Empieza con un cántico en latín, en una terraza.
Hay viento la noche del 27 de noviembre de 2022 en Buenos Aires. La terraza corona un edificio de dos plantas que retiene una firme autoconciencia de su belleza con esa altanería refinada de las construcciones antiguas. Se llega a ella después de atravesar un corredor extenso cubierto de paneles de vidrio ensombrecidos por el hollín –un detalle que aporta humanidad, un defecto necesario– y subir una escalera, una ascensión virtuosa de mármol blanco. Inserta en el centro de la manzana, la terraza parece una balsa rústica rodeada por olas de edificios más altos. Todo luce atacado por una sequedad armónica, un ascetismo de diseño (lo que no es extraño puesto que dos de las personas que viven aquí son arquitectas): cañas indias, enredaderas, bancos largos, sillas plegables de lona, una banqueta con almohadones blancos. La mesa, de madera cruda, está debajo de una tela de media sombra que se agita con lo que fue primero brisa y ahora es un viento fresco que despeja el calor ingobernable del fin de la primavera austral. En la parrilla se cocinan a fuego lento morcillas, pollo, lomo. Cada tanto, uno de los dueños de casa, el fotógrafo Dani Yako, se acerca hasta allí para controlar la cocción. Está, como siempre, vestido de negro: chomba Lacoste, jeans. Hace algunos años tenía un bigote aparatoso. Ahora lleva barba corta, los mismos anteojos de marcos gruesos. Al volver a la mesa le basta con escuchar dos o tres palabras para reinsertarse en la conversación. Es normal: conoce a casi todas las personas que están allí desde 1969, cuando tenía 13 años.
—Me dijeron que en la presentación del libro estuvo la Royo –dice Yako.
—¡Cómo no nos avisaste! –dice Débora.
—Yo no la vi –dice Silvia Luz.
Alba dice, algo indiferente:
—o tampoco.
No dicen nada ni Laura ni Julia, la mujer y la hija de Yako –las arquitectas, que ya deben haber escuchado hablar de la Royo en otras cenas como ésta–, ni Silvia, ni Hugo.
—Bueno, me dijeron que estaba, yo no la vi– dice Yako, fingiendo ofuscación infantil, encogiéndose de hombros.
La presentación a la que alude es la de su último libro de fotos, Exilio, que reúne imágenes tomadas desde 1976 y hasta 1983, la mayor parte de ellas en España, en las que se ve a casi todas las personas que están en la terraza (y a otras que no están aquí). La presentación se hizo en una librería del barrio de Palermo llamada Libros del Pasaje el jueves 3 de noviembre de 2022, pocas semanas atrás. Royo es la profesora de latín del colegio secundario al que fueron todos ellos, que rondan la misma edad: 65 años.
—Me hubiera gustado verla –dice Débora.
Entonces, como si el apellido Royo hubiera sido una clave, alguien –quizás Débora– entona la frase en latín: “Ut queant laxis/resonare fibris”. Y Silvia Luz se suma: “Mira gestorum, Famuli tuorum”. Y Silvia: “Salve polluti, Lavii reatum”. Y todos llegan al final –“Sancte Ioannes”– mientras golpean la superficie de la mesa con suavidad civilizada para que las botellas y los platos y las copas no terminen en el piso, siguiendo el compás de ese himno que cantaban en años en los que nada había sucedido, en los que todo estaba empezando, una bacteria larvada dentro de una matriz que iba a romperse en pedazos.
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UT queant laxis
REsonare fibris
MIra gestorum
FAmuli tuorum
SAlve polluti,
LAvii reatum
Sancte Ioannes.
La traducción sería: “Para que puedan/ exaltar a pleno pulmón/ las maravillas/ estos siervos tuyos/ perdona la falta/ de nuestros labios impuros/ San Juan”. Es el el Himno a San Juan Bautista, escrito por Pablo el Diácono en el siglo VIII. Sus versos comienzan con las notas musicales: Re, Mi, Fa, Sol. Ut es la forma antigua utilizada para la nota Do.
–¡Ut –grita Débora– es Do!
