Tomando como referencia la información publicada por el Ministerio de Economía en las Cuentas de Inversión y los datos brindados por los jefes de Gabinete en sus presentaciones en el Congreso, el total de gastos de Fútbol para Todos desde su creación asciende a 6.527.055.135 pesos. Y los recursos ya comprometidos permitían anticipar que a fines de 2015 se perforaría la barrera de los 7 mil millones de gasto. La cifra incluye 285 millones de Automovilismo para Todos, un programa creado en febrero de 2012 para transmitir las carreras del TC y el Turismo Nacional por la TV Pública. Como éste no tiene una partida específica dentro del Presupuesto, se nutre de los millones del fútbol. Esos 285 millones corresponden a las temporadas 2012, 2013 y 2014, en las que se pagaron millones por las carreras televisadas. En agosto de 2009, pocos días antes de la asociación del Gobierno con la AFA, Aníbal Fernández pronunció la siguiente frase en una conferencia de prensa; lo acompañaba su amigo José Luis Meiszner: el futuro de la comercialización (del fútbol) tiene que ser lo suficientemente inteligente, potente, seria y holgada como para garantizar que ese servicio se lleve a la práctica sin que el Estado tenga que poner ni un solo centavo, que es nuestro objetivo final. Fernández insistió cinco veces en su aspiración de que el Estado no tuviera que abonar “un solo centavo”. El objetivo, está claro, no se cumplió (...)
Al dividir el gasto total de Fútbol para Todos por la población económicamente activa (19.092.526 argentinos en el período 2010-2014, según el Banco Mundial), puede obtenerse una cifra aproximada de cuánto le costó ver fútbol a cada trabajador que aporta dinero de sus impuestos. El resultado es 341,86 pesos, divididos en cinco años y diez meses. A razón de 4,88 pesos por mes. Poco; poquísimo. Pero no gratis. Si la cuenta se realiza tomando toda la población (40.117.096 habitantes, según datos del Censo 2010 realizado por el Indec), la cifra es de 162,70 pesos por habitante durante los cinco años y diez meses; o sea 2,32 pesos por mes.
En estos casi seis años, el fútbol tampoco fue para todos. Porque hubo varias ciudades del interior del país en las que, si el televidente no estaba asociado a algún sistema de televisión por cable, nadie transmitía los partidos. En muchas localidades, tanto América 2 como Canal 9 son canales codificados, por lo que el acceso a las imágenes no es universal.
Parte de esa cuestión se corrigió cuando el Gobierno permitió a las emisoras locales transmitir los partidos de FpT cada vez que los clubes de esas ciudades jugaran de visitantes. Y en muchos otros casos la alternativa siguió siendo la TDT (Televisión Digital Terrestre), que hasta ahora no consiguió la penetración augurada por los expertos.
Las mentiras
Fútbol para Todos no ganó dinero. El deporte olímpico no recibió un peso. Nunca hubo excedente comercial. Y Aníbal Fernández quedó en offside: “El Estado no pondrá un peso en el fútbol”, había anunciado en agosto de 2009. Cinco años y siete meses después, el Gobierno lleva gastados más de 6.500 millones de pesos. River y Boca no jugaron siempre los domingos, como estipulaba el contrato. El Comité de Gestión casi nunca intervino en decisiones trascendentales; mucho menos coordinó la explotación del negocio como estaba previsto en el contrato original. Los horarios de los partidos se acomodaron de acuerdo con los intereses televisivos del programa, aun a riesgo de conspirar contra la seguridad. Así se creó la franja de las 21.30, cuyos partidos terminan casi a la medianoche. La razón tiene nombre y apellido: Jorge Lanata y su programa Periodismo para todos (de Canal 13, perteneciente al Grupo Clarín).
“Me parece perfecto que los canales compitan. No hay competencia (hasta ahora) y sí un muy buen programa de televisión como el de Lanata. Canal 7 también quiere competir con Fútbol para Todos”, dijo Gabriel Mariotto, uno de los hacedores de FpT, en una entrevista en La Red. Y abundó sobre el programa que liberó los goles: “Parece deportivo, parece político, pero es televisivo. Todos, siempre, pelearon por el rating”. Fútbol para Todos no es ni universal (porque en el interior hay quienes todavía hoy no pueden ver algunos partidos) ni gratuito (a cada integrante de la población activa le costó 4,88 pesos por mes).
Fútbol para Todos mutó de espacio seductor para las marcas a una fenomenal plataforma de propaganda política. Se transformó en una fábrica de zócalos televisivos para promover obras de gobierno. Los entretiempos de los partidos devinieron en cine de cortometrajes partidarios. Desde allí se criticó a la oposición, se resaltó la figura de Néstor Kirchner, se acusó a empresas del Grupo Clarín, se denostó a gobernadores díscolos (Mauricio Macri, José Manuel de la Sota) y se defendió del escarnio público a funcionarios del Gobierno, como el vicepresidente Amado Boudou.
