El exfuncionario cordobesista Oscar González atraviesa su momento judicial más crítico. El juez federal Vaca Narvaja lo procesó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, mientras el fiscal federal Maximiliano Hairabedian lo imputó por omisiones y falsedades en sus declaraciones juradas patrimoniales. La resolución judicial marca un giro en la investigación que se desprendió del choque fatal de Altas Cumbres, ocurrido hace tres años.
El procesamiento, que fue apelado por la defensa de González ante la Cámara Federal de Apelaciones, se suma a las causas penales que el exlegislador enfrenta por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, tras protagonizar el siniestro vial en el que murió la docente Alejandra Bengoa (54) y dos adolescentes resultaron gravemente heridas, una de ellas parapléjica.
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La investigación del fiscal Hairabedian detectó incrementos patrimoniales que no se condice con los ingresos declarados por González durante su extensa trayectoria en cargos públicos. Entre 2005 y 2021, el exfuncionario se desempeñó como diputado nacional (2001-2005), ministro de Salud de Córdoba (2006-2009), jefe de Gabinete de la Provincia (2011-2013) y presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba (2015-2022).
Los números revelan un crecimiento exponencial difícil de justificar con salarios de funcionario público. Su patrimonio declarado pasó de 24 mil dólares en 2008 a 68.680 dólares en 2012. La cifra continuó en ascenso hasta alcanzar los 92.158 dólares en 2016, según la acusación fiscal. Sin embargo, ese mismo valor se mantuvo en su declaración de 2021, a pesar de haber incorporado nuevos inmuebles a su nombre.
"No justificó la procedencia de su enriquecimiento ni el de la persona interpuesta para disimularlo, toda vez que presentó manifestaciones vagas y genéricas que no explican las incorporaciones a su patrimonio ni mucho menos respaldó el origen lícito de los fondos", acusó el fiscal Hairabedian.
Un portfolio inmobiliario bajo la lupa
El expediente consigna una serie de adquisiciones inmobiliarias que la fiscalía considera incompatibles con los ingresos legítimos de González. En 2005 compró un terreno de 1.213,33 metros cuadrados en San Javier por un valor declarado de 135 mil dólares. En 2012 adquirió un departamento de 228 metros cuadrados en Torre Ludovico III, en barrio Nueva Córdoba de la Capital, por 924 mil pesos.
La lista continúa con otro departamento en el edificio GAP (Nueva Córdoba) por 800 mil pesos en 2014, dos departamentos en calle Ituzaingó por 1.050.000 pesos a nombre de su entonces esposa Emma Beatriz Senesi, y un terreno en Villa Dolores declarado en 4.150.000 pesos en 2019.
Oscar González transfirió sus propiedades a sus hijos luego del choque fatal en las Altas Cumbres
La investigación apunta a que González utilizó a su entonces esposa, Emma Beatriz Senesi (fallecida), como interpuesta persona para ocultar su verdadero patrimonio. Senesi suscribió una declaración jurada en la que expuso que los fondos de adquisición de algunos inmuebles provinieron de su trabajo, aunque luego declaró que su ocupación era la de "ama de casa", sin otra fuente de ingresos registrada.
Para el fiscal, Senesi cooperó para adquirir y registrar inmuebles bajo su titularidad porque de haberlo hecho González, habría quedado expuesto ante los controles fiscales y administrativos. Al momento de esas operaciones, el exlegislador revestía el carácter de "persona expuesta políticamente", lo que habría dejado en evidencia la incongruencia patrimonial.
El lavado: transferencias sospechosas tras el choque
El delito de lavado de activos se configura, según la fiscalía, por la maniobra de simulación y transferencia de bienes. "Desde la fiscalía entendemos que los bienes que han sido objeto de un enriquecimiento ilícito luego intentaron ser simulados y transferidos mediante operaciones como fueron principalmente el traspaso de bienes a los hijos luego del siniestro de las Altas Cumbres", explicó Hairabedian en diálogo con Radio Mitre Córdoba.
