“Eso no va a salir nunca”, dice con seguridad un connotado lobbista al ser consultado sobre qué opina de los tres proyectos de ley que hoy tienen estado parlamentario en el Congreso para regular el trabajo de gente como él: representantes de terceros que influyen en funcionarios púbicos para moldear legislaciones o decisiones de la esfera pública.
En las iniciativas de Margarita Stolbizer (GEN), Ana Carla Carrizo (UCR-Cambiemos) y Mario Negri (UCR-Cambiemos) se toman las bases de un proyecto anterior que naufragó del ex legislador Manuel Garrido y el hoy embajador en Estados Unidos, Martín Lousteau. Si se convirtieran en ley, en resumen, la regulación que busca transparentar el vínculo de lobbistas con los “grupos de interés o presión” (empresas, cámaras, asociaciones profesionales) se daría así:
◆ Habría un Registro de Audiencias de Gestión de Intereses.
◆ Se confeccionaría también un Registro de Gestores de Intereses.
◆ Según algunas propuestas, debería haber una Defensoría de Voces para difundir los encuentros.
◆ Debería haber informes periódicos desde el Estado sobre qué reuniones tuvo cada representante del sector público con enviados de los “grupos de interés”.
◆ Los lobbistas (cuesta imaginarlos) deberían circular por los pasillos del sector público con identificaciones visibles con datos personales.
◆ Los lobbistas deberían cumplir ciertos estándares éticos, guardar secretos y no tener muchas de las inhabilitaciones que corren para los funcionarios públicos.
◆ Hay sanciones en casos de incumplimiento, con multas de hasta un millón de pesos.
Inspiración. El espejo es la normativa de Estados Unidos, la Federal Regulation of Lobbying Act 2, pero también la ley chilena que desde 2014 establece reglas para esta actividad. “Es necesario regular la gestión de intereses”, dijo hace unos meses Adrián Werthein, al frente del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción.
Los fundamentos de los proyectos que hoy esperan impulso oficial en el Parlamento hablan de que es una “actividad legítima”, pero también de que “practicada en condiciones de poca transparencia puede dar lugar a delitos de corrupción”. Un caso testigo es la versión Netflix de Remy Danton, el “cabildero” que representa a una compañía que hace valer su peso hasta en la mismísima Casa Blanca, según House of Cards.
Junto a este trío de proyectos hay otra iniciativa, que encabeza Victoria Donda, que propone modificar el delito de tráfico de influencias en el Código Penal y separarlo del de cohecho.
En Chile registran los regalos
En noviembre de 2014 se sancionó en Chile la ley 20.730 que “regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios de la administración del Estado”, según cuenta Rafael Mery Nieto, autor del sello editorial Thomson Reuters La Ley, ante la consulta de PERFIL. El experto detalla que, como en las propuestas argentinas, se deben registrar las audiencias y reuniones, con deberes y obligaciones para los lobbistas y los funcionarios. Se establece que la Secretaría General de la Presidencia debería llevar un control semestral de lo que van informando los lobbistas. Y un rasgo que no está presente en los proyectos hasta ahora presentados en nuestro país es que debe haber también un “registro de donaciones, regalos y viajes”. Debe señalarse “su objeto, el costo total y quién lo financió”.
Habrá lobbistas con carnet si salen las leyes para regularlos
Tres proyectos (dos del oficialismo) crean registros de “gestores de intereses” para hacer público con quién se reúnen los funcionarios. Los casos de Chile y EE.UU.