Fútbol para Todos no fue la solución a las economías de los clubes. Sus libros contables empeoraron y los pasivos crecieron como la acción de Google en Estados Unidos. Tampoco se evitó la sangría de futbolistas argentinos al extranjero. De hecho, los dirigentes argentinos maldicen cuando desde Europa no buscan a sus mejores valores: saben que ésa, en definitiva, es la única manera de salvar los números.
Es cierto, los clubes son entidades civiles sin fines de lucro. Su objetivo no es ganar dinero. Cuando lo pierden, año tras año los dirigentes se amparan en el “rol social” que cumplen. En la cantidad de chicos que aprenden en sus escuelas, meriendan en sus comedores y hacen deportes en sus canchas y gimnasios. “Tenemos que mantener una estructura monstruosa”, se quejan los clubes más grandes. Los asiste la razón. La pregunta es por qué no se hizo presente allí el Estado. Hubiera sido mucho más rentable pagar sueldos de entrenadores, maestros y preparadores físicos que alimentan el trabajo social de los clubes, que contribuir con miles de millones a los salarios de los jugadores de elite. Claro, la repercusión hubiese sido momentánea. Y no hubiese sido considerada una “gran operación política”, como lo es Fútbol para Todos.
El objetivo, en definitiva, no era sanear los clubes. Ni siquiera universalizar el acceso a los partidos. Fútbol para Todos nació al calor de la política, enmarcado en la feroz guerra interna con el Grupo Clarín y pergeñado para ganar la batalla por la Ley de Medios. Fútbol para Todos vive al calor de la política: el 80% de los spots y zócalos emitidos durante los partidos se producen en la agencia Télam y son funcionarios políticos los que deciden qué se anuncia y qué no.
En una entrevista con la revista Un caño, el primer jefe de Gabinete de Fútbol para Todos, Aníbal Fernández, señaló que el programa se financiaba “con publicidad oficial”. La idea en el Gobierno era evitarse el pago de espacios de propaganda en medios que desde la Casa Rosada consideraban “hegemónicos”, como el diario Clarín.
El fútbol estatizado iba a canalizar, mediante el pago de los derechos televisivos a la AFA, la comunicación de los actos de gobierno. El repaso por los gastos en Prensa y Difusión (publicidad oficial) de 2009 a 2015 permite concluir que tal ahorro no se produjo. Es más, las partidas para los avisos del Gobierno crecieron sin pausa desde 2010.
Entre 2010 y 2014 (el último ejercicio completo), la inversión publicitaria del Gobierno, sin contar Fútbol para Todos, pasó de 459,43 millones a 1.540,15 millones, lo que implica un incremento del 235,2% en cuatro años. En ese mismo lapso, los recursos destinados a Fútbol para Todos pasaron de 534,08 millones (2010) a 1.521,31 millones (2014), lo que resulta en un aumento del 184,8%. (...)
El futuro encierra una colección de incógnitas: ¿qué pasará con el juicio económico que el Grupo Clarín le sigue a la AFA por la rescisión del contrato con TSC, en agosto de 2009? ¿Pagarán los clubes el costo económico de aquella decisión? ¿Llegará el actual modelo de las transmisiones estatizadas hasta el final del convenio, en agosto de 2019? ¿Qué ocurrirá con la investigación que impulsa la jueza María Servini de Cubría, en la que permanecen imputados tres jefes de Gabinete: Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich? ¿Hasta cuándo se sostendrá la burbuja del fútbol argentino, que paga sueldos de hasta un millón de dólares (pesificados) por año? ¿Cuál será el destino de la AFA, que afronta un año electoral? ¿Se implementará algún día el sistema AFA Plus? ¿Llegará el día en que la Justicia, la política y el fútbol trabajen con seriedad para expulsar de la cancha a los violentos? ¿Tendremos un fútbol transparente, con cuentas claras y clubes que no tengan reparos en exhibir sus balances? ¿Podrán ser televisadas las reuniones del comité ejecutivo de la AFA? ¿Tendrá el fútbol argentino su propio canal, que le permita independizarse de los mecenas de turno, sean privados (TSC, Torneos, Grupo Clarín) o públicos (Jefatura de Gabinete)?
Si al promediar el convenio entre el Gobierno y la AFA se abre este abanico de interrogantes es porque el fútbol argentino elige vivir en secreto. Desde que se convirtió en su socio, en agosto de 2009, el Gobierno lo imitó. La AFA y la Jefatura de Gabinete recorrieron una ruta con señales difusas. A uno le importaron los millones. Al otro, que los partidos de fútbol llegaran a la mayoría de los argentinos. A ninguno de los dos les importaron las formas (...).
Difícil destino el de la AFA. Hasta 2009 estaba atado a un privado (TSC), del que se deshizo mediante una rescisión traumática que se decidirá en los tribunales. Hasta 2019 está unida al Gobierno, que no respeta la indexación firmada y actualiza los mínimos anuales garantizados cuando quiere y como quiere. Cada uno de los socios, el de antes y el de ahora, tiene sus manías. Pero ni uno ni otro fueron la solución a las crisis económicas de los clubes ni a la violencia en el fútbol, dos de las epidemias que azotan nuestras canchas. Y, por lo visto en los últimos años, el antídoto está lejos de ser descubierto.
