La quita de subsidios a las empresas será de un 30% según el Presupuesto 2017, casi $ 60 mil millones menos que el año pasado. Ahí se computan, principalmente, las tarifas energéticas que se discuten en audiencia pública.
“El Presupuesto está armado con una reasignación de subsidios consistente con la propuesta de reacomodamiento tarifario que hizo el ministro Juan José Aranguren”, explicó Luciano Laspina, diputado nacional por el PRO y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
“Esperaremos el proceso y después veremos cuánto hay que asignar finalmente en el Presupuesto. Hay un fallo de la Corte Suprema que planteó la necesidad de recorte de subsidios a los sectores más ricos. Ya teníamos la tarifa social y ahora nos tenemos que ajustar a ese fallo”.
En ese marco, el texto de la “ley de leyes” asegura que se mantienen los subsidios sociales. En promedio, las “transferencias al sector privado” caen 7,1% y representan $ 317.500 millones. Pero para las familias suben 24% por las “asistencias y subsidios indirectos, especialmente en materia de transporte, energía y gas, que se traducen en menores tarifas para los usuarios”. Suman $ 174.196 millones.
En cambio, las transferencias a las empresas privadas caen 31,4%, en el marco de la “reasignación de subsidios y una reestructuración del sistema de precios”. Así, los subsidios pasan de $ 185.386 millones en 2016 a $ 127.112 millones en 2017.
“La política de precios artificialmente bajos para el consumo de energía había generado un gran aumento en el consumo y una caída en la producción. Con la reasignación de subsidios y la reestructuración del sistema de precios se apunta a que reciban los subsidios quienes no pueden pagar por el servicio, a brindar estímulo a la inversión en generación y distribución de energía y alentar el ahorro de energía”, sostiene el texto del Presupuesto que detalla que hay 3,2 millones de hogares que reciben la tarifa social de electricidad y 3,9 millones tienen acceso a la de gas.