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La primera vez que la vi fue en la foto de un periódico. Aunque estaba sentada sobre lo que parecía una tapa de cemento en mitad de un jardín frondoso, se notaba que era alta. El pelo rubio, por debajo de los hombros, enmarcaba un rostro sofisticado, esa clase de belleza felina que da, a algunas personas, el aspecto de una pieza delicada un poco salvaje. Usaba el flequillo insolente que solían usar muchachas de otra época. Le calzaba ese sustantivo: muchacha. Aparentaba muchos años menos de los que se deducían del artículo: 64. Vestía una prenda de mangas largas color azul, jeans ajustados, sandalias de taco chino con suela de yute. Era delgada, con una voluptuosidad natural. Estaba allí ostentando el desparpajo de quien se ha sentado en el piso muchas veces sin perder el tipo. Miraba hacia arriba. La foto trasuntaba un clima a la vez fértil y amenazador, sumergida en una luz acuática que le daba la cualidad de un sueño (ella se arrepintió de haberse fotografiado allí, en ese jardín demasiado identificable, porque alguno de “estos tipos” podía ubicarla y hacerle pasar “un susto, un mal rato”). Llamaban la atención las manos grandes, compactas, rudas, una música muy fuerte para el resto del conjunto, más sutil. No se le veían los ojos, pero son azules. El título de la nota, firmada por Mariana Carbajal y publicada el 27 de marzo de 2021 en el diario argentino Página/12, decía: “El secuestro de Silvia Labayrú: La llegada a la ESMA y el parto en cautiverio”. Tenía un error, y era el acento: su apellido es Labayru, no Labayrú. Pero el día en que leí la nota –edición en papel, era domingo– yo no sabía quién era esa mujer, ni estaba interesada en la ortografía de un texto en el que ella empezaba diciendo: “El 29 de diciembre de 1976, con 20 años, embarazada de cinco meses, me llevaron (…) a la ESMA (…) al sótano, donde torturaban en una salita (…), en un lugar famoso que llamaban “La avenida de la felicidad”. Ahí fui interrogada, torturada durante un tiempo. (…) me tuvieron catorce días (escuchando) día y noche sin parar los alaridos de los compañeros que pasaban por las otra salas de tortura”. La periodista aclaraba que la evocación pertenecía a “Silvia Labayrú, ex integrante de Montoneros, sobreviviente de ese centro clandestino de detención”, la ESMA, donde había permanecido secuestrada un año y medio.
La ESMA es la Escuela de Mecánica de la Armada, un sitio de instrucción militar donde, desde el golpe de Estado que se produjo el 24 de marzo de 1976 en la Argentina, funcionó un centro clandestino de detención, el más grande de los casi setecientos que hubo en el país. Entre 1976 y 1983, cuando la dictadura terminó, fueron secuestradas, torturadas y asesinadas allí, por los llamados Grupos de Tareas, unas cinco mil personas. Sobrevivieron menos de docientas. El número total de desaparecidos durante la dictadura es de treinta mil.
Montoneros fue un grupo de extracción peronista, surgido en los 70 que, a mediados de esa década, se militarizó, formando el Ejército Montonero, y pasó a la clandestinidad.
Silvia Labayru militaba allí, y desde los 18 años integró el sector de Inteligencia de la capital cuyo responsable máximo era el escritor argentino Rodolfo Walsh, autor de Operación Masacre, abatido en la calle por un Grupo de Tareas de la ESMA el 25 de marzo de 1977, que continúa desaparecido.
El artículo de Página/12 estaba enfocado en el hecho de que ella, junto a Mabel Lucrecia Luisa Zanta y María Rosa Paredes, había sido denunciante en el primer juicio por crímenes de violencia sexual cometidos en ese centro clandestino. La denuncia se había hecho en 2014. El juicio había comenzado en octubre de 2020 y se esperaba sentencia para agosto de 2021, cinco meses después de publicada la nota. Aunque Labayru había dado su testimonio acerca de lo acontecido ante la Acnur en 1979, ante la Conadep (Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas) en 1984, y en diversos juicios contra represores de la ESMA, y de esos testimonios podía desprenderse que había pasado por algún tipo de abuso, nunca había dado detalles ni se los habían pedido porque, hasta 2010, la violencia sexual formaba parte del rubro “torturas y tormentos”, un combo inespecífico en el que se incluían la picana eléctrica, el submarino seco, el simulacro de fusilamiento, los golpes. Recién ese año la violación se transformó en un delito autónomo: algo que podía juzgarse per se. Una década más tarde, Labayru y las otras dos mujeres –a quienes no conoce– testimoniaron en ese juicio. Ella acusaba a dos miembros de la Armada: Alberto Eduardo “Gato” González, como su violador, y Jorge Eduardo “el Tigre” Acosta, al frente del centro clandestino en aquellos años, como el instigador de esas violaciones. Ambos tenían ya varias condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
Cuando se publicó el artículo, Silvia Labayru llevaba cuatro décadas sin hablar con periodistas –su hija Vera y su hijo David estaban entrenados para negarla cuando llamaban por teléfono pidiendo entrevistarla– y, aunque yo no lo sabía, no estaba dispuesta a hacer más excepciones que la que había hecho con Página/12.