El dato más relevante es la fecha: el 8 de febrero de 2023, poco más de tres meses después del choque fatal de Altas Cumbres, González "donó" departamentos de Nueva Córdoba y el terreno de Villa Dolores a sus tres hijos, todo el mismo día.
Los abogados de González, Miguel Ortiz Pellegrini y Leandro Ortiz Morán, argumentaron que esas donaciones respondieron a la disolución de la sociedad conyugal, que no llegó al divorcio por el fallecimiento de Senesi. Sostuvieron que se trató del ejercicio legítimo de derechos de usar y disponer de la propiedad.
Declaraciones juradas con datos irrisorios
La nueva imputación por falsedades en declaraciones juradas revela disparidades escandalosas entre los valores informados por González y las valuaciones fiscales oficiales. El caso más extremo involucra 13 terrenos en Villa Dolores que en 2012 declaró por 126.979 pesos, cuando la valuación fiscal era de 2.687.440 pesos. Es decir, declaró apenas el 4,7% del valor que estimó el Estado, habitualmente inferior al precio de mercado.
En 2016, esos mismos 13 inmuebles fueron informados por 1.201.829 pesos en total, contra 9.305.300 pesos de valuación fiscal. Para 2020, la brecha se amplió de manera dramática: la valuación fiscal alcanzaba los 68.664.788 pesos, mientras González declaró valores que iban desde cinco centavos hasta 493.250 pesos por terreno.
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El fiscal provincial Franco Mondino, quien originalmente investigó estos hechos antes de declinar la competencia al fuero federal, destacó que González "omitió maliciosamente informar" varios bienes en su declaración jurada de 2012, y luego en las de 2016 y 2020. Según la acusación, insertó datos falsos e incompletos referidos a la valuación de mercado de los bienes, sin especificar además propiedades registradas a nombre de Senesi para "provocar confusión" sobre la realidad patrimonial.
Un departamento en Buenos Aires de 129,2 metros cuadrados, adquirido por 180 mil dólares, fue informado por un valor de 55.388 pesos. Otro departamento en Nueva Córdoba que González declaró en 924 mil pesos tenía una valuación de Rentas de 17.382.183 pesos.
Uno de los casos emblemáticos de la presunta maniobra involucra el departamento de Chacabuco 775. González habría sido copropietario del 50% del inmueble al momento de la venta en 2014. Por esa propiedad informó un valor de 13.920 pesos, cuando la valuación fiscal era de 1.895.530 pesos. El exlegislador declaró apenas el 0,73% del valor calculado por Rentas.
Prisión domiciliaria y próximos pasos
González permanece con prisión domiciliaria y tobillera electrónica. "En la resolución del juez ordena la prisión preventiva con la modalidad domiciliaria, es decir, que continuará en ese estado", confirmó el fiscal Hairabedian.
El procesamiento fue apelado por los defensores Ortiz Pellegrini y Ortiz Morán, por lo que la Cámara Federal de Apelaciones deberá expedirse. "El grado de probabilidad es suficiente para el dictado del procesamiento por enriquecimiento ilícito y lavado", confiaron fuentes judiciales a La Voz.
Paralelamente, el juez citó a indagatoria a González para el viernes pasado por las falsedades en declaraciones juradas, pero la defensa pidió la suspensión. El magistrado deberá convocarlo nuevamente. Este nuevo expediente se acumulará al principal, que investiga el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero.
La investigación federal se desprendió de una denuncia presentada por la legisladora Luciana Echevarría (MST-Fitu), quien cuestionó los traspasos de bienes que González realizó a sus familiares después del choque de Altas Cumbres.
González había sido procesado como presunto "depositario infiel" de la BMW asignada por el Tribunal Superior de Justicia, acusado de utilizarla para fines personales y no para actividades legislativas. Sin embargo, la Cámara Federal consideró finalmente que no hubo delito.
También quedó bajo la lupa por bolsos que llevaba en la camioneta y que una familiar retiró tras el siniestro. Se presumió que contenían dinero destinado al pago de deudas de socios de la cooperativa serrana Cemdo, para apoyar a un candidato afín en las elecciones de esa institución. El fiscal Hairabedian pidió el archivo de la investigación por inexistencia de ilícitos.
