Jubilados y Pensionados: los cuatro posibles escenarios si se suspende la fórmula de movilidad
La Oficina de Presupuesto del Congreso planteó cuatro caminos posibles a seguir por el gobierno de Milei en caso de aprobarse la Ley Ómnibus y modificarse la Movilidad de las Prestaciones Previsionales.
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Agencia Shutterstock
El proyecto de Ley Ómnibus, enviado por el presidente Javier Milei y que se encuentra en plena discusión en el Congreso, tiene entre sus objetivos la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria actual, dejándole al Gobierno Nacional la facultad de aumentar por decreto según los porcentajes y plazos que les parezca acordes. Esto, mientras desde el Ejecutivo se busca una reforma de índice referido a la Seguridad Social.
En ese marco, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) elaboró un informe con cuatro escenarios posibles sobre el futuro de las jubilaciones en el caso de que, finalmente, la iniciativa tenga el visto bueno.
De un extremo, que no se otorguen incrementos de ningún tipo, con todo lo que eso conlleva, como una situación superavitaria por parte de ANSES, y, del otro, que todos los haberes crezcan porcentualmente por arriba de la inflación, con los efectos que esto podría tener en el déficit fiscal.
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El primer escenario de la OPC se fundamenta en la noción de "tratamiento igualitario" y conlleva la decisión de no aplicar incrementos a los ingresos ni a las asignaciones familiares, así como la omisión de otorgar bonos, independientemente del monto del haber percibido por cada beneficiario en particular
Al mantener constantes la cantidad de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, junto con sus ingresos y/o montos respectivos, las prestaciones de la Seguridad Social (compuestas por las jubilaciones y pensiones) pasarían de representar el 6% del PBI a simbolizar el 4,5% del PBI, mientras que las transferencias corrientes y de capital (entre las cuales las asignaciones familiares son el 44% y los bonos el 30%) pasarían del 2% al 11%.
En este escenario, el estado de situación financiera de la ANSES pasaría de un déficit de 0,3% del PBI a un superávit de 2,2% del PBI, aunque, en el proceso, esto se traduzca en una fuerte pérdida de poder adquisitivo, del orden del 69,9%, sin importar el haber.
De acuerdo con el informe, esto llevaría a que la mitad de los beneficiarios caigan en la indigencia y un 33% se sitúe por debajo de la línea de pobreza.
Escenario 2: incrementos sólo para haberes mínimos y asignaciones
El segundo caso descripto se basa en el concepto de priorización de quiénes perciben menores ingresos, al recalcular cada mes el haber mínimo, garantizando que esté ajustado por la inflación general. De esta forma, se otorgará aumentos sólo a aquellos que se encuentran percibiendo un haber inferior al nuevo mínimo garantizado.
También implica un reajuste de todas las asignaciones familiares en línea con el aumento de precios mensual y no prevé el otorgamiento de bonos.
Para la OPC este escenario implicaría un “achatamiento de la distribución de los haberes previsionales, ya que solo recibirían incrementos quienes se encuentran en la situación más desfavorable (haberes por debajo del nuevo mínimo garantizado mensual ajustado por inflación) en el primer mes, sumándose en el mes siguiente aquellos que, al no haber recibido un aumento el mes anterior, se encuentran ahora percibiendo haberes por debajo del haber mínimo ajustado, y así sucesivamente”.
Además, significaría una reducción de un punto porcentual en términos del PBI (pasaría de 6% a 5%) de las prestaciones de la Seguridad Social y una reducción de 0,5 puntos porcentuales de las transferencias corrientes. De mantenerse las restantes variables constantes, estas variaciones teóricas redundarían en un superávit de la ANSES del 1,2% del PBI.
Los beneficiarios del haber mínimo no tendrían pérdida de poder adquisitivo, mientras que los que reciban valores equivalentes a tres o más haberes mínimos el primer mes sufrirían una pérdida del 69,9%.
Escenario 3: incrementos en función de recursos de la ANSES, con la sostenibilidad financiera de la entidad como objetivo primario
La tercer hipótesis planteada implicaría otorgar aumentos hasta un máximo equivalente a los ingresos que recibe el organismo por todo concepto. Este puede presentar, a su vez, dos alternativas: aumentos igualitarios entre todos los beneficiarios o priorización de quienes perciben menores ingresos.
En este escenario, las asignaciones de la Seguridad Social experimentarían un incremento de 0,2 puntos porcentuales con respecto a la fórmula actual. Sin embargo, al no otorgarse bonos complementarios, las transferencias corrientes sufrirían una disminución de 0,5 puntos porcentuales, logrando así la eliminación del déficit actual del 0,3% del PBI.
En el escenario de igualdad de tratamiento, la disminución del poder adquisitivo alcanzaría el 19% durante un año para todos los beneficios, derivado de aumentos mensuales que oscilarían entre el 1% y el 3% por debajo del índice de precios.
En cuanto a la opción de priorizar a los ingresos más bajos, estos se mantendrían sin cambios, resultando en una pérdida del 40,1% para los demás beneficiarios.
En esta situación, el porcentaje de beneficiarios que recibiría el beneficio mínimo ascendería al 57,2% de los jubilados y pensionados, perpetuando la tendencia de mantener los beneficios en niveles más bajos.
Escenario 4: incrementos generalizados en función del IPC
En el último de los planteos todos los haberes previsionales y las asignaciones familiares, independientemente de su monto inicial, se incrementarían mensualmente al igual que los precios.
Las prestaciones de la Seguridad Social deberían experimentar un aumento de 1 punto porcentual en relación con el Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, al no entregarse bonos, las transferencias corrientes sufrirían una disminución de 0,5 puntos porcentuales. En consecuencia, el déficit actual del 0,3% se ampliaría, llegando a alcanzar el 0,8% del PBI.
“Si bien ello implicaría un mayor gasto para la Administración Pública Nacional, ningún beneficiario del sistema previsional nacional perdería poder adquisitivo, independientemente de su nivel de ingresos”, concluyó el informe.
¿Cómo es la situación actual con la fórmula vigente?
Cabe remarcar que, en el presente, el haber mínimo es de $105.712, número que, según argumentó la OPC en el documento, "hasta julio de 2022" contó con una evolución "relativamente similar" al de los precios, aunque "comenzando a identificarse un desacople entre ambos a partir de dicha fecha".
De esta manera, se empezó a vislumbrar una brecha cada vez más predominante entre el índice de movilidad previsional de la Administración Nacional de Seguridad Social y la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, que fue compensado con distintos bonos no remunerativos.
Sin embargo, según estadísticas de la ANSES, solo el 48,6% de los jubilados y pensionados del régimen general, quiénes perciben el haber mínimo o montos cercanos a éste, han recibido algún tipo de adicional, por lo que más de la mitad de los beneficiarios han visto reducidos sus haberes mensuales al compararlos con la variación de precios.
En este sentido, el escrito resaltó: "La pérdida en el valor de compra de los haberes previsionales es consecuencia de la propia dinámica inflacionaria, dada la base de referencia de los indicadores que componen la fórmula de movilidad vigente".
Esto es algo que el propio presidente Javier Milei ha remarcado, por mencionar, en su video de fin de año. "Si nosotros dejamos la formula actual, como consecuencia de la aceleración inflacionaria que está viviendo la Argentina, las jubilaciones perderían cerca de dos puntos en términos de PBI”, sostuvo.
