El Ministerio de Economía presentó una nueva plataforma digital destinada a centralizar toda la información vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta que busca ofrecer datos oficiales y actualizados sobre el estado de los proyectos que buscan acceder a los beneficios contemplados en el esquema impulsado por el Gobierno.
A través de un mapa interactivo, el sitio permite conocer la ubicación, características y nivel de avance de cada iniciativa aprobada, además de información sobre las empresas responsables, los montos comprometidos y la cantidad de empleos asociados. Para los proyectos que aún se encuentran bajo evaluación, la plataforma exhibe estadísticas agregadas sobre inversiones y puestos de trabajo previstos.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que la puesta en marcha de esta plataforma apunta a reforzar la transparencia y facilitar el acceso público a la información sobre el avance de las inversiones, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar al RIGI como uno de los principales instrumentos para impulsar el crecimiento de las exportaciones, la generación de empleo y la llegada de capitales al país.
Según los datos difundidos por Economía, actualmente existen 16 proyectos aprobados que comprometen inversiones por US$ 29.892 millones y prevén la generación de 54.495 empleos directos e indirectos. A ellos se suman otros 25 proyectos en análisis, con desembolsos proyectados por US$ 111.037 millones y un impacto estimado de 142.168 puestos de trabajo.
De esta manera, el universo total vinculado al RIGI alcanza las 41 iniciativas, con inversiones superiores a los US$ 140.000 millones y un potencial cercano a los 197.000 empleos. Los proyectos se concentran principalmente en sectores considerados estratégicos para la economía argentina, como petróleo y gas, energía, minería, infraestructura y energías renovables.
Qué es el RIGI y cuáles son los requisitos para adherirse
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue creado a través de la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, con el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico del país. El esquema ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de un marco de estabilidad jurídica destinado a brindar previsibilidad a proyectos de largo plazo.
El régimen está dirigido a iniciativas vinculadas con energía, petróleo y gas, minería, infraestructura, tecnología, forestoindustria, turismo y siderurgia, entre otras actividades. Según el Gobierno, la meta es impulsar la llegada de capitales nacionales y extranjeros, incrementar las exportaciones y promover la creación de empleo.
Para acceder a los beneficios, las empresas deben presentar un plan de inversión que cumpla determinados requisitos. El monto mínimo general es de US$ 200 millones, aunque la reglamentación puede establecer exigencias superiores para algunos sectores. Además, los proyectos deben concretar al menos el 40% de la inversión comprometida durante los primeros dos años —con excepciones previstas por la normativa— y demostrar su carácter de largo plazo.
Entre las condiciones también figura el compromiso de destinar al menos el 20% de la inversión a proveedores vinculados con el proyecto, así como mantener los activos afectados y someterse a mecanismos de seguimiento y control por parte de la autoridad de aplicación.
El régimen cuenta con un plazo de adhesión de dos años desde la entrada en vigencia de la ley, con la posibilidad de una prórroga adicional de un año.
Los 16 proyectos que ya fueron aprobados
De los 41 proyectos que actualmente integran el universo del RIGI, 16 ya cuentan con aprobación formal por parte del Gobierno. En conjunto representan inversiones por US$ 29.892 millones y la creación estimada de 54.495 empleos directos e indirectos.
La mayor apuesta corresponde a Río Negro, donde se aprobaron dos iniciativas vinculadas al sector energético. Por un lado, el proyecto de licuefacción de gas natural de Southern Energy, con inversiones previstas por US$ 15.156 millones para la producción y exportación de gas natural licuado (GNL). Por otro, el proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), que demandará US$ 2.900 millones para ampliar la capacidad de transporte y exportación de petróleo.
La minería concentra buena parte de los emprendimientos autorizados. En San Juan fueron aprobados Los Azules, un proyecto de cobre con inversiones por US$ 2.672 millones; Carbonatos Profundos (DCP), destinado a la explotación aurífera con US$ 665 millones; y la ampliación de las fases 8 y 9 del sistema de lixiviación de Veladero, por US$ 436 millones.
También sobresalen los proyectos de litio. En Salta fue autorizado Rincón, con una inversión prevista de US$ 2.744 millones, mientras que en Jujuy se aprobó la ampliación de Cauchari Olaroz por US$ 1.241 millones. En Catamarca avanzan Hombre Muerto Oeste (US$ 292 millones) y la expansión de Minera del Altiplano (US$ 531 millones). Además, Diablillos, un proyecto de oro y plata compartido entre Salta y Catamarca, contempla desembolsos por US$ 764 millones.
Mendoza suma dos iniciativas de peso: el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, con inversiones por US$ 891 millones, y el parque solar El Quemado, por US$ 211 millones, que se convirtió en el primer emprendimiento aprobado y en operación bajo el régimen.
La provincia de Buenos Aires reúne proyectos vinculados tanto a la industria como a las energías renovables. Allí se destacan el Proyecto Siderúrgico Argentino de Sidersa, que prevé la construcción de la primera acería levantada en el país en más de medio siglo con una inversión de US$ 286 millones, y el Parque Eólico Olavarría, por US$ 276 millones.
La infraestructura también tiene presencia dentro del esquema. En Santa Fe fue autorizada la Terminal Multipropósito Timbúes, una inversión de US$ 277 millones destinada a fortalecer la logística de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Por su parte, La Pampa alberga la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, una obra de US$ 550 millones que permitirá incrementar el transporte de gas natural y reducir las necesidades de importación energética.
FN
