Este miércoles 3 de agosto comienza una nueva etapa para el Gobierno Nacional. El superministro Sergio Tomás Massa asumirá la cartera tripartita y acepta el desafío de reencauzar la economía local para lo que según los economistas, necesitará de medidas urgentes y profundas para lograr una buena gestión.
Los desafíos para Massa serán múltiples. Tal vez lo más importante será la política antiinflacionaria, que no ha dado resultado en estos años de gestión del Frente de Todos y ya supera umbrales muy peligrosos. El ministro tendrá que desarrollar un plan integral que tenga en su centro el combate a la inflación, anclar las expectativas del mercado y hacerse cargo de la herencia que recibe este miércoles en el Palacio de Hacienda.
La deuda en pesos
Una disparada de los dólares libres que comenzó el pasado 8 de junio con el sell off de deuda del Tesoro, cuando todavía fungía Martín Guzmán, llevó al mercado a bajar de hecho la calificación como deudor. Hasta allí los instrumentos CER y tasa fija en cortos que emitía el gobierno estaban siendo utilizados como cobertura por muchos inversores de perfil moderado-conservador. Sin embargo, la venta masiva de títulos en ese mes generó un enorme desgaste sobre el final de la gestión de Guzmán. La situación se subsanó con una fuerte intervención del Banco Central.
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A dos meses de esa corrida cambiaria que marcó la escalada del dólar a precios históricos, en términos de precios, la deuda en moneda local logró acomodarse, e incluso, gran parte de los títulos a vencer antes de los comicios generales de 2023 volvieron a rendir negativo. Esto se produjo a costa de una enorme emisión que el BCRA tuvo extirpar con Leliqs y Pases.
¿Cuál es el gran problema?
Según estima Bloomberg Línea, el mayor inconveniente para Massa en este tema subyace en el fuerte perfil de vencimientos acumulados entre 2022 y 2023, mientras que el mercado empieza a negarse a financiar al Gobierno más allá de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo año.
¿Qué pasa con el stock y el tipo de deuda?
Según estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI), con base a los saldos a valor técnico, un 78,1% de la deuda en pesos está indexada por inflación, lo que la hace inlicuable, y un 6% se ajusta de acuerdo a la variación del dólar oficial, por lo que también hay preocupación en este aspecto.
Según el mencionado medio, lo que reduce el riesgo en este contexto es que el principal prestamista el Gobierno es el propio Estado, a través de organismos oficiales como la ANSES, lo que posiblemente podría frenar una potencial corrida contra los títulos.
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Perfil de vencimientos
De acuerdo con el último boletín de deuda publicado por la Secretaría de Finanzas, al sexto mes del año los pasivos en pesos del Estado argentino equivalían a unos US$ 120.334,4 millones, es decir, un 32% de la deuda bruta total. Este número se habría ampliado con seguridad en julio, ya que el Gobierno obtuvo un endeudamiento extra gracias a las licitaciones que logró.
Sin embargo, para conseguir financiamiento en el mercado, el Gobierno tuvo que subir las tasas, en la última licitación la Lede pagó 70% de TNA, y sigue ofreciendo menús con un peso preponderante de la deuda indexada por inflación.
A esto se suma otro inconveniente: los plazos de financiamiento son muy cortos y están acumulados en su gran mayoría de cara al 2023, mientras que el mercado parece cada vez menos interesado en prestar más allá de las elecciones del próximo año, como se mencionó anteriormente.
Deuda interestado
Una de las dudas que invaden al nuevo ministro de Economía es si tendrá que afrontar una corrida como la que terminó con Guzmán. En principio, el riesgo no es alto por los tenedores de bonos. Aurum Valores, citado por Bloomberg Línea, estimó que un 55% de la deuda en pesos que vence en 2022 está en poder del Estado. Es decir, ANSES, Banco Central y otros organismos. “A fin de junio era 51% en manos del Estado”, señaló Pablo Repetto, economista de la compañía.
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Un detalle a tener en cuenta es que, en el caso de la crisis de deuda que enfrentó Guzmán en junio, el gatillo de la venta masiva llegó por el lado estatal, cuando la empresa pública de energía Enarsa rescató unos $10.000 millones del Fondo Común de Inversión del Banco Nación para ejecutar un pago. En este punto, será clave la coordinación de Sergio Tomás Massa para que este tipo de cuestiones no sucedan de nuevo.
El Gobierno tiene claro que emitir para afrontar el déficit fiscal no es una opción, al menos no en la proporción en la que lo hizo en 2020 y en 2021 y menos en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta es la razón por la que el BCRA desde el año pasado está adaptando medidas a favor de que los bancos desarmen Pases y Leliq y favorezcan los préstamos al Tesoro. La decisión no es gratuita en términos de expansión, puesto que la liquidez bancaria pasa de estar absorbida a estar en la calle, dado que financia el gasto público.
SE / LR
