Organizaciones y redes sociales de América Latina y El Caribe demandan justicia fiscal para garantizar el derecho a la educación. El reclamo se basa en investigaciones realizadas en países de la región que dan cuenta que no se cumple con el compromiso de asignar el 6% de su PBI al área.
Los sistemas tributarios regresivos, la alta evasión y elusión fiscal, los privilegios fiscales a las grandes corporaciones y riquezas, la ineficiencia de las políticas públicas y la poca transparencia en la ejecución de los presupuestos destinados a la educación son algunas de las causas que señalan las organizaciones por las cuales se explica la crítica situación del sistema.
“No basta recaudar bien sino que es necesario invertir adecuadamente. No se puede hablar de justicia fiscal ni de ningún tipo de justicia fuera del ecosistema de los derechos humanos, porque es ahí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias”, dijo en su presentación Vernor Muñoz, miembro de la Campaña Mundial por la Educación durante el encuentro realizado en Santiago de Chile por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC).
El evento se realizó con el objetivo de promover una campaña regional que posicione a la justicia fiscal como eje fundamental para garantizar el derecho a la educación.
En particular, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, que fueron utilizados como casos de estudio, no cumplen con el compromiso de asignar el 6% de su PBI a la educación.
Dentro de ese universo, Argentina se destaca por ser el que más dinero destina al sector, a pesar de que solo alcanzó dicha meta del 6% de su PBI en 2015.
Estudiantes preuniversitarios debatieron sobre la educación actual en argentina
Desde 2016 se contrajo hasta llegar en 2019 al 4,8%, exhibiendo un aumento real de la inversión en educación del 19% de su presupuesto en el año 2021 respecto al año anterior.
En cuanto a los valores alcanzados por el resto de los países, Colombia destinó, en los últimos años, un 4,5% de su PBI, Guatemala bajó a un 3% en 2021, Paraguay a un 3,3% en los últimos 5 años, Perú mostró una tendencia positiva en los últimos 7 años llegando un 4,25% y República Dominicana a 3,75% (entre 2015 y 2021, y solo en 2020 ascendió a 4,52%).
Las propuestas
Para revertir este panorama, los especialistas afirmaron que la clave está en atacar la evasión y elusión fiscal que es un mal que atraviesa a toda la región y avanzar en reformas tributarias progresivas.
En esa línea, Dereje Alemayehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal, GATJ, exigió establecer una alianza contra los flujos financieros ilícitos que se llevan los recursos de un país a otro.
Por su parte, Mariana Huepe, de la CEPAL, hizo hincapié en la necesidad de derribar el mito respecto a que más impuestos atentan contra el crecimiento económico y generan desempleo.
"Cuando la OCDE tenía un nivel de ingreso per cápita similar al que tenía AL en 2014, ya tenía una carga tributaria mayor que la región. Se suele escuchar que si se suben los impuestos se va a perjudicar el crecimiento económico y claramente aquí se ve que no. La OCDE en 1965 tenía una carga tributaria cercana al 25% y a medida que va creciendo, va aumentando su carga tributaria. Es decir que esta relación negativa entre carga tributaria y crecimiento no se sostiene", explicó.
Ministros de Educación se reunieron para debatir sobre los desafíos de la educación argentina
Asimismo, la mayoría de los expositores coincidieron en que sus países cuentan con sistemas tributarios regresivos que imposibilitan el cumplimiento de la meta planteada sobre la asignación del 6% del PBI de sus países a Educación.
En los casos de Argentina y Colombia, coincidieron en que, en un contexto de profundas desigualdades, es necesario invertir el 8% del PBI para contar con las ofertas educativas, la infraestructura escolar, la conectividad, las becas para quienes lo requieran y los equipos docentes necesarios para garantizar el derecho a la educación.
Entre las propuestas regionales discutidas, se planteó la necesidad de contar con transparencia de la información como un elemento clave para avanzar en la justicia fiscal.
LD / Gi
