La crisis que atraviesa el PAMI en Córdoba dejó de ser un conflicto sectorial para transformarse en un problema político de escala nacional, con derivaciones que impactan tanto en la interna del oficialismo como en la relación con las provincias. La protesta de jubilados, médicos y farmacéuticos frente a la sede de avenida General Paz, con corte total de tránsito, visibilizó un escenario de parálisis que tiene su raíz en la conducción y en el esquema de toma de decisiones del organismo.
En el plano local, la conducción formal recae en el director de la delegación, Eduardo Frayre, un perfil técnico sin volumen político propio. Su margen de acción aparece condicionado por una estructura vertical en la que las decisiones estratégicas se concentran en Buenos Aires. Esa lógica reduce la capacidad de respuesta ante problemas operativos urgentes, como la interrupción de cirugías por falta de insumos o la caída en la red de prestadores.
La figura de Frayre responde a una ingeniería política que se articula con dirigentes del espacio libertario en Córdoba. En ese esquema, el diputado nacional Gabriel Bornoroni emerge como el principal referente político del oficialismo en la provincia, mientras que el ex titular regional Marcos Patiño Brizuela conserva influencia en la estructura interna. Esa superposición de roles y niveles de decisión genera un vacío operativo en la gestión cotidiana.
La centralización se profundizó tras el cambio institucional que trasladó la órbita del PAMI hacia el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, lo que reconfiguró las prioridades del organismo. El control presupuestario pasó a una lógica de ajuste fiscal que tensiona la capacidad prestacional. En ese marco, el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, quedó con menor margen de intervención directa en la administración de recursos.
El resultado de esa reconfiguración es un sistema con dificultades para sostener su funcionamiento básico. La deuda con prestadores, que en algunos casos supera los seis meses, derivó en la interrupción de servicios críticos. Clínicas y proveedores dejaron de entregar insumos, lo que impacta en cirugías programadas y tratamientos de alta complejidad. La cadena de pagos fragmentada, con adelantos parciales y saldos demorados, agrava el conflicto.
En paralelo, el Gobierno nacional despliega una estrategia discursiva orientada a señalar irregularidades dentro del sistema de prestadores, con foco en auditorías y controles sobre médicos de cabecera. Esa narrativa busca justificar los cambios en el esquema de financiamiento y la revisión de convenios, aunque en la práctica no logra contener el deterioro de la prestación.
La crisis también tiene una dimensión política territorial. En Córdoba, el impacto del recorte se traslada al sistema público provincial y municipal, lo que genera presión sobre la gestión del gobernador Martín Llaryora. La derivación de pacientes desde PAMI hacia hospitales públicos incrementa la demanda y tensiona la relación entre Nación y Provincia.
Ese efecto colateral no resulta neutro en términos electorales. Mientras el oficialismo nacional busca capitalizar el conflicto como parte de su discurso contra el sistema previo, en el plano local el desgaste puede redistribuirse según la percepción ciudadana sobre quién es responsable de la falta de atención. La disputa política se proyecta así hacia el mediano plazo, con la mirada puesta en el escenario electoral de 2027.
Puertas adentro, la situación genera además un conflicto laboral creciente. La postergación de paritarias, la caída del poder adquisitivo y la exposición de los empleados a situaciones de violencia en la atención al público profundizan el malestar. La paralización de medidas como retiros voluntarios, en medio del escándalo por falta de pagos, refleja la fragilidad de la gestión.
Con más de cinco millones de afiliados en todo el país y un financiamiento que combina aportes de trabajadores activos y jubilados, el PAMI constituye una de las cajas más relevantes del sistema estatal. La tensión entre su carácter autárquico y el control centralizado de sus recursos aparece hoy en el centro de la crisis.
El conflicto en Córdoba, lejos de ser un episodio aislado, expone las limitaciones de un modelo de gestión que prioriza el ajuste fiscal y la conducción política centralizada sobre la capacidad operativa del organismo. En ese equilibrio inestable, los afiliados quedan atrapados en un sistema que no logra garantizar prestaciones básicas.
