Gustavo Aimina no solo es un afiliado más del sindicato Luz y Fuerza Córdoba. Fue el denunciante persistente y el querellante que durante años insistió en que la justicia investigara el manejo del Fondo Compensador, la caja especial destinada a garantizar que los trabajadores jubilados alcancen el 82% del salario activo. Aseguró que esta condena “es solo un eslabón de la cadena”.
Aimina detalla que se trata de “una caja especial creada por el gremio” compuesta por aportes de la empresa EPEC y de los trabajadores, afiliados o no. Su función es clara: “llegar en cierto caso al 82% del haber activo, en el cual no llega a través de su jubilación por la caja de la provincia de Córdoba”.
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Pero el problema fue que ese objetivo nunca se cumplió. Los pagos anuales previstos después de cada balance “nunca pasaron porque esta gente no empezó a cumplir con el pago correspondiente”.
En paralelo, los fondos —que califica como “divisas o dineros intangibles”, destinados exclusivamente a los pasivos— empezaron a utilizarse para fines totalmente ajenos: “Usaron el dinero ese de remanente para dar préstamos, para viajes, para comprar alguna vivienda”.
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Los préstamos a la estructura gremial, agrega, “nunca fueron devueltos”, pese a que “está prohibido por los propios estamentos internos del fondo compensador y por el convenio colectivo de trabajo”.
Las condenas y un fallo que dejó sabor a poco
La sentencia del Tribunal Federal —integrado por Noel Costa, José Asís Bocal y Carolina Prado— impuso 6 años de prisión para Gabriel Suárez y 4 años y medio para Jorge Molina Herrera, entre otros dirigentes. A pesar de que la Fiscalía había pedido 10 años, la pena se redujo por no haberse probado la figura de asociación ilícita.
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Aun así, Aimina expresó conformidad: “El fallo realmente nosotros estamos conformes porque se logró una pena, se logró después de tanto tiempo”. Destacó el trabajo del tribunal y los fiscales: “Felicitamos al tribunal, felicitamos al Ministerio Fiscal”.
Pero dejó clara su discrepancia con la calificación penal: “Las penas se deben a no comprobarse la asociación ilícita”, dijo, al tiempo que ratificó que la compra de bienes por 13,6 millones de pesos dejaba en evidencia el origen ilícito de los fondos: “Imagínese de dónde va a salir ese dinero. Solamente de caja administrada por el sindicato”.
Incluso recordó un episodio que, según él, demuestra el nivel de desesperación de los acusados: “Subieron el tupé de ofrecer 200 millones de pesos en efectivo para que los querellantes o el daño causado fueran cancelados y así no se elevara la causa a juicio”.
Lo que viene
Lejos de dar por cerrado el proceso, Aimina avisó que esto es apenas el comienzo: “Vamos a seguir trabajando apelando lo que se llamaría asociación ilícita”. Y agregó: “Vienen otras denuncias más; este es un eslabón”.
La próxima causa apunta al supuesto desfalco en la obra social del gremio, un área especialmente sensible. Aimina lo adelantó sin rodeos: “Muy pronto viene el defalco que se hizo en la obra social por los mismos actores, otra defraudación dentro de la mala administración, perjudicando en su salud la esencia que es la obra social”.