Dos o tres días después de esa publicación, el fotógrafo Dani Yako, a quien conozco desde hace años, me envió dos mensajes por Whatsapp. El primero tenía un link a esa nota de Página/12, que yo ya había leído. El segundo era una pregunta: “¿Leíste esto de mi amiga Silvia?”.
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El 18 de noviembre de 2013, en el Juicio ESMA, Causa Unificada, Silvia Labayru declaró: “Las mujeres éramos su botín de guerra. Nuestros cuerpos fueron considerados como botín de guerra. Eso es algo bastante habitual, por no decir muy habitual, en la violencia sexual. Y utilizar o considerar a las mujeres como parte del botín es un clásico en todas las historias represivas de las guerras (…) En esto no fue una excepción”.
Canta Bob Dylan: “¿Cuantas veces puede un hombre volver la cabeza/ fingiendo no ver lo que ve?”. Estaba todo dicho. Sólo había que saber –o querer– escuchar.
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En la terraza, Dani Yako dice en voz baja, un ceceo dulce que contrasta con el tono asertivo en el que habla (aunque el contenido de sus frases es siempre el de una duda amable: “A vos no te gusta el jazz, ¿no?”), que en el Colegio leían los clásicos en latín, que cursaban seis años de esa lengua, dos de griego, seis de francés.
—Y ahora no me acuerdo de nada, apenas puedo hablar en español.
Alguien menciona la frase latina:
—Ego puto in horto meo.
Silvia Luz Fernández dice:
—Con el tiempo, eso va a ser todo lo que nos vamos a acordar del latín.
Dejó de fumar el día anterior (ha dejado de fumar decenas de veces), y mastica chicles de nicotina a cada rato. Tiene una carcajada ronca, rulos cortos, blancos o platinados, una dicción precisa en la que engarza frases irónicas con las que, generalmente, se ataca a sí misma. Está sentada junto a Dani Yako. Al otro lado, Débora Kantor, el pelo corto, un estilo sencillo que contrasta con la cabellera trabajada en grandes ondas de Alba Corral. Siguen Laura Marino, la mujer de Yako, y Julia, la hija de ambos, que escuchan mucho, hablan poco y permanecen en el extremo de la mesa como si fueran plantas frescas, algo profundamente silvestre. Luego, Hugo Dvoskin, la pareja de Silvia Labayru y, junto a Hugo Dvoskin, ella. Silvia Labayru. Lalabayru. Silvia. Silvina. Y el nombre de su peligro: Mora.
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Un día de diciembre de 2022, corriendo por el campo, recuerdo que yo, de niña, tenía una yegua alazana, mansa pero altiva. Se llamaba Mora, Morita. Le pongo un mensaje de Whatsapp mencionando el hecho. Responde escueta: “Ja. Morita”. La verdad, pienso después, es una sincronía bastante idiota.
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El predio de la ESMA ocupa diecisiete hectáreas. Desde el 24 de marzo de 2004, y por decreto del entonces presidente Néstor Kirchner, ya no lleva el nombre de Escuela de Mecánica de la Armada y es el Espacio Memoria y Derechos Humanos. Muchos le dicen “la exESMA”. Todas las personas entrevistadas para este libro la siguen llamando como entonces: “Vamos a la ESMA, nos encontramos en la ESMA, me llamaron desde la ESMA”. Funcionan allí, en diversos edificios, el Museo Sitio de Memoria ESMA, el Archivo Nacional de la Memoria, la Casa por la Identidad, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Espacio Cultural Nuestros Hijos, el Museo Malvinas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Equipo Argentino de Antropología Forense, entre otras cosas. Está casi al final de la avenida del Libertador –una vía amplia con construcciones elegantes en las que vive parte de cierta aristocracia criolla tradicional–, a pocas cuadras del límite entre la ciudad y la zona norte del conurbano bonaerense.
