismos oficiales que dependen de la SRT) suelen determinar incapacidad nula, mientras que los peritos judiciales otorgan en promedio un 14% de incapacidad definitiva, con grandes diferencias entre provincias.
Mientras, en Córdoba, los peritos judiciales fijan un promedio del 8%, con extremos que van del 6% al 10%. El informe subraya que estas diferencias reflejan una volatilidad y un sistema donde los honorarios de los peritos dependen del resultado del juicio, lo que genera incentivos a inflar los porcentajes de incapacidad.
Para revertir esta situación, la UART reclamó la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF), previstos en la Ley 27.348, pero aún sin aplicación plena. En sus requisitos, deberían estar integrados por profesionales seleccionados por concurso, con sueldos fijos y un control público.
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“La justicia laboral no puede seguir en manos de peritos cuya designación pasa por anotarse en una lista y salir sorteados y que se realizan pericias que nadie controla”, sostuvo Bettiol.
El debate en medio de la reforma laboral
El informe de la UART llega en momentos en que el Gobierno nacional impulsa una reforma laboral para promover el empleo formal, en el marco del Pacto de Mayo. La entidad advirtió que la experiencia del sistema de ART debe servir como lección: una buena ley puede fracasar si no se implementa correctamente.
En los primeros años tras la sanción de la Ley 27.348, en 2017, los juicios laborales bajaron, pero rápidamente volvieron a niveles récord al ser “burlados” los mecanismos de control.
Finalizaron el comunicado con: "una buena ley, sin implementación adecuada en la justicia, agrava el problema".