Desde 1976, el centro clandestino de detención instalado allí operó en el Casino de Oficiales, el edificio del predio que se encuentra más cercano a la línea que separa la capital del conurbano. Su función era la de hospedar a oficiales y profesores visitantes, y no la perdió durante la dictadura: el primer y segundo piso continuaron como albergue mientras en el sótano se llevaba a cabo la tortura, se obligaba a los prisioneros a falsificar documentos y procesar información, y en el tercer piso, conocido como Capucha (los detenidos permanecían la mayor parte del tiempo con capuchas y grilletes), estaban los cubículos –camarotes– donde se encerraba a los secuestrados, sobre todo militantes de Montoneros aunque no sólo: también se secuestró, en menor medida, a miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y otros grupos de izquierda, y se torturó y asesinó a jubilados, adolescentes, monjas, o gente cuyo nombre figuraba en una agenda equivocada. El proceso podía tener variantes, pero, era más o menos así: se producía el secuestro –en la calle, en las casas–, se procedía a trasladar al secuestrado al sótano, se lo torturaba de inmediato para obtener información (de manera tal que, por ejemplo, se lograra capturar a quienes tuvieran una cita próxima con esa persona). Los secuestrados recibían un número del uno al novecientos noventa y nueve. Hubo muchos números uno y muchos novecientos noventa y nueve. El plantel se renovaba: cada miércoles se seleccionaba a un grupo de personas, se las anestesiaba con pentotal y se las arrojaba al Río de la Plata o al mar desde un avión (el dispositivo se conoce como “vuelos de la muerte”). Había otros métodos: un balazo. Entonces se realizaba un “asadito”: se quemaba el cuerpo en el parque que hay detrás.
Si bien fue uno de los cientos de centros clandestinos por los que pasaron miles de personas, en su inmensa mayoría desaparecidas, no era similar a ninguno.
“Como todos los centros clandestinos de detención de la dictadura –escribe Claudia Feld en el libro ESMA, firmado por ella y por Marina Franco, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2022–, la Escuela de Mecánica de la Armada implementó un sistema de destrucción física y psíquica (…) Para la mayor parte de las personas secuestradas allí, este circuito fue corto y terminante: sufrieron feroces torturas, fueron inmovilizadas y aisladas en “Capucha” o “Capuchita”, hasta que poco después se las asesinó mediante los “vuelos de la muerte” o con otros métodos. Sin embargo, un grupo minoritario pero significativo de secuestrados y secuestradas fue mantenido con vida, y su cautiverio se prolongó durante meses, incluso años. En ese tiempo, fueron obligados a realizar diversos trabajos bajo amenaza de muerte, en un régimen que se conoció como “proceso de recuperación” (…) La etapa más activa de este “proceso de recuperación” se produjo cuando el centro clandestino fue conducido por Jorge Acosta, entre fines de 1976 y los primeros meses de 1979”.
Cada persona incorporada a ese proceso estaba a cargo de un militar responsable que, en ocasiones, era el mismo que había procedido a la tortura. Si se consideraba que el proceso de recuperación estaba dando resultados, el prisionero empezaba a realizar algunas salidas. Por ejemplo, podía permanecer unos días en casa de sus familiares. A las mujeres secuestradas se las obligaba a vestir “de manera femenina” como demostración de que estaban dispuestas a dejar atrás la vida unisex de la militancia –todas esas camisas y pantalones de jean tan poco sexys–, y se las sacaba a cenar o a la boîte de moda, Mau Mau, propiedad de un hombre del jetset llamado José Lata Liste.
De todas maneras, nada garantizaba nada.
Una persona podía entrar en proceso de recuperación, ser puesta en libertad y enviada a otro país.
Una persona podía entrar en proceso de recuperación, ser obligada a trabajar en dependencias del Estado como la Cancillería o el Ministerio de Bienestar Social y permanecer en un régimen de libertad vigilada hasta, incluso, el comienzo de la democracia.
Una persona podía entrar en proceso de recuperación y ser ejecutada.
Los motivos por los cuales el destino era uno u otro son oscuros, y terminan en el mismo callejón: no se sabe. La arbitrariedad garantiza un pavor perfecto: infinito.
El libro de Claudia Feld y Marina Franco consigna algunas particularidades de este centro clandestino: se encontraba en el corazón de Buenos Aires, a metros de la cancha de River, en un barrio residencial de mucho movimiento; estaba bajo el poder directo del Almirante Massera, uno de los tres miembros de la Junta Militar que había tomado el poder; se mantuvo activo, a diferencia de los demás, durante toda la dictadura; se realizaba allí una producción permanente de documentos falsos, informes políticos o notas de prensa que se obligaba a confeccionar a los secuestrados; fue el epicentro de casos que tuvieron repercusión internacional, como el secuestro de dos monjas francesas, de tres Madres de Plaza de Mayo y –por equivocación en el operativo: buscaban a una persona parecida– el asesinato de la adolescente sueca Dagmar Hagelin; no hubo otro centro clandestino donde se implementara el proceso de recuperación (concebido por Acosta); nacieron más de treinta bebés que, en su mayoría, fueron separados de sus madres y entregados a represores que los criaron como hijos propios.
En el tercer piso de ese lugar, sobre una mesa, Silvia Labayru parió un bebé, uno de los pocos que fue entregado a su familia de origen.
